Esquerra Unida presentó ayer una denuncia ante el juzgado de Instrucción número seis de Alicante para que reabra la investigación penal que archivó en 2008 sobre la tramitación del polémico Plan Rabasa. En la causa, de reactivarse, tendrían que declarar como imputados la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, así como el empresario Enrique Ortiz, entre otros. Los dos primeros han sido formalmente imputados esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación del Plan General de Alicante. La formación de izquierdas ve indicios de delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

La denuncia implica a representantes y técnicos municipales y salpica también a la administración autonómica y al Gobierno central, que en los años en los que presuntamente ocurrieron los hechos estaba ocupado por el PSOE.

EU denuncia también al actual responsable de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, y la jefa del servicio jurídico-administrativo de dicho departamento, Isabel Campos. Asimismo se pide la imputación del exdirector de la Unidad de Carreteras de Fomento en Alicante, Enrique Peiró, y del exdirector general de Carreteras Francisco Javier Criado, ambos dependientes de la administración central. Por último, se denuncia a la entonces secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo, María Ángeles Ureña. La formación reclama además la citación como testigos de los técnicos de Urbanismo que fueron relegados "por no someterse a los dictados del promotor", según la denuncia.

El juzgado de Instrucción seis de Alicante ya recibió en el año 2008 una pieza separada del caso Brugal para que se investigaran presuntas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa. El juez la archivó al no ver indicios de delito. Cuando dos años después se envió a Alicante la rama separada del caso Brugal que afectaba al Plan General, todo lo referido a la tramitación del plan Rabasa quedó fuera de la investigación.

EU considera que los informes policiales reflejan la existencia de irregularidades graves y que deben ser investigadas. Por ello ayer su abogado, José Luis Romero, presentó una nueva denuncia ante el juzgado relatando los hechos que descubrió la Policía después de archivarse la causa en 2008. Ayer el juzgado no había recibido formalmente la denuncia, aunque todo apunta a que podría inhibirse en favor TSJ una vez que su titular, Juan Carlos Cerón, la estudie.

La denuncia recalca que el sumario del caso Brugal desvela que en la tramitación de los procedimientos para la aprobación del plan Rabasa, para el convenio de implantación de Ikea y para la modificación del Plan General que diera acomodo a esta gran superficie en el macroproyecto urbanístico "quien marca los tiempos, auspicia la emisión de informes y el dictado de resoluciones (...) es Enrique Ortiz y no el poder público", con lo que "las decisiones se adoptan en su particular beneficio". Las escuchas reflejan las presiones de Ortiz a las diferentes administraciones implicadas para tratar de agilizar la aprobación del este plan.

EU subraya en su denuncia que Rabasa comporta la reclasificación de cuatro millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, con un incremento residencial de 13.500 nuevas viviendas, que se tramitó al margen del Plan General. La denuncia alude también a la zona comercial, con 35.000 metros cuadrados previstos para Ikea, a los que se unen 60.000 metros cuadrados de centro comercial,14.000 metros de hipermercado y 22.000 para medianas superficies, para lo que se tuvo que modificar el PGOU vigente. El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, aseguró que hay indicios más que suficientes para que se abra una investigación y pidió que "el urbanismo de esta ciudad deje de estar supeditado a los intereses del señor Ortiz". El coordinador local de EU, José Antonio Fernández Cabello, lamentó que la alcaldesa "no solo rehuye su responsabilidad sino que se presenta como víctima".