Los 2.683.370 funcionarios que tiene España se han convertido en el colectivo laboral más castigado por los recortes, recortes y más recortes que han acometido las administraciones públicas desde 2010. Fue mediado ese año cuando se abrió la espita. El Ejecutivo central, capitaneado por Rodríguez Zapatero, asestó el primer bocado a la nómina de los funcionarios. Los empleados públicos vieron menguar su nómina una media del 5%. Desde entonces, el colectivo ha venido sufriendo tijeretazo tras tijeretazo. Bruselas aprieta y toca cumplir con los objetivos de déficit.
La larga y dura travesía que comenzó mediado el año 2010, con la crisis económica ya más que asentada en el panorama nacional, ha fulminado ya, en apenas 24 meses, un 25% del poder adquisitivo de los funcionarios. La ecuación es clara. Al 5% inicial de rebaja salarial se une ahora la supresión de la paga extra de Navidad, que representa otro ajuste del 7,2%. Ambos guarismos suman ya el 12,2%. Eso, solo en recortes puros y duros. Además hay que contabilizar que el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró 2010 en el 3% y 2011 en el 2,4%. Y esos años, el sector funcionarial tuvo congelada su nómina. La pérdida de poder adquisitivo se eleva, por tanto, hasta el 17,6%. Y eso, sin contar además que este año el Ejecutivo también ha congelado el salario de los empleados públicos y la previsión es que 2012 se finiquite con una inflación del 2,5%. Los ajustes, por tanto, reducirán su poder adquisitivo en un 20,1%.
Pero eso, solo con los tijeretazos inherentes a ellos. Es decir, los que el Gobierno ha aplicado de manera directa al colectivo de trabajadores de la administración pública. Luego se han adoptado otras medidas generales que también les golpean de lleno. Véase, por ejemplo, el aumento de las retenciones del IRPF con el que se estrenó Mariano Rajoy nada más desembarcar en el Gobierno o el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que, en algunos casos concretos, pasará del 4% actual al 21% a partir de septiembre. Si también se tienen en cuenta todas estas variables, el porecentaje de merma de poder adquisitivo rebasaría el 25%, según las estimaciones de los sindicatos.
Este panorama, negro de por sí, es aún si cabe más dramático en la Comunidad Valenciana. Porque al margen de los recortes estatales, la Generalitat también se ha visto obligada a «meter mano» en su sector funcionarial. Especialmente, en Educación y Sanidad, los dos grandes pilares del Estado del Bienestar junto a las políticas sociales. Privatización sanitaria al margen, el Consell de Alberto Fabra ha reducido al 50% el desarrollo de la carrera profesional en Sanidad, un complemento similar al de la productividad. Esta actuación permitirá un ahorro de 86,5 millones, según los cálculos del Ejecutivo.
En el ámbito educativo, los recortes en la nómina llegan también de un complemento. Concretamente, de los sexenios. Se frena su concesión y se reduce su cobro al 50%. Los profesores de la Comunidad, por tanto, no podrán sumar durante los próximos años ningún nuevo sexenio. Además, sólo cobrarán la mitad de lo que percibían por los que ya tenían concedidos. La Conselleria de Educación dejará de gastar así 67,5 millones.
Pero es que además, y ya en términos generales, se han suspendido las aportaciones al plan de pensiones; la Generalitat no completa el pago en situación de incapacidad temporal y solo abona el 80% en caso de baja laboral; a los profesores interinos no se les pagan los meses de verano; se han suprimido todas las ayudas sociales; y se han reducido los días moscosos –tal y como acaba de acordar también el Gobierno central– y las vacaciones adicionales, entre otras medidas.
Con toda esta ristra de ajustes, no es de extrañar el clamor popular que se vivió este pasado jueves en toda España... y en Alicante. Alrededor de 50.000 personas –muchas de ellas funcionarios– se echaron a la calle en la ciudad para censurar los tijeretazos estatales y autonómicos. Los empleados públicos de la provincia no se cansaron de lanzar proclamas. Una de las más repetidas, que ellos no tienen la culpa de la crisis y que no han vivido por encima de sus posibilidades. La asunción de responsabilidades debe llegar desde la clase política y no desde los trabajadores, reiteraron.
El peso funcionarial
A diferencia de lo que pueda apuntar el imaginario colectivo, el peso funcionarial es relativamente bajo en la Comunidad Valenciana. La autonomía es la segunda de toda España con menos empleados público por habitante, con una proporción de uno por cada 22. Solo Cataluña, con uno por cada 23,9, mejora los datos valencianos. Los guarismos son especialmente «austeros» en Alicante, con una proporción de un funcionario por cada 24 ciudadanos. En la provincia hay 79.292 empleados públicos: 10.816 de la administración estatal, 44.348 de la autonómica, 22.721 de la local, incluida la Diputación, y 1.407 en las universidades, según los últimos datos del Registro Central de Personal, referentes a enero de 2011.
