Tan claro estaba de antemano que Luis Díaz Alperi no iba a declarar sobre los presuntos amaños del PGOU que se le imputan que gran parte de los abogados personados en la causa hicieron ayer novillos y se ahorraron un viaje a Valencia, donde el exalcalde de Alicante estaba citado para responder ante el magistrado Juan Climent que investiga si el también diputado autonómico y su compañera de escaño y alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, facilitaron información reservada sobre el futuro desarrollo urbano de Alicante al empresario Enrique Ortiz a cambio de prebendas.
La cita era a las 10 de la mañana y veinte minutos antes, y acompañado de su abogado, el penalista Vicente Grima, llegó Alperi al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con semblante serio, aspecto de no haber pasado muy buena noche y traje gris con camisa y complementos en varios tonos de azul. Una puesta en escena muy alejada de la aparente alegría con que su sucesora en la Alcaldía compareció en la misma sede judicial durante los tres días que se prolongó su declaración por estos mismos hechos por los que a ambos se les imputan los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
Una vez dentro, y ante las reiteradas objeciones de Díaz Alperi a prestar declaración alegando que no puede defenderse porque desconoce los hechos que se le atribuyen (argumento en que basó su recurso de reforma rechazado por Climent y la misma idea que ha reiterado en la apelación pendiente ahora de resolver por la sala de lo Civil y Penal del TSJ) el magistrado accedió a aclararle por qué y en y calidad de qué se encontraba allí. Fuentes presentes en la comparecencia relataron cómo Climent, con el tono pausado, cuasi docente, que le caracteriza, le explicó al exregidor que estaba allí como imputado en una fase del procedimiento que busca aclarar si los hechos con indicios de delito que se investigan, recogidos en la exposición razonada de motivos que envió a Valencia el primer instructor de este caso, el juez Manrique Tejada, son o no ciertos.
Por si aún le quedaban dudas, el magistrado descendió a lo concreto y precisó que se le iba a preguntar sobre el PGOU (si le había facilitado información privilegiada del planeamiento urbano a Ortiz y si se había realizado alguna modificación para beneficiar los intereses del promotor, entre otras cuestiones); sobre un viaje a Creta en un jet privado que, según los investigadores, habría pagado en realidad el promotor (y por el que acaba de ser citado a declarar también como imputado Ricardo Fuster, el propietario de la mercantil a la que las pesquisas llevaron como fuente del dinero con que se abonó el vuelo); y acerca de un palco que el contratista le habría pagado para seis personas en el Rico Pérez.
Agregó a estos temas el instructor la empresa de un hijo del exprimer edil (en la que supuestamente habría realizado una inyección económica Enrique Ortiz) y la relación del imputado con el despacho de abogados Salvetti en el que, según las acusaciones, el hermano de alcaldesa, José Luis Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez, resolvían alegaciones al PGOU.
Ya fuera porque el magistrado no se supo hacer entender por el exalcalde o porque en realidad Díaz Alperi tenía clara su intención de no declarar, algo de lo que nadie duda a estas alturas, lo cierto es que tras casi una hora de explicaciones el imputado le comunicó a Climent que "por indicación" de su abogado y "en las circunstancias actuales" no iba a declarar "por el momento", sin aclarar a qué circunstancias se refería ni pretendía decir con "por el momento". El hecho es que el exregidor abandonó el TSJ una hora después de haber llegado, con idéntico semblante y con la única declaración de "evidentemente, no" en respuesta a los periodistas que le preguntaban sobre si había declarado.
Entre las preguntas que las mismas fuentes antes citadas precisaron que se plantearon por parte de la defensa de Alperi en el interior de sala estaba la de que se concretara cuál era la información privilegiada que se había revelado y cómo había sido influido para acometer cambios en el PGOU.
Una diezmada representación letrada
Sabedores, como después se demostró, de que el exalcalde de Alicante no iba a decir ni mú ante el magistrado Juan Climent, a la comparencia de ayer sólo asistieron la mitad de los letrados que lo hicieron a los interrogatorios de la alcaldesa, una actitud que alguno de los acusadores tachó de "falta de respeto hacia el instructor así como hacia el resto de los compañeros" que sí estaban allí y a los que el magistrado volvió a conminar a que guarden secreto acerca de lo que acontece en el interior de la sala de vistas. M. G.
