Por segunda vez en menos de 60 días el empresario alicantino Enrique Ortiz ha sido enviado al banquillo por dos jueces de instrucción. Si hace menos de dos meses la titular de Instrucción 8 de Alicante abrió juicio oral contra el constructor por tenencia ilícita de armas por el revólver hallado en la caja fuerte de sus oficinas de Cívica durante los registros de la Operación Brugal, ahora es el juez de Instrucción 1 quien ha decidido sentar en el banquillo al empresario por fraude fiscal en la compraventa de unos terrenos en un PAI ubicado en la playa de San Juan, propiedad de Hansa Urbana. Además de Ortiz, en la causa figuran como procesados el dueño de Hansa, Rafael Galea; el empresario Aurelio González Villarejo y otros tres trabajadores de las firmas investigadas, para los que el fiscal pide que penas que suman cuatro años de prisión y nueve meses.
La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado los recursos presentados por las defensas, por lo que mantiene la acusación a los seis imputados por el supuesto fraude de casi seis millones de euros a la Agencia Tributaria. Aunque el auto de apertura de juicio oral ya está preparado, según ha podido saber este diario, no ha sido enviado oficialmente aún a las partes. La querella se presentó en el juzgado a comienzos de 2010 tras recibirse en la Fiscalía una denuncia de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda, en la que se alertaba de una desgravación indebida en el IVA por una venta de suelo de Hansa Urbana a otra de las mercantiles de Ortiz en un PAI de la Playa de San Juan. Los presuntos delitos por los que se enfrentará Ortiz a una millonaria multa -seis millones de euros que, según Hacienda, es la cantidad defraudada- y a más de un año de prisión son fraude fiscal y otro de falsedad documental.
Entre los acusados se encuentran, además del mencionado Ortiz, el responsable de Hansa Urbana, Rafael Galea, así como el empresario Aurelio González Villarejo. A éste último y a Ortiz el fiscal les atribuye cooperación necesaria en el supuesto fraude.
Hacienda considera que Enrique Ortiz y González Villarejo -ambos también imputados en el presunto amaño del PGOU de Alicante- colaboraron en el presunto delito fiscal, ya que figuran como beneficiarios del suelo en base a un régimen de arrendamiento que permitió a Hansa Urbana beneficiarse de la deducción fiscal investigada, un alquiler previo que, según el fisco era ficticio, al igual que recoge el fiscal en su escrito de acusación.
Primera solicitud de prisión
Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo otra juez dictó auto de procesamiento contra Ortiz por tenencia ilícita de armas, un delito por el que la Fiscalía pide un año y medio de prisión tanto para él como para otros tres trabajadores. En el caso del revólver se trató de la primera acusación formal con penas de cárcel emitida contra Ortiz y la primera vez que los tentáculos de la Operación Brugal alcanzaban un trámite avanzado en una investigación judicial como es la decisión de la celebración de juicio oral.
El hallazgo del arma se produjo hace dos años durante los registros policiales llevados a cabo en Alicante -entre ellos, también el domicilio del empresario, su yate, y el domicilio particular del expresidente de la Diputación y actual presidente del Puerto, José Joaquín Ripoll- en el marco de la pieza separada del caso Brugal que investiga un fraude en la confección del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.
Semanas marcadas por la sombra de Brugal y Gürtel
Enrique Ortiz ha visto en menos de dos meses cómo dos jueces distintos lo sientan en el banquillo, cómo otro juez matiene su imputación por presuntas irregularidades en el Plan General de Alicante y pide al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad que asuma la causa al haber aforados -Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi- y cómo el juez de este tribunal, José Ceres, le interrogó hace una semana por la presunta financiación irregular del PP. Y todo ello, en un último mes duro para el Hércules, que ha vivido en las últimas semanas una convulsión tras destronar Ortiz a Valentín Botella para colocar a Jesús García Pichart como presidente con el fin de quitarle el poder deportivo a Sergio Fernández, lo que provocó el malestar de la afición.