En la provincia de Valencia existe un funcionario por cada 20,7 ciudadanos, mientras que Castellón contabiliza uno por cada 21,2. Por comunidades, Extremadura (con 11,8); Aragón (14,5) y Castilla y León (14,7) son las tres con más empleados públicos por ciudadano.
La media nacional, por su lado, se sitúa en 17,5. En Italia hay uno por cada 17 habitantes y en Alemania, uno por cada 18. Suecia tiene uno por cada 8; y Finlandia, Letonia y Malta, uno por cada 9.
Recortes a los empleados públicos
Tijeretazo del 5% en 2010
Mediado del año 2010, con la crisis ya más que asentada en el panorama nacional, el Gobierno socialista de Zapatero acordó reducir el sueldo de los empleados públicos en una media del 5%.
Congelación salarial en 2011
Junto al recorte del 5%, el Ejecutivo central acordó congelar el salario de todos los empleados públicos en el año 2011 con el objetivo de contener el déficit.
Rajoy se estrena en la presidencia con un aumento del IRPF
El nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se estrenó en el cargo con un nuevo bocado a las nóminas de los empleados públicos. En su primer gran paquete de medidas de ajuste incluyó la subida temporal, durante los años 2012 y 2013, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El aumento de la carga fiscal se aplicó desde febrero y es mayor a medida que los ingresos son más elevados.
Llegan nuevos ajustes de la Generalitat Valenciana
El arranque de 2012 llegó con un nuevo recorte para los empleados públicos de la Comunidad. La Generalitat aprobó el decreto-ley 1/2012 que, entre otros ajustes, contempla la reducción de jornada a interinos y personal laboral (pasan de 37 horas semanales a 25 horas); deja a los profesores interinos sin cobrar los meses de verano; y suprime las ayudas sociales.
El decreto del Consell se «ceba» con los profesionales de la Sanidad y la Educación
Al margen de los recortes a los interinos, el decreto-ley de la Generalitat paraliza la concesión de sexenios y reduce su cobro al 50% en Educación. Además, reduce al 50% el desarrollo de la carrera profesional en Sanidad, un complemento similar al de la productividad.
Cae el número de profesores interinos y se despide a empleados de empresas y fundaciones públicas
La deuda de la Comunidad y las exigencias de contención del déficit impuestas por Bruselas han llevado al Consell a recortar el número de profesores interinos. Hasta 3.000 se verán en la calle el próximo curso, según los sindicatos. Además, miles de trabajadores se irán o ya se han ido al paro por la reorganización del sector público empresarial.
Adiós a la extra de Navidad
El ajuste más reciente es la supresión de la paga extra de Navidad para los empleados públicos que perciban más de 962 euros brutos al mes. Los que estén por debajo de esa cifra se salvan. Ese tijeretazo ha movilizado a decenas de miles de personas en toda España.
Comparativa de recursos de personal de 15 municipios de la provincia
Ayuntamientos con más empleados municipales de la provincia en función a su número de habitantes
Ayuntamiento Empleados municipales Habitantes población Trabajador municipal / habitante
FINESTRAT 190 6.087 0,03
CALP 600 29.718 0,02
DÉNIA 600 44.726 0,013
BENIDORM 913 72.062 0,012
LA VILA JOIOSA 357 32.733 0,01
IBI 224 23.683 0,0094
ALCOY 570 61.093 0,0093
VILLENA 290 34.966 0,0082
ALTEA 204 24.056 0,008
ELDA 413 54.610 0,007
ORIHUELA 700 88.714 0,007
ELCHE 1.805 230.354 0,007
TORREVIEJA 680 102.136 0,006
ALICANTE 2.000 334.329 0,006
PETRER 220 34.726 0,006
Ayuntamientos con más gasto en personal según su presupuesto en millones
Ayuntamiento Presupuesto anual Gasto Capítulo Personal Porcentaje de gasto que supone
La Vila Joiosa 35,3 17,5 49,5
Petrer 20,6 10,1 49
Calp 32,7 14,8 45,2
AlcoY 45,7 20,1 43,9
Ibi 17,3 7 40,4
Finestrat 17,7 6,9 38,9
Elche 178,8 67,5 38,1
Altea 25,5 9,7 38
Orihuela 66,9 24,1 36
Benidorm 99,7 35,8 35,9
Elda 43 15 34,8
Alicante 240,4 81,1 33,7
Villena 25,8 8,7 33,7
Dénia 57,9 19 32,8
Torrevieja 95,6 29,1 30,4
Fuente: Diputación. Datos extraídos de los Presupuestos de este año, y los prorrogados de 2011
Tranquilidad en el juguete e incertidumbre en el turrón
La supresión de la paga extra de los funcionarios podría haber caído como una losa en los sectores del juguete y el turrón, que concentran la mayor parte de sus ventas a finales y principios de año. Sin embargo, las perspectivas son contrapuestas. Mientras que el sector turronero cree que el tijeretazo del 7,2% a las nóminas de los empleados públicos «sí se va a dejar notar» en sus ventas, los jugueteros consideran esta medida como un mal menor. «Es pecata minuta», sentencia el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor. «Con la que está cayendo ahora mismo en España, es necesario que se produzcan ajustes que conduzcan a reducir el déficit y a mejorar la situación económica. Y cuanto antes se hagan, mejor», continuó. Pastor insistió además en que el último recorte al salario de los empleados públicos «queda en algo simbólico en comparación con la situación del país».
