El magistrado Juan Climent será el ponente del conocido como 'caso Brugal' --en el que se investigan presuntas irregularidades en el PGOU-- mientras que Pía Calderón se encargará de la 'causa de cooperación' --donde se estudia un presunto fraude en subvenciones otorgadas por la Administración a distintas ONG--, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su Twitter.
Se da la circunstancia de que Juan Climent, que presidió la vista de la causa de los trajes de Camps, está de permiso por unos días, por lo que se hace cargo durante este periodo de permiso el magistrado José Flors, que instruyó la citada causa del expresidente de la Generalitat.
Ambos procedimientos han llegado al tribunal valenciano, después de que los jueces instructores los hayan remitido por hallar hechos delictivos en personas aforadas, con lo que los procedimientos dejarían de ser de su competencia.
En concreto, la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia remitió la causa que instruía --cooperación-- al estimar que el extitular de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y actual síndic del PP en las Corts, Rafael Blasco, pudo haber cometido un delito de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental.
La magistrada considera que Rafael Blasco participó de los beneficios "ilícitos" de la trama y afirma que conocía las "irregularidades" y, sin embargo, no actuó.
Por su parte, el titular del juzgado número 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha pedido la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
El magistrado Manrique Tejada también ha enviado el sumario al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana debido a la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos.
La sala del TSJCV ya ha recibido ambas causas, y lo primero que ha hecho es designar un ponente, que será el que se encargará de elaborar una ponencia que luego elevará al resto de magistrados para debatir sobre si son competentes o no para asumir las instrucciones propuestas. En el caso del 'caso Brugal', el ponente es Juan Climent; y en la 'causa de cooperación', Pía Calderón.
Si la sala asume la competencia de los casos, lo más normal es que sea el mismo ponente el que se encargue de su instrucción --Climent y Calderón--. Estos magistrados serían, en su caso, los que decidirían sobre las posibles imputaciones de Blasco, Castedo y Alperi.
