Un alivio económico para uno y una carga más para el otro. Los miles de despidos que está acometiendo desde hace meses la Generalitat Valenciana para reducir sus gastos y, de paso, tratar de alcanzar el objetivo de déficit empiezan a pesar en la espalda del Gobierno central. De acuerdo con los cálculos que ha realizado CC. OO. en l'Alacantí-les Marines, la criba de personal en el sector público empresarial y fundacional del Consell tendrá un impacto de hasta 123 millones en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La ecuación es clara.
Los alrededor de 4.300 empleados que han sido o serán despedidos acarrearán cada uno un gasto de 28.800 euros para las arcas estatales, de acuerdo con los datos del sindicato. Esa cifra se obtiene considerando que los trabajadores agoten los 24 meses de prestación por desempleo y teniendo en cuenta que "la gran mayoría de ellos" tiene una antigüedad considerable, "además de poseer cotizaciones de calidad", en palabras de su secretario de Comunicación, Salvador Roig.
El sindicato ha realizado estos números a raíz de la información que publicó este diario el pasado 4 de noviembre y en la que dio a conocer el impacto económico que tendrán los despidos para la Generalitat. En sus cuentas de 2013 ha presupuestado 275,6 millones para abonar los salarios de los trabajadores de sus empresas y fundaciones. Para este ejercicio, la cifra ascendía hasta los 388 millones. Es decir, que de un periodo a otro, el guarismo se ha reducido en 112 millones debido a la criba de personal.
Más costes
Esa cifra, sin embargo, es inferior a la que tendrá que afrontar el Gobierno central para abonar sus prestaciones por desempleo, según las estimaciones del sindicato. Y a ella se unen las indemnizaciones millonarias que deberá afrontar el Gobierno autonómico y, además, el gasto que ha tenido que asumir la Generalitat para tratar de recolocar a los empleados que se quedarán en la calle.
Un ejemplo claro es el de Radio Televisión Valenciana (RTVV). El ente público ha sacado a concurso un contrato por 579.832 euros para que una mercantil externa elabore un plan para orientar e intentar buscar una salida profesional a las 1.198 personas que han perdido su empleo. El Estatuto de los Trabajadores es claro y tajante: "La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de 50 trabajadores deberá ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas", reza la normativa.
Y RTVV no es la única firma pública del Consell en la que se han acometido o se acometerán Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) con más de 50 afectados. Ni mucho menos. En Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) también se producirá un recorte de personal considerable. La Generalitat está ultimando un expediente que, de acuerdo con los datos de los sindicatos, podría dejar en la calle a medio millar de los 1.800 empleados de la empresa. La plantilla no se ha quedado de brazos cruzados. Durante los últimos días ha celebrado varias jornadas de huelga para expresar su oposición frontal al "desmantelamiento" de la firma que se encarga de gestionar el Tram de Alicante, entre otros cometidos.
En Valenciana de Aprovechamiento Energético de Recursos (Vaersa), todavía no se ha presentado tampoco el ERE, pero está al caer. La consultora Deloitte está ultimando la letra pequeña. Las estimaciones son que 300 personas se quedarán sin trabajo. En el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ya se han despedido a 199 personas -el 60% de la plantilla-; en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias se han extinguido 141 puestos de trabajo; y en Ciegsa, la mercantil encargada de construir colegios e institutos en la Comunidad, 56 trabajadores vieron cómo se esfumaba su empleo. En todas estas firmas, el Consell ha tenido que elaborar planes de recolocación, con el consiguiente gasto.
El adelgazamiento del sector público empresarial y fundacional va más allá. Mucho más allá. Se han liquidado fundaciones y firmas y se ha minorado la plantilla en la práctica totalidad de las mercantiles dependientes de la Generalitat.
"El Consell va a asestar un golpe de muerte a los servicios públicos"
El secretario de Comunicación de CC. OO. en l'Alacantí-les Marines, Salvador Roig, criticó ayer con dureza los ajustes de personal que está acometiendo la Generalitat en los últimos meses. "El Consell va a asestar un golpe de muerte a los servicios públicos. Además, está adoptando una posición incongruente, puesto que por un lado se llena la boca diciendo que incentiva las políticas de empleo, pero por otro no deja de aplicar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en sus empresas públicas", denunció.
El responsable sindical señaló que el impacto en la prestación de servicios "será considerable" y exigió que se depuren responsabilidades a más alto nivel. "Ahora se están desmantelando empresas y fundaciones que entiendo que se crearon porque eran necesarias. Si no lo han sido, alguien tendría que asumir sus errores", prosiguió.
Aunque sin duda, lo peor de todo el proceso son las miles de personas que, en plena crisis, se quedarán sin trabajo. "El impacto social será brutal. En épocas como esta es el sector público el que tiene que tirar del carro del empleo, pero la Generalitat hace todo lo contrario. Es de una torpeza brutal", concluyó.
