La propuesta lanzada por el Gobierno de conceder el permiso de residencia a extranjeros que compren una vivienda de más de 160.000 euros desencadenó ayer un amplio debate entre los representantes empresariales, sindicales y políticos que expresaron el temor a reactivar la "burbuja" inmobiliaria, como el caso del presidente de la patronal, Juan Rosell, o que calificaron la iniciativa como "discriminatoria con otros colectivos de extranjeros", según denunciaron CC OO y UGT.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, pidió que se analice con "seriedad y rigor" para evitar que se creen "bulos" o se "inflen burbujas" que luego "nos explotan entre las manos". El dirigente de la patronal cree que "todo lo que sea reanimar la venta de viviendas por lo menos hay que estudiarlo y ver que las consecuencias negativas no sean mayores que las positivas".

La propuesta la anunció el pasado lunes el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Lagaz. Sin embargo, el amplio debate que rápidamente se suscitó y las críticas recibidas llevó ayer a asegurar desde Bruselas al ministro de Economía, Luis de Guindos, que el Gobierno no tiene "ninguna decisión tomada". El miembro del Ejecutivo dijo que "lo que hay en un análisis; es una alternativa que tiene pros y contras, como todas las acciones, pero en estos momentos puedo asegurar que no hay ninguna decisión tomada".

Desde los sindicatos, CC OO en l´Alacantí-Les Marines rechazó la propuesta porque confirma la "política de clase" del Gobierno: "Por un lado dificulta a los extranjeros el acceso a derechos fundamentales como la sanidad, en función de su situación en España, y por otro facilita la llegada de extranjeros "ricos" sin que tengan que acreditar sus medios de vida". El sindicato advirtió de que, si se toma esta medida, se permitirá la entrada de extranjeros, que podrán acceder al sistema sanitario o educativo al vincular su residencia legal sólo a la adquisición de una vivienda, sin que se les exija contribuir en otros aspectos del trabajo, cotizaciones o fiscalidad.

"Descabellada e injusta"

Un aspecto de "discrimación de otros colectivos" en el que también incidió UGT en l´Alacantí, refiriéndose a los "miles de extranjeros que han llegado a España y a nuestra provincia, aportando su trabajo" y tienen serias dificultades para obtener el permiso de residencia o para acceder a determinadas prestaciones por desempleo . Además, el sindicato criticó que en el caso de la asistencia sanitaria "se ha eliminado para los inmigrantes irregulares". UGT en l´Alacantí considera "descabellada, injusta e impresentable" la iniciativa con la que cree que sólo se pretende "dar salida a un parque de viviendas, que en gran parte está en manos de los bancos".

Desde el ámbito político, también cayeron el cascada las críticas. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, mostró su rechazo "total y absoluto" a esta propuesta, que considera "ineficaz", además de ser política y moralmente "inaceptable". Rodríguez recordó que el mismo Gobierno que niega la sanidad pública a los extranjeros "que han perdido su trabajo", ahora pretende conceder la residencia a los que tienen 160.000 euros para comprarse una vivienda. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, advirtió de "lo que va a conseguir el Gobierno es que entren sectores que vengan a blanquear el dinero negro que se mueve en los paraísos fiscales y encuentren el banco adecuado para evadir recursos de las haciendas públicas de otros países".