Castedo niega que Ortiz tuviera acceso a los planos del PGOU

Castedo ha defendido este argumento durante el segundo día que declara en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) como imputada por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho en relación con el planeamiento urbanístico de la ciudad, una de las piezas separadas del "caso Brugal".

Después de más de cuatro horas de comparecencia, en las que ha respondido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, la alcaldesa y diputada del PP en Les Corts Valencianes ha sido citada de nuevo para mañana a las diez de la mañana para terminar de atender al Ministerio Fiscal y al resto de acusaciones y defensas de la causa.

El interrogatorio de la Fiscalía avanza lento, ya que se están escuchando "todas las conversaciones que hay en la causa", según han informado fuentes de la investigación, que han asegurado que la alcaldesa está "contestando a todo" y ha negado que Ortiz tuviera esos planos, como ella misma ha confirmado a los medios de comunicación.

Castedo ha acudido a la sede del TSJCV con documentación para aportar a la causa y para "no perderme mucho" en los interrogatorios, ya que se trata de "temas muy técnicos" en los que necesita recurrir a "documentación oficial", como la referida al proyecto de ampliación y cambios de usos del estadio de fútbol José Rico Pérez.

La alcaldesa, que también está imputada por el supuesto delito de revelación de información privilegiada, ha explicado que está contestando "absolutamente a todas las preguntas" que le está planteando el fiscal para "aclarar todo aquello sobre lo que pueda existir la más mínima duda".

Ha admitido que el interrogatorio está siendo "muy lento" porque "se ponen todas las conversaciones", incluidas las "de terceros", lo que le parece "excesivo", pero ha matizado que si esto al final sirve para "aclararlo todo", lo considerará "un tiempo muy bien empleado".

Preguntada sobre si también responderá a las preguntas de los abogados de las acusaciones particulares, ha afirmado que es algo que todavía está estudiando con su abogado, aunque ha insistido en que al juez y al Ministerio Fiscal les ha respondido "absolutamente a todo".

Castedo, que ha defendido que nadie "ha podido demostrar que el señor Ortiz esté barajando planos del plan general", ha añadido que todavía nadie le ha explicado tampoco con "qué documentos" se ha cometido por su parte "tráfico de influencias e información privilegiada"

La alcaldesa tendrá que volver mañana a declarar ante el TSJCV como imputada por el caso Brugal. Será el tercer día que acuda ante el tribunal para continuar con su comparecencia. Queda en el aire, de momento, la nueva citación al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

La jornada del viernes

Los diez minutos en los que Castedo tenía previsto demostrar que es inocente de los delitos que se le imputan en relación al presunto amaño del PGOU en beneficio del constructor Enrique Ortiz a cambio de prebendas se convirtieron el pasado viernes en las ocho horas que la regidora permaneció respondiendo a las preguntas del ministerio fiscal en una primera jornada de declaraciones que sorprendió por lo extensa, que supera incluso las 9 horas con las que el exsíndic del PP Rafael Blasco había saldado su primera declaración por su imputación en la trama de las ONG.

Un interrogatorio, el de Castedo, que continua hoy desde las 10 de la mañana y que obligó a llevar en principio a mañana martes la declaración prevista también para el pasado viernes de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, imputado por los mismos hechos y cuya comparecencia sufrirá un nuevo aplazamiento dada la parsimonia con la que, a juicio de prácticamente todos los letrados personados, se está desarrollando por parte del ministerio fiscal la formulación de las preguntas que van precedidas, en la mayoría de los casos, por la escucha de las intervenciones telefónicas, lo que ralentiza aún más una fase que se presume larga. Como prueba de que esto puede ser así citaban algunas de las acusaciones el hecho de que el fiscal aún se encuentre en su interrogatorio por el folio número 26 de un informe policial que supera el medio millar de páginas.

