Con la decisión judicial del TSJ sobre Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, conocida ayer, y la de hoy sobre Rafael Blasco, la bancada del PP en las Cortes Valencianas ya acumula un total de diez imputados.
Media docena -Ricardo Costa, Vicente Rambla, Yolanda García Santos, Milagrosa Martínez, Angélica Such y David Serra- están encausados en la operación Gürtel; ahora Castedo y Alperi están ya imputados en Brugal; Rafael Blasco, el síndic del PP, ha sido imputado por el presunto fraude en las ayudas de la Generalitat a una trama de ONG durante su mandato en Solidaridad; y, finalmente, Pedro Hernández Mateo está pendiente de juicio por decisiones tomadas durante su gestión en el Ayuntamiento de Torrevieja.
En el caso de Maite Parra, alcaldesa de Ibi, una investigación sobre su patrimonio ni siquiera ha llegado todavía al TSJ.
Fabra está atado de pies y manos y, por eso, seguirá paso a paso lo que marcan los estatutos del PP. Contemporizará las decisiones en función del itinerario judicial. El jefe del Consell retrasará todo lo que pueda las medidas más drásticas. ¿Por qué? Sencillo. En el supuesto de que Fabra obligara a abandonar el grupo de las Cortes a los imputados, no sólo serían el tercer grupo del hemiciclo autonómico sino que, además, ni tendría mayoría absoluta.
