"No soy partidario de los aforamientos"

Bueno... yo... al expresidente Camps le tengo un respeto grande.

¿La pregunta era si el expresidente y usted seguían siendo amigos?

Ya digo que tengo el máximo respeto por su figura, que he compartido momentos importantes profesionales y que le agradezco la confianza que tuvo nombrándome conseller de Justicia.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron?

No lo recuerdo... hay amigos a los que ves más y a otros menos y luego la vida... yo estoy ahora viviendo en Madrid y ya no tengo tanta relación que mucha gente que vive en Valencia.

¿A qué achaca el alejamiento?

Bueno... hablar de alejamiento... lo que pasa es que las circunstancias han marcado que estemos en una posición u otra y..., en fin, cada uno tiene su vida.

En una entrevista de hace algo más de dos años, cuando el asunto de los trajes aún estaba vivo, usted manifestó su convicción de que el exjefe del Consell era una persona honesta. ¿Sigue pensando lo mismo?

Lo ha dicho un jurado popular y por lo tanto es la conclusión a la que tenemos que llegar: que Camps es una persona honesta.

¿El resultado del proceso hubiera sido el mismo de no haberle juzgado un jurado popular?

La realidad es que hubo un jurado popular que resolvió que era no culpable. Quiero pensar que un tribunal de magistrados habría dicho lo mismo.

En el supuesto de que usted hubiera cometido un delito, ¿preferiría ser juzgado por ciudadanos o por jueces?

Lo que creo es que no tendría que haber ley del jurado en España. Nuestra tradición son procedimientos tutelados por jueces y, si se diera el caso, me gustaría que me juzgara un tribunal profesional porque creo en la Justicia y en los jueces, que son quienes tienen que resolver los conflictos. No pienso que eso sea labor de los ciudadanos.

¿En el caso de los trajes se ha hecho Justicia?

Se ha hecho Justicia desde el momento que hay una sentencia y que se han garantizado todos los derechos, en lo que tuvo una participación determinante el juez Climent, quien demostró una calidad profesional excepcional.

¿Podría decir lo mismo de la actuación de Camps durante la vista oral?

Un juicio es un acto muy complicado y al acusado, que está soportando una gran presión, se le puede perdonar cierto tipo de actuaciones. Ahora bien, a los tribunales de Justicia se le debe tener el máximo respeto tanto por parte de los profesionales del Derecho como de los acusados porque un juicio es algo muy serio.

¿Considera a Camps culpable del estado de ruina en que se encuentra la Comunidad?

Aquí hay un aspecto penal y otro político. El primero está en el Código Penal y, si se considera que alguien ha actuado fuera de la ley, para eso están los tribunales. Luego está la responsabilidad política, y eso lo deciden los españoles cada cuatro años. Los ciudadanos consideraron que se tenía que renovar la confianza en quien se presentaba, que era Camps. Pero más que responsabilizar a nadie hay que mirar hacia el futuro e intentar salir de esta crisis sin que los menos favorecidos sean los que soporten la mayor carga.

¿El resultado de las urnas exime de responsabilidad al expresidente de la situación de las cuentas autonómicas?

Los ciudadanos decidieron que tenía que seguir.

Y usted, ¿qué piensa?

Con mi voto dije que los que gobernaban siguieran gobernando para solucionar esta crisis.

¿Cómo calificaría a un representante público que días antes de dimitir hipoteca decenas de millones con la Fórmula 1?

No sé cómo se produjeron los hechos pero en las circunstancias actuales no creo que mantener la Fórmula I sea lo más estético.

Aludía antes a los más desfavorecidos. ¿Qué opina de que sean excluidos de la atención primaria los inmigrantes sin papeles? ¿Eso es legal?

Bueno, legal... habrá que ver la ley y la Constitución.

Hablamos de sanidad, un derecho fundamental.

Exactamente, pero tengo entendido que, vía urgencias, no se les va a negar la atención. Lo que habría que lograr es que las personas que están en una situación irregular en España puedan regularizarla y que, una vez que lo consigan, si trabajan, coticen. Y el que no lo haga que también sea atendido. No creo que a ninguna persona que vaya con un problema a un hospital le nieguen la atención porque estaríamos hablando de un delito por una denegación de auxilio.

¿En los recortes económicos y laborales podría haber alguna vulneración de derechos?

Creo que no, la política laboral le corresponde al Gobierno y podrá estar o no equivocada pero no creo que se pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

¿Ve posible la vuelta de Camps a la primera línea de la política?

Tendrá que ser su partido el que decida si está en condiciones de ejercer algún tipo de responsabilidad.

Después de su entrevista en Telva, ¿considera que el exjefe del Consell ha perdido el sentido de la realidad?

La revista no forma parte de mis lecturas pero por lo que resumió algún periódico la verdad es que no es de las mejores entrevistas que he leído.

Preguntaba si pensaba que había perdido el sentido de la realidad.

No lo sé. Las circunstancias que ha tenido en los últimos tiempos han sido muy complicadas y por respeto a eso no voy a valorar nada.

¿Comparte al menos la opinión de quienes dicen que la absolución de Camps ha supuesto para el PP un problema más gordo que hubiera sido su condena?

Para el PP debe ser motivo de alegría que se haya declarado no culpable a una persona que ha ostentado cargos tan importantes.

¿De verdad lo piensa?

Supongo que para sus compañeros tiene que haber sido un motivo de intensa alegría.

¿Su dimisión antes de sentarse en el banquillo debería ser un ejemplo a seguir por aquellos políticos que están inmersos en procesos de corrupción, como la alcaldesa de Alicante?

