Lograr que la Ley de Dependencia sea sostenible. Es el objetivo en el que insisten desde el Gobierno y también desde la Generalitat. "Es necesario fomentar los servicios profesionales. Un 45% de los cuidadores son no profesionales, una cifra que debemos reducir para cumplir la ley, mejorar la atención al dependiente y crear empleo", manifestó ayer el conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré.
El conseller aseguró que la parte que le corresponde aportar para Dependencia a la Comunidad Valenciana no se va a tocar. Las autonomías tienen la obligación de igualar su aportación a la del Estado, de ahí que los afectados se pusieran en pie de guerra cuando el ejecutivo de Rajoy anunció un recorte de 25 millones de euros menos que en 2011. Un recorte que los afectados temen que pueda llegar hasta los 50 millones, al no tener el Consell que mantener la anterior aportación. Cabré mostró ayer su intención de no reducir el presupuesto para Dependencia, aunque aseguró que sin la última modificación de la ley, ésta sería "inviable ya que está sobredimensionada". Los cuidadores no profesionales, en su mayoría mujeres del entorno familiar, pierden con esta reforma la cotización a la Seguridad Social y la prestación que reciben se reduce en un 15%.
Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia lamentan que se apueste por cuidadores a tiempo parcial, ya que aseguran que son las personas más cercanas al paciente las que mejor conocen sus necesidades. "Quieren terminar con la única ley que nos amparaba hasta ahora", asegura el portavoz de la Plataforma en Alicante, Miquel Martorell. En total hay más de 6.100 cuidadores no profesionales afectados por estas medidas en la provincia de Alicante.
