La doctrina Fabra, que predica la desaparición de los primeros planos de la escena pública de los imputados por casos de corrupción, tiene, por ahora, un par de excepciones en la Administración en sentido laxo: Dora Ibars e Isabel Villalonga. La primera está imputada por la causa Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PP y Villalonga, en los pagos de la Generalitat a Iñaki Urdangarín. No han sido defenestradas. Rafael Blasco, síndic del PP en las Cortes, no será otra excepción. El presidente Fabra fue contundente al ser preguntado sobre si la investigación judicial de la presunta desviación de fondos de Cooperación en la Conselleria de Solidaridad, siendo Blasco su titular, se saldará con cambios en la dirección del grupo. "Siempre he defendido la presunción de inocencia. Si no hay ninguna imputación de Blasco, seguirá siendo portavoz del grupo popular", afirmó. ¿Y si la hay? "Ya he contestado", zanjó. Blasco correría la misma suerte que Josep Maria Felip o Alexandre Català, exaltos cargos en Solidaridad, o de implicados en la trama Emarsa como Enrique Crespo.
Fabra y Puig comparten su preocupación por la mala imagen de la Comunidad, pero discrepan en el diagnóstico. El socialista apuesta por una terapia de depuración de "responsabilidades". Por ejemplo en la quiebra de Bankia, donde reiteró su petición de una comisión de investigación. "No puede pasar ni un día más sin que los que han dilapidado el capital de la tercera y cuarta caja mantengan su posición", comentó, para proclamar: "No podemos tolerarlo". Fabra rechaza una investigación parlamentaria.
