Sonia Castedo quiere explicarse con «urgencia» ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) después de que el magistrado Juan Climent haya asumido la investigación del supuesto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante, sumario que implica a la alcaldesa y a su antecesor Luis Díaz Alperi. El equipo jurídico que representa a la primera edil, conocida la resolución del TSJ, registró ayer un escrito en el alto tribunal valenciano en el que pide ir a declarar, alega indefensión, se queja de los «gravísimos perjuicios» ocasionados a la la edil y a Alicante e, incluso, se acoge a su derecho a disponer de la potestad para instar el archivo por la «insuficiencia» de indicios. Al menos por ahora, la cúpula provincial del PP avala la estrategia de Castedo que, admiten, tiene un cierto «riesgo» pero que califican de «ejemplarizante» por el empeño que muestra la alcaldesa de Alicante, subrayan, a la hora de «dar la cara».

El escrito, de apenas dos páginas y firmado por el abogado Juan José Martínez Albert en nombre de la dirigente popular, fundamenta la petición de declarar de la alcaldesa en la «necesidad ineludible de ejercitar el derecho de defensa de modo lo más inmediato posible» para tratar de mitigar los efectos de la instrucción tanto sobre la figura de Castedo como en la «imagen» de Alicante. Tanto José Císcar, presidente provincial del PP, como José Juan Zaplana, su número dos en el partido, conocían las intenciones de la primera edil y mantienen plena confianza en las opciones de Sonia Castedo de salvar el proceso con el menor daño posible. La alcaldesa de Alicante ha trasladado a la dirección del PP que su intención, en cualquier caso, es «explicarse» para demostrar que «no tiene nada que esconder a los ciudadanos que en su momento la eligieron».

En este sentido, la petición dirigida al TSJ recuerda que, antes de tomar posesión del escaño de las Cortes en junio de 2011 y por tanto con antelación a asumir su actual condición de aforada que ha llevado el caso a Valencia, los abogados de Castedo ya remitieron un escrito al juzgado de Alicante que instruía el sumario con el mismo objetivo: que la alcaldesa prestara declaración y diera su versión. Sin embargo, apunta la petición al TSJ, fue «devuelto sin más explicaciones» y, continúa, «sin ofrecer respuesta alguna a sus pretensiones». Como reconoce el texto dirigido al alto tribunal valenciano, una vez que Castedo se sentó en el hemiciclo de las Cortes y, por tanto, adquirió la condición de aforada, la alcaldesa perdió toda posibilidad de prestar declaración en Alicante. Todos los casos, como se recordará, que afectan a diputados autonómicos deben instruirse en la sala de lo civil y lo penal del TSJ y se derivan a Valencia. «A día de hoy, pues, no ha tenido posibilidad alguna de alegar y probar en su defensa, si bien ha padecido todas las consecuencas inherentes a quien es sujeto pasivo de un proceso penal», sugiere el equipo jurídico de la alcaldesa para justificar la petición de ser citada a declarar de forma inmediata. «Puedo demostrar mi inocencia en diez minutos», apuntó la primera edil alicantina en una entrevista que concedió ayer a un programa de Onda Cero.

Durante todo este tiempo, así lo entiende el escrito, Castedo ha estado expuesta a la «presión mediática» sin posibilidad de dar la réplica. «La indefensión producida, dado el excesivo tiempo transcurrido, es notoria y los efectos perjudiciales en su imagen personal y política, indiscutibles», señala el escrito remitido por los defensores de Castedo al TSJ para fundamentar la «necesidad de audiencia» e, incluso, reservarse la opción, llegado el caso, de solicitar que se pudiera archivar el caso del PGOU por, en su opinión, falta de pruebas contundentes. «El derecho de mi representada a instar el archivo, habida cuenta la insuficiencia de los indicios reseñados en la Exposición Razonada y la escasa consistencia de las inferencias subjetivas en que se basa la imputación no formal», asevera el documento.

Ahora, por tanto, la decisión está en manos de Juan Climent, el magistrado designado como instructor del caso por el TSJ. La cúpula provincial del PP, de momento, ofrece todo su respaldo a Castedo, a la que consideran uno de sus principales activos electorales. Entre el nuevo equipo directivo de José Císcar se ha extendido la convicción de que la primera edil de Alicante tiene capacidad y argumentos para poder hacer frente a la situación. Y todo ello pese a que se trata de una estrategia «valiente pero arriesgada», señalan desde el PP sobre el inconveniente que supone declarar antes de conocer los argumentos del resto de implicados. Pero también, creen en la dirección popular, marca una línea de futuro: es «ejemplar» su decisión de dar explicaciones. En las filas populares apuntan que la intención de Castedo pasa por acelerar en la medida de lo posible el proceso para tenerlo resuelto, como máximo, en un periodo de dos años, antes, por tanto, de que se inicie la confección de las candidaturas para los comicios de 2015. El PP ya ha advertido que excluirá de su oferta electoral a dirigentes imputados, un trámite judicial en el que la alcaldesa aún no está envuelta.

La cúpula popular, en cualquier caso y por ahora, conserva su respaldo a la alcaldesa de Alicante. Los pasos continúan siendo los mismos que en su día ya avanzó este periódico. En el momento en el que se decretara la imputación, la dirección del PP abrirá un expediente informativo a Castedo pero no tiene previsto promover su relevo en la Alcaldía de Alicante, una situación que, sin embargo, sí se produciría en el hipotético caso de que, finalmente, el procedimiento del PGOU siguiera adelante y se procediera a la apertura de juicio. Ese fue el «corte» que, como se recordará, aceleró la caída de Francisco Camps y es la línea roja que no se permitirá pasar ni a Castedo ni a ningún otro dirigente del PP, apuntaron las fuentes populares consultadas, dentro de una estrategia de «igualar» el trato a a todos los dirigentes envueltos en procedimientos judiciales para evitar, en la medida de lo posible, que se enquisten los conflictos internos.

HEMICICLO AUTONÓMICOPendientes de que la alcaldesa salga de las Cortes Valencianas

Los dirigentes populares esperan la salida, ya anunciada, de Castedo de las Cortes. En su mayoría, vinculan el relevo al futuro de Luis Díaz Alperi, que rechaza, por ahora, dimitir. Si ambos lo dejaran, el procedimiento volvería a un juzgado de Alicante.

Incomunicación popular con Alperi

Frente al respaldo casi incondicional que el PP ofrece a la figura de Sonia Castedo, la situación de Luis Díaz Alperi evidencia la tensión que, en estos momentos, preside las relaciones entre el exalcalde y la cúpula popular. No ha sido nunca Alperi un dirigente demasiado ligado a la actividad interna del PP. Todo lo contrario. Y ahora no ha cambiado. A diferencia de Castedo, su contacto con la nueva dirección provincial a raíz de su complicada situación judicial es inexistente. No ha comunicado ni siquiera la estrategia que piensa seguir en el procedimiento, a pesar de que conserva su escaño en las Cortes. El desapego ha llegado al punto que, en principio, Alperi no tiene previsto acudir a la cena -no ha hecho reserva de ticket- que mañana presidirá Dolores de Cospedal junto a Alberto Fabra en Gandía para poner en marcha el curso político.