El magistrado José Francisco Ceres, instructor en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del sumario que investiga una supuesta red de financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel, ha imputado a la exconsellera de Turismo Angélica Such, actualmente diputada y secretaria de la Mesa de las Cortes. Es el tercer miembro del gobierno de Francisco Camps, junto a Milagrosa Martínez y Vicente Rambla, que aparece involucrado en este procedimiento, en el que están imputados, por ahora, media docena de diputados autonómicos del PP. Junto a Such, la expresidenta de las Cortes y Rambla, también están inmersos en esta investigación la tesorera popular, Yolanda García Santos; el coordinador de Economía del PP en las Cortes, Ricardo Costa, absuelto en el procedimiento de los trajes; y el vicesecretario de Organización de la cúpula regional de los populares, David Serra. De forma global, hay un total de 25 personas imputadas en una instrucción vinculada a la operación Gürtel que afecta al corazón de las finanzas del PP en la Comunidad.

Tanto la actual secretaria de la Mesa de las Cortes como Milagrosa Martínez, que compagina en estos momentos el escaño con la alcaldía de Novelda, tendrán que declarar ante el instructor del caso, respectivamente, los días 8 y 30 de mayo. Durante el mandato de ambas, la conselleria de Turismo adjudicó de forma sistemática los contratos para organizar la presencia de la Comunidad en las ferias turísticas a la mercantil Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes y que ejercía como filial de la trama de Francisco Correa en la Comunidad.

La Policía, en varios informes, sostiene que la trama corrupta facturaba a grandes constructoras -entre ellas la del alicantino Enrique Ortiz- por servicios no prestados que, en realidad, se correspondían con gastos del PP de la Comunidad. La Generalitat, durante varios años, a su vez, habría adjudicado jugosas contratas a las constructoras pero también a las mercantiles de la propia red Gürtel, como en el caso de los expedientes ligados a Turismo. En las primeras citaciones, previstas para finales del mes de abril, el instructor del sumario tomará declaración a otros cinco imputados -exaltos funcionarios y una empleada de la trama- por supuesto delito electoral, falsedad documental y prevaricación. La matriz de la investigación -asumida por el TSJ hace ahora un año- tiene su epicentro en la financiación del Partido Popular para la campaña autonómica de 2007, en la que Camps consiguió su segunda mayoría absoluta; y las elecciones generales del año siguiente.

Al tiempo, el magistrado Ceres también ha rechazado, como informó el TSJ, la admisión a trámite de la querella que la dirección nacional del PP, ya adelantada en su día por este periódico, presentó contra Orange Market para intentar personarse en la investigación. El auto entiende que es inconcreta y que no procede, por tanto, su admisión. Con la denuncia, Génova intentaba ejercer la acción popular pero, sobre todo, tener acceso al sumario.