Salvo cambio de última hora, los más de 2.000 funcionarios del Ayuntamiento de Alicante se quedarán finalmente sin cobrar la paga extra de Navidad. Pese a las buenas intenciones de la alcaldesa, Sonia Castedo, y pese a que un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias sí estima que los trabajadores públicos deben percibir una parte proporcional de esa paga al ya haber cotizado por ella, el Gobierno central tiene una visión diametralmente opuesta.
El Ejecutivo central ha remitido un escrito a la Diputación en el que no deja margen a la duda: los funcionari0s no tienen derecho a ese complemento. «La paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre se devenga el primer día hábil de dicho mes y con referencia a la situación y derecho del funcionario en dicho mes. Y comoquiera que la referida paga (...) ha sido suprimida desde la entrada en vigor del real decreto-ley, no procede liquidación de la misma por inexistente», reza el documento.
Ese escrito, de dos hojas y al que ha tenido acceso este diario, se remitió a la Diputación el pasado jueves 20 de septiembre desde el Ministerio de Hacienda. Concretamente, desde la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. El Gobierno lo envió en respuesta a una petición del Palacio Provincial. Su vicepresidenta primera y responsable de Recursos Humanos y Régimen Interior, Adela Pedrosa, preguntó al Ministerio en agosto si los empleados públicos de la Diputación tenían derecho a percibir una parte proporcional de la paga. La propia Pedrosa corroboró entonces que la institución provincial obraría tal y como ordenase el Gobierno central. Pues bien, ya sabe que no tendrá que hacer frente a ese gasto.
Porque a diferencia de las valoraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, las decisiones del Ejecutivo sí son vinculantes. De ahí que ni la Diputación, ni el Ayuntamiento de Alicante, ni cualquier otra administración española -ya sea estatal, autonómica o local- deban abonar un céntimo por ese concepto.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Alicante corroboraron ayer a este diario que la institución provincial, al estar considerada como una entidad local, ha de seguir los mismos parámetros que los consistorios. El escrito que ha recibido ahora la Diputación, por ende, se puede extrapolar a la Corporación de Alicante y a cualquier otra.
Compromiso de la alcaldesa
De esta forma, las declaraciones de Sonia Castedo caen en saco roto. La primera edil se comprometió el pasado viernes 21 a abonar una cuarta parte de la paga extra de Navidad a los funcionarios después de recibir un informe favorable de la Federación Española de Municipios y Provincias. «Les corresponde cobrar», sentenció la alcaldesa a preguntas de los periodistas. «Es su derecho, está muy claro», prosiguió.
El concejal de Hacienda, Juan Seva, cuantificó entonces que satisfacer el 25% de la paga extra de Navidad conllevaría un desembolso para las arcas municipales cercano al millón de euros. Los funcionarios celebraron la decisión y ambas partes se emplazaron a una reunión. Ahora, salvo cambio de última hora, el Ayuntamiento no tendrá que abonar ni un euro.
Tanto los trabajadores públicos como la propia alcaldesa están convencidos de que sí se debe abonar esa fracción de la paga, dado que los funcionarios cotizaron por ella entre el 1 de junio y el 14 de julio -cuando se aprobó el recorte salarial-. Sin embargo, Hacienda explica en su escrito que queda derogada la norma que sí daría derecho a percibir un porcentaje de ese complemento. «En todos los supuestos de cese y demás circunstancias contemplados en las disposiciones citadas que se produzcan a partir del 15 de julio de 2012 no conllevarán liquidación de parte alguna de la paga extraordinaria de diciembre o paga adicional de complemento específico, como consecuencia de la supresión de las mismas y consiguiente derogación de las normas sobre su devengo».