La alcaldesa, que franqueó el pasado viernes las puertas de la sede del TSJ hacia las 8.40 de la mañana, casi una hora y media antes de cuando estaba citada, lo hizo acompañada de su abogado, con un discreto conjunto de pantalón negro y camisa blanca y un ligero toque de maquillaje que se retocó con esmero para su comparecencia ante los medios casi doce horas después para manifestar, con una amplia sonrisa y un aspecto aparentemente relajado, sus "buenas sensaciones" tras poder estar declarando en el lugar que correspondía. Quienes quisieron acompañarla en este trance, cinco ediles populares y algún colaborador, entre otros, lo hicieron hasta unos metros antes del acceso al TSJ poniéndose a salvo durante todo el día de los objetivos de los reporteros gráficos. La alcaldesa no abandonó ni para almorzar el edificio, donde compartió con su abogado, Juan José Martínez Albert, la comida que les fue llevada.

En el arranque del interrogatorio, centró Briones sus preguntas en los obsequios que habría recibido la imputada de manos de Ortiz, a quien Castedo definió como "un buen amigo" desde hace años. A esta amistad atribuyó la primera edil presentes como una cazadora que le regaló el empresario por su cumpleaños o la invitación a ir a Ibiza en su yate, un viaje en el que, según aclaró, las comidas se pagaron a escote.

También precisó la primera edil a preguntas del fiscal (quien poco después de comenzar el interrogatorio hizo saber que se encontraba mal pero a quien el magistrado Juan Climent no permitió que su compañero Pablo Romero le sustituyera) que había pagado sus viajes a Andorra (abono que las acusaciones atribuyen a Ortiz) en metálico y alegó que podía disponer de dinero en efectivo porque tenía acceso a las cuentas de su madre y de su abuela, a la devolución que le realizaron de un restaurante o a fondos de la lotería de su hoguera.

Castedo, como ya hiciera en su momento ante los medios de comunicación, declaró no ver problema alguno en pedirle al empresario que diera empleó a quien ella sabía que lo necesitaba y, en lo relativo al supuesto regalo por parte del Ortiz de un Mini (momento en el que se escuchó la grabación de una conversación entre el promotor y su mujer y en la ésta, gráficamente, decía en alusión al coche "¡ostia, qué regalo!") la alcaldesa respondió al fiscal que le preguntara a ella, también imputada en este caso, qué quería decir. Mantuvo Castedo que el coche se lo compraron a una íntima amiga suya el marido y el padre.

Tras la jornada de la mañana, en la que las preguntas versaron casi exclusivamente sobre los hechos por los que la regidora ha sido imputada por un delito de cohecho, el fiscal, en un interrogatorio que algunas de las partes calificaron de deslavazado y otras de excesivamente meticuloso y lento, arrancó la tarde con cuestiones relativas al supuesto amaño del PGOU por el que a la regidora también se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Apenas se pudo avanzar mucho habida cuenta de que solo en lo relativo al APA9, donde se escuchó la grabación en la que la alcaldesa le dice al promotor que le habían "apañado" lo de ese planeamiento, se empleó más de media hora. La primera edil declaró que fueron los propios técnicos los que aconsejaron los cambios que llevaban aparejada una mayor edificabilidad. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguraron que, ante la reiteración de las cuestiones planteadas por el fiscal en este punto, el juez Climent llegó a espetarle a Briones que las respuestas de la imputada eran las que eran y que no tenían por qué gustarle.

No fue la única reprimenda que salió de los labios del juez. Ante la afirmación de la alcaldesa de que sólo iba a responder a preguntas que tuvieran su origen en intervenciones telefónicas con relevancia penal, recordó el magistrado que eso le correspondía decidirlo a él. Con todo fueron pocas las preguntas que la regidora dejó sin contestar.

La declaración de Alperi se aplaza al martes y podría retrasarse más

El complejo caso del PGOU (que además de viajes, reuniones o supuestos regalos también cuenta con una complicada parte urbanística que requiere del conocimiento de determinados términos urbanísticos, fórmulas y coeficientes de edificabilidad), así como el hecho de que cada pregunta del fiscal se realice previa escucha de la conversación intervenida que se se va a abordar, amenaza con hacer de los interrogatorios unas de las diligencias más densas que tendrán que abordar las partes, imputados incluidos. La primera consecuencia de ello se vio el pasado viernes reflejada en el aplazamiento de la declaración del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, también imputado en la causa, para el próximo martes. El pasado viernes se enteró poco antes de la hora a la que estaba citado de que su comparecencia se posponía. La lentitud del interrogatorio a Castedo amenaza con aplazar aún más el del exregidor.