19 de junio de 2012
19.06.2012

La elevada deuda obliga al PSPV a cambiar de abogado y fichar al diputado Gabriel Echávarri

Puig encarga al parlamentario alicantino la batalla judicial contra Blasco por el caso de las ONG

19.06.2012 | 02:00
La elevada deuda obliga al PSPV a cambiar de abogado y fichar al diputado Gabriel Echávarri

Cambiar de abogados en el PSPV no es una cuestión de trámite consecuencia de la llegada a la sede de Blanqueries de la nueva dirección que lidera Ximo Puig. Ni mucho menos. Renovar al equipo jurídico de los socialistas valencianos supone poner encima del tapete el rumbo de la estrategia judicial en el caso Gürtel -hasta ahora en manos del despacho de Virgilio Latorre- o en la trama de las ONG, que afecta directamente a Rafael Blasco, síndic del PP en las Cortes. Precisamente, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha tomado la decisión de "fichar" a Gabriel Echávarri, diputado en el Congreso por Alicante, como abogado para dirigir la batalla jurídica contra Blasco.
Con esta decisión, la nueva cúpula del PSPV mata tres pájaros de un tiro: da un respiro a las arruinadas arcas del socialismo valenciano; toma el mando de la estrategia jurídica con una persona de confianza; y, finalmente, "recorta" el poder que, hasta ahora, tenía Ángel Luna, anterior síndic en las Cortes, especialmente, sobre los pasos a dar en la operación Gürtel. Por partes. La situación del PSPV es de "bancarrota" casi absoluta. En una reciente reunión de la ejecutiva, el vicesecretario de Organización del PSPV, Alfred Boix, cifró la herencia económica de Jorge Alarte en una deuda de 9,5 millones de euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas. La situación es crítica. Hasta el punto que se están barajando diversas opciones. Desde un ERE para reducir la plantilla de la sede de Blanqueries hasta la decisión, ya tomada, de incautar hasta un 30% de la paga extra de verano de todos los cargos públicos de la formación con el objetivo de aliviar los problemas de liquidez de una organización que, a lo largo del mandato de Alarte, perdió nada menos que 6.000 afiliados y, con ello, una importante fuente de ingresos.
Entre las deudas pendientes de abono, destacan, sin duda, los 516.000 euros que el PSPV debe entregar al despacho de Virgilio Latorre, el letrado que, hasta ahora, dirigía casi en exclusiva la estrategia jurídica del socialismo valenciano. La llegada de Gabriel Echávarri, que ya llevó en su día asuntos de la agrupación socialista de Alicante como el caso Mercalicante, reduce el gasto y además deja en manos del equipo de Puig el mando de las operaciones judiciales pendientes. No en vano, Echávarri está ligado al grupo que respaldó a Ximo Puig en la ciudad de Alicante. El pasado miércoles, el líder de los socialistas valencianos encargó al diputado preparar la personación en el caso de la ONG, que se presentará una vez que Ferraz otorque los poderes legales, ya solicitados.
Finalmente, la decisión supone reducir el poder que Luna tiene sobre las batallas jurídicas del PSPV. En tanto que la mayoría de decisiones judiciales se tomaron durante la etapa en la que el que fuera portavoz en las Cortes ejercía como hombre de confianza de Alarte, Luna aún conservaba una importante influencia. Las relaciones entre parte del entorno de Puig y el diputado alicantino no son, precisamente, las mejores. Y esto aparta aún más a Ángel Luna, presidente de la gestora socialista en la ciudad de Alicante, de la sala de mando de Blanqueries.
Echávarri, en esta tesitura, parece ser, de esta manera, una de las nuevas referencias socialistas. El diputado inició ayer una ronda de contactos con grupos de la agrupación de Alicante para anunciar oficialmente su candidatura a la secretaría general. El grupo de Elena Martín baraja presentarle rival, aún sin decidir. Para la comarca de l'Alacantí, el grupo de Echávarri y otros sectores de la capital apuestan por un pacto con algunos pueblos para lanzar una candidatura. Baltasar Ortiz, de Sant Joan d'Alacant, podría ser también aspirante con el apoyo de los afines a Leire Pajín.

Llega a las Cortes la petición previa a la imputación de Blasco
La petición del juzgado que instruye la investigación sobre la trama de Cooperación a las Cortes para que certifiquen y acrediten si Rafael Blasco es diputado autonómico llegó ayer al registro de la Cámara autonómica, informa la agencia Efe. Es el paso previo para la imputación del síndic del PP en las Cortes, que ya ha renunciado temporalmente al cargo. El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargado del caso, dictó el pasado martes una resolución según la cual veía indicios para "imputar hechos de naturaleza delictiva" al exconseller Blasco. En esa resolución, el juzgado anunciaba que pediría a las Cortes que acreditaran la condición de diputado de Blasco, que era conseller de Solidaridad cuando se concedieron las ayudas investigadas. Asimismo, solicitaba a la Fiscalía que se pronunciara sobre la procedencia de elevar la causa al TSJ. Seis días después, ayer entró en las Cortes el mencionado escrito que pone al dirigente del PP a las puertas de la imputación. efe

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