El informe del interventor del Estado encargado por el juzgado que investigaba antes de pasar al TSJ el caso Cooperación advierte de que la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, dejó perder 1,8 millones de euros de dinero público con sólo una ONG. El documento confirma el desvío de las ayudas a Nicaragua para comprar pisos en Valencia y que solo llegó al país centroamericano el 2,57% de los fondos percibidos por Cyes. El análisis constata la comisión de numerosas irregularidades. El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia solicitó otros informes sobre la trama a la intervención general del Estado que todavía no están incluídos dentro del sumario.
El documento en poder de INFORMACIÓN fue encargado hace un año y está fechado el 15 de octubre. Además ha salido a la luz tras el levantamiento del secreto de sumario decretado el jueves por la magistrada Pía Calderón. El objeto del informe era realizar un análisis de la legalidad de las adjudicaciones de la Conselleria de Bienestar Social a la ONG Cyes, no la constructora, y la justificación del gasto realizado por la misma. Cyes solicitó y obtuvo cinco subvenciones de la Conselleria de Solidad por un importe total de 1.827.840 euros correspondientes a proyectos por importe de 2.284.800 euros. Dos de las iniciativas eran para actuaciones en Nicaragua y otros tres para actividades de sensibilización social.
El interventor del Estado advierte a la juez de que la entidad conocida como Cyes «claramente no acredita reunir, al menos, el requisito contemplado en la primera base de la convocatoria de experiencia en el país y en el sector destinatario. La norma resulta lo suficientemente nítida para que no procedan los razonamientos interpretativos que justifiquen su admisión».
El documento recoge que de los 1,8 millones de los proyectos en Nicaragua, Cyes transfirió 43.000 euros al país centroamericano (el 2,57%) del total de la subvención. El interventor apunta que la ONG empleó el resto del dinero público a la adquisición y reforma de cuatro inmuebles sin que conste en las memorias y vulnerando los requisitos de la ley. Además, el interventor del Estado revela el pago de facturas expedidas por una sociedad denominada Arcmed por importe de 456.960 euros. Esta mercantil pertenece al entorno del empresario preso Augusto César Tauroni y es la impulsora de la Fundación Hemisferio. «Dichos servicios se adjudican ilegalmente vulnerando la ley de Subvenciones. Dicha sociedad carecía de actividad hasta la fecha, así como de personal contratado y de la información fiscal disponible. No ha subcontratado con ningún profesional la realización de la actividad, hecho que por otra parte resultaría ilegal. La cuantía resulta en cualquier caso totalmente desproporcionada en relación con el coste intervenido en Nicaragua», recoge el informe.
El perito añade que «otro gasto significativo con fondos públicos es el pago a otra sociedad de reciente creación -Acip S.L.- formada por el presidente de Cyes y su entorno familiar, incumpliendo la ley. Los pagos se han efectuado por conceptos de «Asesoramiento y consultoría para la planificación, gestión y ejecución de las actividades desarrolladas por Cyes». El documento sostiene que los responsables de la Conselleria de Solidaridad, vulneraron de modo generalizado la normativa estatal y autonómica de justificación de subvenciones al admitir como justificantes facturas sin vinculación directa con el proyecto y sin respaldo de pago. El interventor incide en que no tiene ninguna duda de que los inmuebles de Valencia fueron pagados con los fondos entregados por la Generalitat para Nicaragua. Por ello, el documento concluye que la actuación de los responsables de la conselleria ocasionó «un perjuicio a la Generalitat».
El informe del interventor del Estado encargado por la juez que abrió la investigación por la trama de ONG también revela que en los registros realizados la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales en la sede de la fundación Cyes, que no la empresa constructora, los agentes judiciales se incautaron de «documentación interna de la Conselleria de Solidaridad».
Una de las entidades de la red tenía la denuncia del PSPV
El interventor del Estado apunta que en en los despachos de la ONG Cyes, no la constructora, hallaron la denuncia que formuló la diputada del PSPV Clara Tirado ante el fiscal Anticorrupción y que es la base de toda la investigación sobre esta parte de la causa. Es curioso que una ONG tuviera en su poder este documento confidencial. El interventor hace inventario en su informe de que la policía encontró «un documento de una empresa privada a la que la Consellería recurrió previamente a las alegaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas. También el acta no firmada ya citada con un texto diferente al finalmente aprobado, así como diversos correos para una solución alternativa a la justificación de la adquisición de los inmuebles».
