Cerco a los conductores. Los municipios de la provincia parecen haber encontrado un maná en el desierto, un tesoro en medio del páramo de la crisis. Los ayuntamientos han hallado la tecla para que sus cuentas no continúen languideciendo. Y, una vez más, la solución está en el bolsillo de los contribuyentes. Ahora, concretamente, en el de los conductores. La Memoria 2011 de Suma (el organismo de gestión tributaria de la Diputación de Alicante) saca a la luz que durante el pasado ejercicio, las distintos cuerpos de Policía Local de la provincia impusieron 129.094 sanciones de tráfico, 6.000 más que un año antes. Y gracias a ellas, las 89 poblaciones que han delegado la recaudación de este tipo de multas en Suma se embolsaron 10,2 millones de euros. Casi nada.
Esta última cifra consolida las sanciones de tráfico como el cuarto mayor ingreso de los ayuntamientos, según revela la Memoria 2011 de Suma. El principal nutriente de las arcas locales continúa siendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Solo durante el pasado año, el organismo tributario de la institución provincial recaudó 56,8 millones por ese concepto. En segunda instancia figura el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con unos ingresos globales de 15,1 millones; mientras que la inspección tributaria representa la tercera principal vía de ingresos para los consistorios, con 10,7 millones. Justo después aparecen las sanciones de tráfico.
Los 10,2 millones de multas podrían ser netamente superiores si, por ejemplo, Suma tramitara las denuncias que se formalizan en la ciudad de Alicante. Pero no lo hace. No obstante, de las 52 localidades alicantinas que aún no han optado por que el organismo de la Diputación gestione sus multas, solo tres son poblaciones de tamaño grande: Alicante, Alcoy y Dénia. El resto son en su inmensa mayoría pequeños municipios de la Marina Alta y l’Alcoià-Comtat.
Evolución
Pese al repunte de sanciones del pasado año, los antecedentes que facilita Suma en su Memoria 2011 sacan a la luz que desde que estalló la crisis, en el último trimestre de 2007, el número de sanciones de tráfico ha ido disminuyendo de manera progresiva. Hasta ahora. ¿Las dificultades económicas de muchas familias explican ese descenso? Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico están convencidas de que sí. «Ya no se ven tantas infracciones como antes. Y seguro que la crisis tiene parte de culpa», admiten. Aunque, eso sí, acto seguido matizan: «Pero se siguen cometiendo irregularidades».
La Dirección General de Tráfico, por el contrario, ha destacado ya en varias ocasiones que tanto la reducción de muertes en carretera como el descenso de infracciones se están produciendo, en parte, por la implantación del carné por puntos, que en apenas dos meses cumplirá su sexto año de vida. Y también, gracias a la concienciación de los conductores. En 2008 hubo 165.409 denuncias; en 2009 se contabilizaron 140.436; en 2010 la cifra cayó hasta las 122.946; y en 2011 repuntó hasta las 129.094.
Al margen de las causas, una cosa queda clara: los ciudadanos ya no abonan las sanciones al ritmo de antaño. En 2011, el peor año de la crisis, el organismo de gestión tributaria de la Diputación «solo» pudo cobrar el 68,37% del total de sanciones de tráfico que se impusieron en los municipios de la provincia. En 2008, primer año completo de turbulencias económicas, el porcentaje se elevó hasta el 93,30%. La liquidez ya no es la que era.
UPyD denuncia la «presión recaudatoria»
El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis, anunció ayer que aprovechará el próximo pleno para preguntar al equipo de gobierno por el aumento de sanciones de tráfico. «Queremos saber si es real esa sensacio?n de que se han incrementado las multas, que tienen muchos ciudadanos, y que asi? nos lo han hecho llegar», señaló el concejal en un comunicado. Llopis consideró evidente que sí se ha producido un repunte de denuncias a lo largo de los últimos meses. «Esta? claro que se ha incrementado notablemente la presio?n a nivel de nu?mero de sanciones de tra?fico, tanto a los ciudadanos de Alicante como los visitantes que tenemos», prosiguió. El edil de UPyD también valoró la puesta en marcha de los nuevos radares en la ciudad y reclamó al PP que instale paneles de mayores dimensiones que adviertan al conductor de su existencia. «Entendemos que los radares han de tener un objetivo disuasorio», concluyó.
La DGT tramita otras 134.375 sanciones en la provincia
Los conductores que circularon por la provincia no solo tuvieron que hacer frente a las 129.094 sanciones de tráfico que tiene contabilizadas Suma de 89 municipios. También se expusieron a las multas que impone la Dirección General de Tráfico (DGT). En 2010 -último año computado por esta entidad dependiente del Ministerio del Interior-, la DGT gestionó un total de 134.375 infracciones viales en las carreteras alicantinas. O lo que es lo mismo, una media de 368 al día. Buena parte de esas sanciones proceden de los 29 radares que hay instalados en diferentes vías de la provincia. La que más acumula es la N-332, con 13. Le sigue la A-70, con seis.
Uno de los mecanismos de control de velocidad más llamativos es el del túnel de Sant Joan, donde se ha instalado un radar de tramo. Las cámaras graban todos los vehículos que pasan por el túnel y registran el momento exacto en el que cada turismo entra y sale, así como su matrícula. Más tarde, con estos datos, un ordenador comprueba los tiempos que cada conductor ha tardado en cruzar el túnel y calcula su velocidad media. Posteriormente, las imágenes de aquellos vehículos que se hayan saltado la velocidad se envían al Centro de Gestión de Denuncias Automatizadas de Tráfico, que gestiona la multa y se la hace llegar al infractor. En estos mecanismos, todos los sensores están interconectados, «de modo que no sirve de nada cambiarse de carril, ni frenar justo antes de la cámara instalada al final del túnel, ya que lo que mide es la velocidad media a la que se circula por dicho tramo», según advierte la DGT.
Otras provincias españolas que ya cuentan en sus carreteras con radares de tramo son Jaén, Málaga, Segovia, Madrid, A Coruña y Zaragoza, según informa la DGT en su página web.
