Marina Pérez padece una lesión cerebral de nacimiento. Con una minusvalía del 80% esta joven de 26 años, considerada dependiente de grado II nivel 2, sólo cuenta con seis horas de atención al día. Es la jornada que, de lunes a viernes, cumple en el Centro Ocupacional Terramar. A partir de las 16.00 horas Marina no cuenta con ninguna otra atención especializada más que los mimos de su familia. "Mi hija necesita ayuda las 24 horas. Es injusto que a efectos de la ley solo se le considere dependiente siete horas al día. Yo no puedo seguir así", lamenta Maite. Esta alicantina cuida de su hija y de su madre también dependiente. "Mi madre tiene 81 años y padece Parkinson. Su enfermedad no entiende de horarios, ni siquiera puede ir al baño sola", asegura Maite. Vive en el barrio alicantino de Divina Pastora y cada noche deja a sus tres hijas con su marido para ir a casa de su madre y que ésta pueda dormir.

Con dos personas dependientes a su cargo recibe 400 euros mensuales como cuidadora no profesional de su madre y para su hija cuenta con el Centro Ocupacional Terramar, del que además debe pagar 150 euros al mes de transporte. "Solicitamos a la Generalitat poder acceder a las ayudas a las que tenemos derecho", exige Maite.

Esta luchadora ha reclamado en muchas ocasiones la compatibilidad para su hija. A raíz del decreto que la Generalitat aprobó en febrero de 2011 surgió, apenas unos meses después, una orden por la que el Consell reconoce que las personas que asisten a centros de día u ocupacionales tienen también derecho a recibir una prestación económica para que sus familias puedan tener ayuda durante el tiempo que el dependiente pasa en casa, así como los fines de semana y periodos de vacaciones. Este es el deseo de Maite, poder acceder a las prestaciones económicas para la atención a domicilio que el resto de dependientes disfruta al margen de la cobertura en centros de día.

"Así estamos, 24 horas trabajando para que ahora nos rebajen la ayuda y nos dejen sin Seguridad Social, lo que quiere el Gobierno del PP es que volvamos al olvido en el que estábamos antes de que se aprobase la ley de 2007", asegura Maite. Lleva más de un año presentando quejas ante el Síndic de Greuges. Como el resto de los afectados ha recibido ya la resolución en la que la institución recomienda al Consell que cumpla el decreto de 2011 de forma urgente. Una petición que Maite espera que sea escuchada por la Generalitat.