El sector del turrón tiene una visión distinta. El portavoz del Consejo Regulador, con sede en Xixona, lamenta que el anuncio del nuevo recorte llega «en plena negociación con los clientes» y admitió que los pedidos «se están retrasando». «Confiamos en que se recupere la confianza antes de las Navidades», sostiene Rubén López. Además admite que las ventas «se pueden resentir» y adelanta que el sector hará frente a la subida del IVA para que no repercuta en el consumidor final.
El alcalde de Xixona, el socialista Ferran Verdú, señala que existe «preocupación» en el municipio y cree que las grandes superficies reducirán este año el número de pedidos: «El Gobierno debería estar al lado de los ciudadanos y las empresas, porque está consiguiendo que se desincentive el consumo».
ENTREVISTAS
Empleados públicos de las administraciones local, autonómica, nacional y la Diputación. Los cuatro coinciden en censurar los ajustes y creen que el Gobierno puede aumentar sus ingresos reforzando el control sobre el fraude.
José María Jiménez
Policía Local y dirigente del SPPBL
«Ha llegado el momento de la desobediencia»
¿Qué opina del último ajuste?
Una barbaridad. Existen otras formas de recortar gastos, como que los grandes empresarios y los directivos de los bancos ganen menos. Y además, que no haya amnistía fiscal para los defraudadores.
¿Cree que el Ejecutivo cambiará sus políticas, o seguirá por el mismo camino?
Ha llegado el momento de la desobediencia civil, de no pagar las hipotecas y los impuestos. Igual así habría una conciencia general en los poderes públicos y se tendrían en cuenta a los ciudadanos.
Tomás Salinas
Empleado de la Diputación
«El Gobierno lleva la provincia a la ruina»
Otra vez les recortan el sueldo.
Es un atraco, un asalto. Han vuelto a elegir la solución más fácil y se están cebando con un sector que parece haber estado aborregado. Desde 1996 hemos perdido un 50% de poder adquisitivo.
¿Qué consecuencias tendrá el nuevo ajuste?
Habrá compañeros que tendrán problemas serios para cubrir sus gastos corrientes. Y el Gobierno va a llevar la provincia a la ruina, porque el recorte afectará al consumo de turrón y la compra de juguetes y calzado.
Teresa Cortinas
Funcionaria de Tráfico
«Tienen que recortar asesores y puestos a dedo»
¿Qué alternativas plantearía usted antes de la rebaja salarial a los funcionarios?
Los ajustes del Gobierno me parecen una desfachatez. Lo primero que se debería hacer es recortar en asesores y puestos nombrados a dedo. También se tiene que reducir el número de políticos en los consejos de administración y la cantidad de coches oficiales. Y, por supuesto, habría que aumentar la presión contra los defraudadores, reforzando la plantilla de inspectores de Hacienda.
Encarnación Cabrera
Educadora de Educación Especial
«Es un atraco; nuestros sueldos son reducidos»
¿Qué le parece el nuevo ajuste?
Es un atraco y no hay derecho a que nosotros paguemos lo que otros han despilfarrado. Además, nuestros sueldos son reducidos.
Llueve sobre mojado.
Pues sí. Lo que debería hacer el Gobierno es combatir el fraude fiscal, pero parece que no le da la gana. También podría recortar en otras partidas, pero en esta Comunidad nos hemos caracterizado por el descontrol del dinero. Solo hay que ver la Ciudad de la Luz, la Ciudad de las Artes o la Fórmula 1.
