La parálisis financiera que sufre el Consell ha dejado plantadas a unas 30.000 familias alicantinas (50.000 en toda la Comunidad Valenciana) que compraron una VPO y se han quedado sin las ayudas del "cheque-vivienda", pese a tenerlo aprobado en un 80% de los casos. Una subvención de entre 11.000 y 13.000 euros de media que la Conselleria de Infraestructuras no paga desde marzo de 2009, y que no tiene solución a medio plazo. De hecho, los 5 millones de euros consignados en los presupuestos de Vivienda para 2013 nacen ya como "papel mojado", según denunciaron ayer desde la Plataforma de Afectados de la Comunidad.
Un grupo de afectados presentó cerca de 200 quejas ante el Síndic de Greuges de Alicante, al que pidieron amparo, ya que a los impagos se unen situaciones precarias como el que muchos de los que compraron hoy están en paro, o apretados por los bancos que les adelantaron el importe de la ayuda confiando en el aval de un Consell que no responde. De hecho, desde la plataforma interpretaron ayer los cinco millones consignados para el año que viene un "un intento de tranquilizar a los cobros que reclaman el importe de lo que prestaron".
Muchas de las familias se ven obligadas a refinanciar los anticipos. Los afectados son en su mayoría personas de entre 30 y 40 años, parejas con hijos pequeños, así como jóvenes y personas mayores sin recursos, según la plataforma.
