La magistrada Ana Belén Cordero, quien dirige la investigación del caso Brugal desde el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, ha imputado a 19 personas más por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja en un auto que se ha notificado a las partes esta semana. La Fiscalía solicitó la declaración de todos ellos porque "existen indicios sobre su participación en los hechos, bien de forma directa, bien de forma colateral, ejecutando actos de un plan preconcebido en el que estaban concertados".

Ahora bien, el auto no aclara qué delitos se les imputan y los divide en dos grupos. A once de ellos, se les cita a declarar el próximo mes de febrero, entre el día 18 y el 28; y al resto se les deja en una especie de limbo porque no se sabe cuándo serán citados por el juzgado (o si alguna vez lo serán). De hecho, el auto dice que "...no procede de momento tomar(les) declaración como imputados en tanto no conste otros indicios de su participación en los hechos".

Entre los 11 que prestarán declaración se encuentran Vicente Gomis, quien fue secretario de la Presidencia de la Generalitat; los técnicos Eduardo Rodríguez y Pedro Sáez; el concejal del PP de Orihuela, David Costa; el exjefe de la Alcaldía del Ayuntamiento de Orihuela, Pedro Meseguer; el ejecutivo de Sufi, José Vicente Jiménez; el responsable de Cespa, Manuel Garriga; Angel Francisco Ripoll (hermano del expresidente de la Diputación); Genoveva Reig, administradora de Canal 37 (y quien fuera directora de Canal 9); y Bruno García y Jorge Sanz, ambos relacionados con Ángel Fenoll.

Entre los imputados que, por ahora, no declararán está Luis Toral, técnico de la Diputación; Manuel Abadía, exconcejal de Orihuela; Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela; Miguel Carratalá (cuñado de Enrique Ortiz); María Isabel Fenoll (hija de Ángel Fenoll) y Josefa Candel. Los dos últimos de la relación, es curioso, son Juan Molina y Javier Llansó, y el auto deja en el aire cuál será el imputado porque dice que se determinará "cuando se aclare cuál de los dos se reunió con Enrique Ortiz y José Joaquín Ripoll el 30 de octubre de 2008" en un restaurante de Alicante. Para ello se le ha pedido a la Policía que lo aclare.

La magistrada ha enviado a cada uno de los imputados un resumen de los hechos más graves que le imputa el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en un informe elaborado en 2010 y les pide que nombren a un abogado cuanto antes por lo voluminoso que es el sumario (más de 16.000 hojas) y la necesidad que tendrán de "defenderse adecuadamente".

Testigos

La magistrada atiende una petición del fiscal Briones para que declaren por primera vez testigos en el juzgado -concretamente nueve- porque considera que tuvieron conocimiento de los hechos investigados. De entre ellos llama la atención el nombre de la concejala socialista en Orihuela, Antonia Moreno, para que aclare el origen de una documentación que entregó en su día a la Policía. Todos ellos tendrán que acudir antes que los imputados; es decir, entre el 5 y el 14 de febrero próximo.

Además, el juzgado reclama más documentación como es el expediente de adjudicación del contrato de concesión de la obra pública del proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la zona XVII de la Comunidad o información registral de las mercantiles Canal 37 TV, Tabarka Media, Medios Habiles y Onda Mariola.