La fundación matriz del entramado de ONG y funcionarios acusados de defraudar ayudas al tercer mundo de la Conselleria de Solidaridad que dirigía Rafael Blasco desvió dinero público para la compra de dos viviendas en Miami y una embarcación, según consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso este periódico. La juez señala que dos inmuebles que tienen a su nombre la mujer del empresario ahora encarcelado se habrían utilizado para "la transformación de los fondos públicos en privados".La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia acordó el pasado miércoles por la noche levantar el secreto de sumario de la investigación sobre una presunta trama de funcionarios y ONG que podría haber desviado unos 6 millones de euros de ayudas de la Generalitat al tercer mundo. De momento, ya hay 22 imputados . Además, el empresario considerado por la magistrada como el cabecilla de la trama, César Augusto Tauroni, se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el mes de marzo, fecha en que se realizaron las primeras 14 detenciones relacionadas con el caso. Se les acusa de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones públicas, falsedad documental y cohecho.
Un auto emitido por la juez instructora revela una total connivencia entre altos cargos y funcionarios de la Generalitat con el cabecilla de la trama y la ONG que dirigía en la sombra, la Fundación Hemisferio. A través de esta organización y otras cinco captadas para la causa, conseguían subvenciones de la Conselleria que dirigía Rafael Blasco pese a no estar cualificadas. Incluso se llegó a falsificar documentos para conseguir las subvenciones entre 2008 y 2011, y pese a que este periódico había revelado estas prácticas. Ni la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de las diputadas del PSPV y Compromís, Clara Tirado y Mireia Mollà, fueron suficientes para que la red dejara de intentar defraudar y la Generalitat continuara otorgándoles fondos públicos.
Parte del dinero que recibían las ONG se destinaba, "dos o tres días después de cobrarlo", a empresas de Augusto Tauroni y de los administradores de la Fundación Hemisferio. Según el auto de la juez, "Augusto César Tauroni ha creado un entramado de sociedades a través de las cuales ha conseguido captar elevadas cantidades de dinero, utilizando para ello como meras entidades instrumentales a las ONG que han concurrido a las convocatorias públicas de la administración autonómica, circunstancia que queda claramente constatada del contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados".
Por lo que respecta a los cinco funcionarios y exaltos cargos de la Generalitat, la juez considera que "la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de indicios de la suficiente entidad para imputar a estos un actuar irregular e incardinable en tipos penales como la malversación de caudales públicos o la falsedad documental". La magistrada acusa de haber participado en la supuesta trama al exdirector general de Cooperación, Josep María Felip, al jefe de área Marc Llinares y a la jefa de servicio María Dolores Escandell. Además, están imputados el exsubsecretario de Solidaridad, Alexandre Català, y la ex secretaria general de Solidaridad, Tina Sanjuán. Todos han declarado ante la juez y, según se revela de algunas de sus declaraciones, han señalado a Blasco como "responsable político".
