12 de septiembre de 2012
12.09.2012
PIEZA DEL CASO BRUGAL

El TSJ asume la causa del PGOU al ver indicios de delito en Castedo y Alperi

El Tribunal Superior se apoya en las conclusiones a las que llegó el magistrado Manrique Tejada y se declara competente para investigar si los dos aforados facilitaron datos reservados del planeamiento urbano de Alicante al empresario Enrique Ortiz a cambio de regalos

12.09.2012 | 02:00

Dos meses después de que el magistrado Manrique Tejada pidiera al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que imputara a la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al anterior regidor Luis Díaz Alperi por presuntamente facilitar a cambio de prebendas datos reservados del futuro planeamiento urbano de Alicante al empresario Enrique Ortiz, también imputado en esta causa, el máximo órgano judicial de la Comunidad ha dado un paso hacia esa doble imputación al declararse competente en la causa abierta por los supuestos amaños del PGOU de Alicante tras estimar que existen indicios de delito en la actuación de los también diputados autonómicos y, por lo tanto, aforados.
Una vez asumidas por el máximo órgano judicial de la Comunidad las conclusiones a las que llegó el juez Tejada después de más de dos años de investigación (en las que consideraba que tanto Castedo como Alperi podían haber cometido los delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y un tipo de cohecho aún por concretar), será el magistrado del TSJ Juan Climent, a quien le ha correspondido el asunto por turno, el instructor de esta causa para que continúe con las diligencias y "resuelva lo procedente en derecho respecto a las mismas", según recoge el auto.

Otras quince personas
En el procedimiento, además de la primera edil y de su antecesor, están imputadas otras quince personas aunque Tejada planteaba en su exposición razonada de motivos (las conclusiones de sus pesquisas que remitió al TSJ) que solo seis continúen bajo esa condición: el empresario Enrique Ortiz y su mujer, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio, José Luis Gutiérrez; el arquitecto Jesús Quesada, redactor del PGOU; y el empresario ilicitano Ramón Salvador. Por contra, el magistrado pedía el sobreseimiento para otros nueve imputados, entre ellos exdirectivos de la CAM y de Bancaixa y empresarios, sobre cuya suerte tiene que pronunciarse ahora el TSJ.
En el auto de la Sala de lo Civil y de lo Penal hecho público ayer también se acuerda, como consecuencia directa de la asunción de la causa, la apertura de diligencias a las que se incorporarán las que ahora se tienen que enviar desde el juzgado de Manrique Tejada. El magistrado, basándose en el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en el plan zonal de basuras de la Vega Baja, una operación de la que después de desgajó la parte correspondiente al PGOU de Alicante, considera factible que el empresario pudo recibir de Castedo y de Alperi datos sobre el futuro planeamiento urbano de Alicante cuando aun eran reservados. Además de trascripciones de conversaciones que supuestamente probarían estas conductas, el juez incidía en su escrito al TSJ en hechos como la reunión que cinco meses antes de que el plan general se hiciera público mantuvieron en el despacho del redactor y ahora imputado, Jesús Quesada, el empresario y la entonces responsable de Urbanismo. Y destacaba la capacidad de Ortiz para "influir en la autoridades públicas (...) prevaliéndose de su especial relación personal con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
Entre los regalos con los que los dos aforados fueron supuestamente compensados por facilitar esa información reservada al empresario, cita el instructor del caso en Alicante varios viajes (a Andorra en el caso de la alcaldesa y a Creta en el de Alperi), el pago a una empresa del hijo del exregidor y un coche que después Castedo presuntamente cedió a una amiga.

Los dos políticos serán citados ahora a declarar como imputados
Una vez asumida la competencia, acordada la apertura de diligencias y reclamado al juzgado del juez Tejada el expediente completo de la causa, el siguiente paso que tendrá que dar el nuevo instructor del caso del PGOU de Alicante, Juan Climent, será citar como imputados de los dos aforados para que presten declaración sobre los hechos que se les atribuyen. El propio Tejada dejaba claro en su exposición razonada que era imposible proseguir la investigación sin el testimonio de los también diputados autómicos, cargo que les confiere la condición de aforados e impide que, en su caso, actúe otro órgano judicial que no sea el Tribunal Superior. La existencia de los aforados arrastra al TSJ la totalidad de la causa que Climent puede llevar a las puertas de un juicio oral (que podría ser por jurado) o, de no concretarse los indicios de los que se parte, archivar. M. G.

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