Francisco Guardiola dejará de ser interventor del Ayuntamiento de Alicante el próximo 7 de enero y volverá a su anterior puesto de tesorero. Así consta en el decreto del concejal de Hacienda Juan Seva que ha provocado la furibunda reacción de los grupos de la oposición e incluso del Colegio de Secretarios e Interventores de la Provincia. El PSOE acusa de "limpieza étnica" a la alcaldesa, EU califica el cese de "improcedente y no justificado" y UPyD compara el Ayuntamiento con una "república bananera". Por el PP Juan Seva justifica la medida en aras de dar "mayor agilidad" a la actividad municipal.

El Colegio de Secretarios e Interventores denuncia, en un comunicado, que decisiones como el cese del interventor "comprometen los principios de objetividad e independencia" y añade que esperan que los últimos informes del interventor "contrarios a las decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno, no haya tenido relación con su cese, porque sería muy grave". El colegio profesional lamenta estas "presiones de diversa índole" que vienen sufriendo secretarios, interventores y tesoreros "también en otros Ayuntamientos", que "dificultan su labor profesional".

Aunque el decreto lo firma Juan Seva, PSOE y EU dan por hecho que la decisión es de Sonia Castedo y centran sus ataques en la alcaldesa. Todos los grupos advierten que la medida se toma en vísperas de dos asuntos fundamentales como son el presupuesto municipal y el concurso de la contrata de la basura.

Gabriel Echávarri, secretario local socialista acusa a la alcaldesa de "ejecutar una limpieza étnica de todo profesional independiente que busca la transparencia", y le exige explicaciones. Echávarri lo compara con lo sucedido en Urbanismo "cuando apartó a los técnicos que no querían plegarse a sus deseos ni a los de Ortiz". El PSOE exigirá "explicaciones" por el cese "de la persona que en los últimos meses ha dejado claro en sus escritos la delicada situación económica municipal". Echávarri afirma que "baraja la posibilidad de acciones legales por las irregularidades en la gestión de las cuentas públicas".

Por EU, Miguel Ángel Pavón denuncia la ocultación del decreto de cese del interventor, y acusa a la primera edil de "querer destituir a toda persona que ponga reparos a los expedientes municipales". El portavoz de EU recalca que Guardiola "estaba desarrollando su labor de forma objetiva poniendo de manifiesto en sus informes reparos que estaba en su obligación de hacer constar".

Por su parte, Fernando Llopis, de UPyD, centra sus ataques en el PP, califica de "siniestra" la actuación del gobierno municipal en los últimos días, con este cese, el derribo de los tinglados de Renfe y "los pagos adicionales Enrique Ortiz", y destaca que el interventor es el único que "ha puesto reparos al PP".

El edil de Hacienda responde a estas críticas y afirma que Francisco Guardiola será sustituido provisionalmente por el jefe del servicio de Intervención, Joaquín Oltra. Juan Seva rechaza categóricamente que el cese se deba a represalias por los reparos en sus informes y lo justifica para "agilizar la actividad municipal", y cita al respecto, "como ejemplo", que expedientes tan importantes como el plan económico financiero municipal se ha tenido que tramitar por urgencia porque "lo informó apenas unos días antes de que expirara el plazo para presentarlo a la Generalitat". El concejal del PP insiste en que "entendemos que era necesario un cambio porque los informes de Intervención tenían problemas de agilidad" y recuerda que el interventor "es un cargo de libre designación". Seva explica que el servicio de Intervención se va a ampliar con un técnico de la Gerencia de Urbanismo, que se disuelve el 1 de enero.

Francisco Guardiola fue designado interventor en 2005 por el entonces alcalde Díaz Alperi, dejando su puesto de tesorero al que ahora vuelve. Su sustituto, Joaquín Oltra, asume el cargo de forma provisional, al no ser habilitado nacional.