Dispuesto, según todos los indicios, a no declarar, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi ha vuelto a recurrir su imputación, en esta ocasión ante el sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, después de que el magistrado Juan Climent, quien instruye la causa por los presuntos amaños del PGOU de la ciudad, se ratificara en su decisión de citarle como imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos, los mismos que se le atribuyen a la alcaldesa, Sonia Castedo, por presuntamente facilitar datos del planeamiento urbano de Alicante que aún no eran públicos al empresario Enrique Ortiz. A cambio, ambos políticos habrían recibido presentes del promotor.
Alperi fue citado junto Castedo para que ambos comparecieran como imputados ante el TSJ, dada su condición de aforados, el pasado día 19. La cita del exalcalde ha tenido que posponerse por la duración de la declaración de la regidora, cuyo interrogatorio ha ocupado tres jornadas. Al final, el exprimer edil tiene que presentarse ante Climent el próximo 5 de noviembre. Otra cosa es que declare.
Tres escritos ha registrado Alperi hasta el momento en el TSJ vinculados a su comparecencia: uno en contra de que el máximo órgano judicial autonómico asumiera la competencia dado que no consideraba constitutivos de delito los hechos que se le atribuían; un recurso de reforma ante Climent contra la providencia en la que le citó a declarar (por entender que no estaban concretadas las imputaciones y que, como consecuencia de ello, no podía defenderse), y el tercero, ahora, ante la sala de lo Civil y Penal, contra la ratificación del juez en su idea de que comparezca como imputado.
En el periodo de alegaciones al recurso de reforma, el letrado José Luis Romero, quien ejerce la acusación popular en nombre de EU, llamó la atención sobre la paradoja de que Alperi alegue ahora desconocimiento de los hechos que se le imputan cuando en su primer escrito, en el que se pronunció sobre la competencia del TSJ, aseveraba que las actuaciones que se le atribuían no eran constitutivas de delito, de lo que se infería que sabía cuáles eran.
El recurso presentado ahora, que ha de resolver un tribunal compuesto por tres magistrados de la sala de lo Civil y Penal del TSJ (del que no puede formar parte Climent) no tiene carácter suspensivo, es decir, que Alperi sigue estando citado para el próximo día 5.
Aún cuando otra respuesta a este recurso que no sea la ratificación de lo acordado por del magistrado Climent se antoja como algo improbable, el exregidor puede, en calidad de imputado, negarse a declarar o, como mucho, hacerlo solo a preguntas de su abogado, unas posibilidades que el también diputado autonómico podría estar barajando.
De optar finalmente Alperi por no declarar, su sucesora será la única aforada que lo habrá hecho en esta fase de la instrucción pese al intento de la regidora, planteado al tercer día del interrogatorio, de anular aquellas preguntas sobre conversaciones en las que ella no hubiera intervenido y las realizadas, y respondidas, acerca de hechos no recogidos en la exposición razonada de motivos que envió a Valencia el magistrado Manrique Tejada, una petición que Climent no llegó a admitir.
El juez tiene que pronunciarse ahora sobre la petición del fiscal de citar a declarar como imputado al empresario valenciano Ricardo Fuster en relación con el pago del del viaje del exalcalde a Creta.
Pavón: "Castedo busca confundir al decir que no está imputada"
De "grotesta" calificó ayer el portavoz del EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, la afirmación de la alcaldesa de que no está "formalmente imputada", un manifestación realizada el martes a la salida del TSJ donde la regidora ha estado declarando tres días en calidad de imputada. Pavón considera que la primera edil "busca confundir a los alicantinos que deben saber que su alcaldesa está imputada por corrupción" y fue gráfico al afirmar que "si Castedo no está imputada yo no soy concejal".
En manos de Climent
Una vez realizados los interrogatorios y practicadas las diligencias que soliciten las partes y acuerde el juez, será el magistrado Juan Climent quien tendrá que decidir si el asunto es dirimido en una vista oral para todos o para algunos de los imputados (ademas de los dos aforados hay otros quince más) o si, por el contrario, archiva las actuaciones para todos o para algunos de ellos). La decisión del instructor admite recurso ante la sala de lo Civil y Penal del TSJ y, en segunda instancia, ante el Supremo que, en el caso de los trajes de Camps, fue el órgano que ordenó reabrir una investigación que se había sobreseído en Valencia. Lo que Climent ha decidido de momento es no dejar salir del tribunal las grabaciones de los interrogatorios, lo que obliga a las partes a desplazarse a Valencia para consultarlos pero evitar que las imágenes puedan circular y llegar a medios de comunicación e Internet.
