Luis Díaz Alperi nunca ha sido un cargo público vinculado a las estrategias del PP. Todo lo contrario. Era el alcalde de Alicante. Un activo electoral pero al margen por completo de la actividad orgánica. Genio y figura. Fiel a sus principios, el ahora diputado lo volvió a demostrar ayer durante su comparecencia en el TSJ para declarar como imputado por tres graves delitos -cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada- en la pieza vinculada a la operación Brugal que investiga el supuesto amaño del plan urbanístico de Alicante. La decisión de Alperi de acogerse a su derecho a no declarar no sólo rompe la estrategia política de Alberto Fabra -empeñado en trasladar imagen de transparencia y de dar la cara- sino que, además, desató un fuerte malestar en las filas del PP.

En los últimos meses y acuciado por los sumarios de investigaciones por corrupción que azotan a los populares valencianos, el titular del Consell se esforzó en impulsar un endurecimiento de la normativa interna contra los imputados y a reclamar, al tiempo, que los cargos públicos del PP que se encuentren en esa situación ofrezcan, como mínimo, explicaciones sobre su gestión, una exigencia que, entiende Fabra, sintoniza en estos momentos con la ciudadanía. Amparado en su estrategia judicial, Díaz Alperi, diputado en las Cortes y aún cargo público del PP, optó, sin embargo, por el silencio, maniobra que, una vez más, le aleja de las tesis de su partido para situarle en un plano estrictamente personal. Cargos de la cúpula popular se quejan de que el exprimer edil se mostrara incapaz de aclarar cuestiones relativas a su labor en el Ayuntamiento de Alicante, algo inasumible, apuntan, para un gestor público durante más de 13 años. "Va por libre", apuntó un dirigente popular que, en este sentido, recordó que el exprimer edil, en los últimos meses, esquivó las presiones para dejar su escaño en las Cortes, como le pidió el PP. Y, además, apenas ha mantenido contactos con la cúpula popular durante las jornadas previas a su declaración como imputado en la instrucción abierta en el TSJ de la Comunidad. "No se da cuenta de que nos perjudica a todos", señaló otro dirigente del PP consultado para evidenciar su endado.

En el tiempo, la comparación con Sonia Castedo, además, no resiste ni un solo asalto. Pese a que entre dirigentes del PP no agradó en lo más mínimo el recurso de la primera edil para intentar anular una parte de su interrogatorio, lo cierto es que, finalmente, la alcaldesa de Alicante, imputada también en esta investigación por los mismos delitos que Alperi, estuvo declarando durante cuatro días. Por contra, Alperi decidió no contestar a nada, un camino que, apuntan en el PP, le sitúa en una imagen de "opacidad" muy alejada de la que, en estos momentos, exige la gente a la clase política. En las filas populares se da por finiquitada la carrera política de Alperi pero, sin embargo, se sigue otorgando un margen de confianza a Sonia Castedo, a la que se continúa situando como un activo electoral del PP. En las filas populares, de hecho, se considera que el camino judicial que ha tomado el ahora diputado en las Cortes no sólo pone en un brete a Alberto Fabra sino que, además, perjudica a la propia Castedo en la medida que las maniobras jurídicas de Alperi pudieran acabar arrastrando a la alcaldesa a la apertura de juicio.

Precisamente, Sonia Castedo descartó ayer realizar cualquier tipo de declaración sobre la negativa de su predecesor a declarar durante su comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Mientras Alperi está cada vez más alejado del PP y de la calle, la alcaldesa recibirá un homenaje el próximo 16 de noviembre de sus admiradores en Facebook durante una cena, a 25 euros por cabeza que se pagarán a escote, que se celebrará en un conocido restaurante de la ciudad y a la que ya han confirmado su presencia unas 90 personas.

Sin mención al diputado pero con lío sobre las enmiendas

El comité de dirección del PP en la Comunidad se reunió ayer en Valencia apenas unas horas después de la decisión de Luis Díaz Alperi de guardar silencio en su declaración ante el TSJ como imputado por tres graves delitos en la pieza de la operación Brugal que investiga el supuesto amaño del plan general de Alicante. Nadie citó a Alperi, con escaño en las Cortes, durante la reunión. Le dan por descontado. Se le aplicará a rajatabla, explicaron fuentes del PP, los Estatutos de manera que, en principio, ya se le tiene que haber apercibico con un expediente informativo que, en el caso de condena, se convertirá en una sanción disciplinaria. Sí hubo conflicto durante la reunión con el tema de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. El diputado Gerardo Camps se quejó de la línea que ha seguido el PP con este asunto, habló de descoordinación y advirtió de que, a día de hoy, sólo cabe la "unidad". P. r. f.