24 de septiembre de 2012
24.09.2012
40 Años
COMUNITAT Un proceso eterno

El caso Cartagena cría malvas

La causa que forzó la dimisión del actual asesor del Consejo de Cámaras de Comercio sigue pendiente de juicio 25 años después

24.09.2012 | 11:17

Quince años después de que el TSJ de la Comunidad recibiera la pieza separada del caso de las cesiones de crédito del Santander relativa al exconseller Luis Fernando Cartagena, la causa duerme el sueño de los justos en un juzgado de Orihuela. Cartagena todavía no ha sido juzgado por el asunto que le costó su carrera política.

El tópico de que la Justicia es lenta tiene en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander y en concreto, en lo referente a la pieza relativa al exalcalde de Orihuela y exconseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, su máxima expresión. Veinticinco años de instrucción en diversas instancias judiciales e incontables horas de trabajo no han sido suficientes para que el que se ha convertido en uno de los procesos más largos de la reciente historia judicial esté resuelto. Estos días se cumplen quince años de la llegada de la pieza relativa a Cartagena al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y casi un lustro desde que el juzgado de Orihuela decretara la apertura del juicio oral. Dede entonces nada se sabe de este enrevesado caso más allá de que su protagonista, tras haber ingresado en prisión por otro asunto (la apropiación indebida de dinero a unas mojas cuando era alcalde de Orihuela), está rehabilitado y a sueldo como asesor del Consejo de Cámaras de Comercio. Mientras, la mayoría de profesionales que trabajaron en su caso o han muerto o están retirados.

La complejidad de la causa unida a la madeja de presiones e intereses políticos y económicos que ha acompañado este escándalo desde que estalló en los años 90 podrían ser determinantes para que no se cumpla el segundo gran tópico de la Justicia: que ésta siempre llega.

El origen de este imbricado proceso habría que situarlo entre los años 1987 y 1991 cuando el Banco Santander ofreció a sus clientes las llamadas cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto opaco al fisco. La entidad, según las investigaciones posteriores de los peritos, entre ellas las realizadas por un equipo del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia, demostraron que la entidad bancaria realizó más de 47.000 operaciones con alrededor de 8.000 clientes con un volumen de negocio de unos 2.600 millones de euros. Entre 1993 y 1996 la Agencia Tributaria dio un plazo para que los titulares de las primas únicas regularizaran su situación y pagaran a Hacienda. La mayoría lo hicieron, pero un grupo de imputados, entre ellos Cartagena, se opuso al no reconocer que fuera el titular de los productos.

La investigación dio un paso de gigante cuando se desgajó del sumario principal la pieza relativa al entonces conseller de Obras Públicas, uno de los dirigentes populares con mayor proyección en el gobierno todopoderoso de Eduardo Zaplana. Por su condición de aforado, el caso llegó al TSJCV y la instrucción en José Flors. Corría el mes de octubre de 1997, es decir, hace quince años. Flors encargó un informe al Instituto de Robótica que acabó siendo clave. El 16 de marzo de 1998, el día siguiente al que trabajo fuera entregado y que este diario avanzara parte de su contenido, Cartagena dimitió. Las pesquisas de Robótica, que después fueron ratificadas por los peritos de Hacienda, determinaron que el político, pese a utilizar un testaferro, era el verdadero propietario de nueve cesiones de crédito por valor de 164 millones de pesetas. La instrucción en Valencia arrojó luz sobre una trama en la que se evidenció que eran partícipes tanto los clientes como el banco, que ocultó a Hacienda a los verdaderos titulares.

Al dejar el escaño, el caso Cartagena volvió a la Audiencia Nacional donde, tras un largo camino de recursos, acabó con la decisión del Supremo de archivarlo exculpando de cualquier responsabilidad a la cúpula de la entidad encabezada por Emilio Botín. Se aplicó la conocida como doctrina Botín basada en que el caso no podía seguir adelante sin la acusación del fiscal y la Abogacía del Estado. Tras el carpetazo la causa siguió sólo para los presuntos defraudadores de Hacienda y se desperdigó por los juzgados ordinarios. El de Cartagena acabó en Orihuela y en mayo de 2008 el fiscal Anticorrupción pidió tres años de prisión. Aún no ha habido juicio.

Seguramente, de los particulares investigados, Cartagena fue quien más complicado lo tenga ya que la instrucción del TSJ fue muy minuciosa. Ahora bien, si el juicio llega a celebrarse no será el el único señalado. También el banco que queda desnudo en el informe de Robótica y por ende la fiscalía y la Abogacía del Estado que en un momento dado decidieron levantar su dedo acusador. La oposición siempre ha sospechado que detrás del caso Cartagena se escondía la presunta financiación irregular del PP. También se acusó a los responsables del Gobierno de favorecer al banco.

Sea como fuere, para Cartagena supuso el fin de su prometedora carrera política, pero de alguna manera no fue abandonado por los suyos incluso con la mancha de haber sido condenado e ingresado en prisión por apropiación indebida. Tras dimitir encontró acomodo en la Mutua Valenciana y tras salir de la cárcel (sólo estuvo en prisión tres meses de una condena de 4 años) recaló en el Consejo de Cámaras con un sueldo de 70.000 euros al mes.

Sus problemas con la Justicia, con todo, no acaban con el caso de las cesiones. El abogado del Estado pide para él una condena de cinco años de cárcel por el presunto fraude fiscal de Metrored.

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