En su primer debate de política general como presidente de la Generalitat, Alberto Fabra prefirió plegarse a la estrategia de la dirección del PP que alzar su voz de forma nítida contra un sistema de financiación autonómica que deja a la Comunidad Valenciana -junto a Cataluña, Canarias y Murcia- a la cola en el reparto de los fondos del Estado. A Fabra no le quedó otra que sumarse a la tesis de María Dolores de Cospedal, número dos de Rajoy en el PP, para renunciar a poner encima de la mesa el debate en la conferencia de presidentes autonómicos del próximo martes. "Habrá momentos para hablar de la financiación", vino a decir el jefe del Consell que rebajó notablemente el tono de la crítica en la línea de las órdenes transmitidas desde Génova frente a la escalada independentista en Cataluña. Perdió, desde luego, una oportunidad de ganar la iniciativa política de los próximos meses. Aunque tampoco los síndics de la oposición consiguieron ganarle terreno. Fue un combate nulo.

Ante unas Cortes sin ausencias -acudieron desde Francisco Camps hasta Sonia Castedo- y en una intervención de 78 minutos -mitad en castellano mitad en valenciano, lengua en la que se estrenó en el hemiciclo-, el jefe del Consell, de cara a la galería, reivindicó la "solidaridad" de los valencianos con el resto del Estado pero reclamó que "sea recíproca" con el objetivo, apuntó, de que se cumplan los "compromisos con esta tierra". "Defenderé lo que crea justo ante el Gobierno y Europa", subrayó en un discurso en el que proclamó su doble "lealtad" con España y, sobre todo, dijo, con la sociedad para la que trabaja. "Exigiré lo que corresponde a los valencianos, cuyos intereses defenderé por encima de cualquier ideología. No habrá tregua", apuntó de forma genérica con alusiones sobre la falta de financiación -unos 1.000 millones menos por año- y la necesidad de recibir más inversiones pero sin una reclamación expresa.

De hecho, Mariano Rajoy ya ha dejado claro que el cambio en el modelo de financiación no está en el orden del día de la conferencia de presidentes autónomicos, el órgano que debe discutirlo. Es un debate que, por tanto, quedaría aplazado hasta 2015, año electoral. Alberto Fabra no romperá la disciplina del PP. El presidente de la Generalitat se limitó a señalar que, durante ese encuentro, se realizará "una profunda reflexión" sobre el papel de las autonomías para afrontar la crisis económica, en un momento de la historia en el que, aseveró, se mostró partidario de "arrimar el hombro". Entre una de cal y otra de arena, sí sugirió, en todo caso, la opción de que la reforma de la financiación autonómica pueda abordarse en un Consejo de Política Fiscal y Financiera "que es donde hay que poner el acento en los problemas que afectan a las autonomías", una iniciativa de orden menor para una Comunidad intervenida y en quiebra. No pudo o no quiso ir más allá.

Con el globo de la financiación "pinchado", Fabra mantuvo ese mismo perfil bajo de reivindicación en cuestiones estratégicas para la Comunidad como el agua. "Exigiremos en el marco del Pacto Nacional del Agua", subrayó el jefe del Consell sin una defensa explícita del Tajo-Segura -argumento que se repite desde que De Cospedal empezó a tener opciones electorales de llegar a la presidencia de Castilla-La Mancha- o del Júcar-Vinalopó, algo habitual cuando los socialistas gobernaban en Madrid. O también con el Corredor Mediterráneo para centrarse en el tercer carril que, anunció, se licitará el año que viene pero que, en todo caso, es un parche provisional. Su capacidad para exigir al Gobierno se quedó en pedir "comprensión" para Rajoy.

Sin detallar la vía que buscará para sufragar sus propuestas, Alberto Fabra lanzó una veintena de proyectos que volvió a concentrar, por ejemplo, en el rediseño de la administración autonómica con un "tijeretazo" del 50% de los órganos consultivos -la Sindicatura de Comptes y de Greuges se salvarían del recorte-, una rebaja de gastos del 20% y un recorte de veinte diputados en las Cortes, una decisión que es un brindis al sol toda vez que sólo supone un ahorro de un millón de euros y que necesita del respaldo de la oposición que, sin embargo, plantea como alternativa una reducción de altos cargos "a dedo". También "vendió" el titular del Consell la ya archianunciada reordenación de los "chringuitos" y empresas propiedad de la Generalitat.

Alberto Fabra puso sobre el tapete un plan de empleo, en coordinación con las diputaciones y los municipios, por importe de 99 millones para crear, nada menos que a tres años vista, un total de 15.000 puestos de trabajo, a los que, además, añadió otros 10.000 con el refuerzo de un programa para incentivar a los emprendedores. Una insuficiente respuesta para los cerca de 600.000 parados valencianos. Con la matrícula ya en marcha, el líder del PP prometió préstamos para universitarios, que devolverían cuando empiecen a trabajar. Y ofreció un gran acuerdo para "no dañar la marca" de la Comunidad con pinta de ley de punto y final para intentar asegurarse el silencio de la oposición.

Referencia vaga al AVE de Alicante y privatización sanitaria

Durante su intervención, el jefe del Consell tuvo una referencia vaga a la llegada del AVE a la ciudad de Alicante. Sin concretar ni una sola fecha, el titular del Consell vaticinó que la alta velocidad llegará a la capital de la provincia "en unos meses". Fue explícito, eso sí, con el nuevo modelo sanitario, en la práctica, una privatización de la gestión que, de cumplirse, reportará ingresos de 180 millones anuales a la Generalitat. El jefe del Consell anunció que se aprobará en el pleno que el Ejecutivo autonómico celebrará el próximo viernes. El Gobierno de Fabra necesita, con urgencia, cobrar los dos años de canon por adelantado que se recogen en los pliegos con el objetivo de poder cubrir ingresos presupuestados. De lo contrario, habrá recortes.