Las Cortes se han convertido en el paradigma de los casos de presunta corrupción en la Comunidad Valenciana. Gürtel, Brugal, fraude de las ONG y varios casos de ayuntamientos convergen en la bancada popular de la Cámara valenciana. En estos momentos, cohabitan siete imputados y otros cuatro más que están a las puertas de ser encausados -Rafael Blasco, Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Mayte Parra-. Si su partido aplicara el código ético y éstos se vieran obligados a marcharse al grupo de no adscritos formarían el tercer grupo parlamentario en número, superando a Compromís y EUPV, que suman seis y cinco diputados respectivamente. Ni en coalición entre ambos los podrían superar.
En el caso Gürtel están imputados Ricardo Costa, que ya estuvo implicado junto a Francisco Camps en el sumario de los trajes; David Serra, uno de los portavoces adjuntos del PP; la exconsellera Angélica Such, secretaria de la Mesa de las Cortes; Yolanda García Santos, extesorera popular; el exvicepresidente Vicente Rambla; y Milagrosa Martínez, también exconsellera de Turismo, antigua presidenta de las Cortes y ahora alcaldesa de Novelda.
El diputado Pedro Hernández Mateo está encausado por un caso durante su etapa como alcalde de Torrevieja, al igual que Mayte Parra, primera edil de Ibi, que podría verse en la misma tesitura. Por Brugal podrían ser imputados Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi; mientras que el caso de las ONG apunta hacia Rafael Blasco.
En estado de «pre-imputación»
Los diputados autonómicos, como los de las Cortes Generales, gozan de un fuero que les permite ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no por un juzgado ordinario en caso de que se hallen indicios de delito en alguna de sus actuaciones.
En la actualidad, el caso Gürtel, en su rama de la presunta financiación ilegal del PP, se está instruyendo ya en el TSJ. Además, el alto tribunal está a la espera de decidir si asume el fraude de las ayudas de la Generalitat a las ONG y el caso Brugal, en su vertiente del presunto amaño del PGOU de Alicante. El caso en el que podría estar implicada la alcaldesa de Ibi y diputada, Mayte Parra, también tendría que derivarse a él.
Más adelantados van los causas de Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Rafael Blasco, cuyas actuaciones están siendo estudiadas en el TSJ para que decida si los imputa y asume su instrucción. El de Hernández Mateo está para abrir proceso oral. Cabe recordar que el alto tribunal ya juzgó al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a Ricardo Costa.