La alcaldesa de Alicante no está imputada.

Porque el asunto aún no ha llegado al Tribunal Superior (TSJ).

Exactamente. Pues una vez llegue, dado que es aforada, supongo que lo valorará. Es una cuestión que corresponde al código ético de los partidos. Yo no puedo decirle a la alcaldesa de Alicante ni al PP lo que tienen que hacer, pero sí debería llegarse a un acuerdo para determinar qué hacer en estos supuestos.

El magistrado emérito del Constitucional Vicente Gimeno se lamentaba en este medio de que haya más aforamientos ahora que en la época de Franco. ¿Qué le parece a usted?

El que haya más o menos aforados tampoco tiene por qué perjudicar un procedimiento aunque yo no soy partidario de los aforamientos. Creo que todos los ciudadanos deberíamos responder ante el juez natural, como establece la ley, con la excepción de los altos cargos de la nación.

¿Y eliminar los de las autonomías?

Basándome en mi experiencia como juez de Instrucción pienso que sí. Estos magistrados hacen una labor magnífica, la están haciendo en el caso Nóos, en Emarsa, en el Malaya... son profesionales que dan garantía y seguridad al imputado. No veo qué plus puede tener que te investigue la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado un plan de austeridad planteado por uno de sus vocales.

¿Le parece coherente en la situación actual?

No hubo ningún rechazo, lo que hubo fue un plan que presentó un compañero que se negó a que, en vez de votarlo en bloque, se discutiera punto por punto. Yo me abstuve porque creo que las cosas hay que debatirlas. Pero es que también está la Ley de Transparencia del Gobierno, que va a afectar de lleno al CGPJ, por lo que por mucho plan de austeridad que debatamos, lo que tenemos que cumplir es la legalidad y ese plan de transparencia.

El vocal que lo proponía hablaba de semanas laborales de martes a jueves. ¿Así se trabaja en el CGPJ?

Yo llego el lunes y regreso a Valencia jueves o viernes, dependiendo de si tengo o no trabajo en la Comunidad. Hay que recordar que el primer acuerdo que se adoptó en el CGPJ es que había que hacer un trabajo territorializado, no sólo de despacho. A mí no me consta lo de la semana de tres días y si el vocal que lo planteó conoce algún caso, debería citarlo.

Se hablaba también de viajes en primera prácticamente a diario entre Madrid y las residencias de vocales en otras provincias.

Yo no sé si hay compañeros que residen o no en Madrid. Yo vivo allí, donde tengo un piso alquilado.

¿Qué ocurre en el CGPJ para que, pese a haber mayoría progresista, se impongan los candidatos conservadores, como es el caso Grande Marlaska?

Este Consejo está ahuyentando las idea de bloques porque han salido por votación magistrados de todas las asociaciones e incluso no afiliados, como es el caso de Grande Marlaska. Todos sabemos las circunstancias de trabajo e incluso vitales de este juez y decir que Grande Marlaska es una persona conservadora no se ajusta a la realidad porque habrá progresistas a los que les parezca conservador y conservadores que piensen que es progresista. Yo lo creo que es un gran profesional y eso fue lo que primó a la hora de su nombramiento.

¿Qué piensa de que, como ha planteado el ministro de Justicia, sean los propios jueces los que elijan a los vocales del CGPJ?

Siempre he creído que era muy importante que Congreso y Senado participaran directamente en la elección de los vocales porque reflejan de una forma muy clara la soberanía popular. Acepto el cambio siempre que sea lo más democrático posible y de que no pasemos de una decisión de partidos a una decisión cerrada de asociaciones.

¿Esto acabaría con la politización del CGPJ?

Si seguimos poniendo etiquetas a las asociaciones de si son progresistas, centristas o conservadoras repetiremos el mismo modelo.

¿Esas etiquetas no reflejan las ideologías de las asociaciones?

Hablar de ideología en la carrera judicial es un error.

¿Los magistrados no tienen ideología?

Todos tenemos ideología y cada cuatro años votamos, pero en lo que se está trabajando en el ámbito de la Justicia no tiene ideología.

¿Como qué?

Como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O que instruya el fiscal o no. O que haya tribunales de instancia o una demarcación judicial nueva. ¿Eso es progresista o conservador? Lo más polémico, que quizá sea lo de la instrucción del fiscal, lo defiende el actual ministro de Justicia y lo hizo el anterior. Por eso no son buenas las etiquetas. Durante los tres años y medio que llevo en el Consejo en muy pocas ocasiones se han puesto de manifiesto cuestiones derivadas de los partidos políticos con independencia de nuestra adscripción.

¿En que medida la función inspectora y sancionadora del CGPJ está mermada por el corporativismo?

El corporativismo existe en la judicatura al igual que en otras muchas profesiones pero, pese a ello, se está sancionando a aquellos jueces que se debe, que es el 1% frente al 99% que trabaja de una forma adecuada.

Pero el Consejo opta en estos casos por la opacidad.

Lo que no queremos es que durante el procedimiento administrativo tengan difusión porque puede acabar en sanción o no. Ahora bien, una vez concluido el expediente, si hay castigo, se le debe dar la máxima publicidad.

El CGPJ ha acordado esta semana el traslado forzoso de un juez de Valencia, Fernando Presencia, por beneficiar a quienes asistían a unos cursos que él organizaba. ¿Considera ajustada a la infracción la sanción que le obliga a trabajar a cien kilómetros durante un año?

Es lo que pedía el instructor del expediente.

¿Le parece a usted suficiente o se hubiera ajustado más a su actuación que se le apartara durante ese año de la carrera judicial?

Me parece que la sanción es la adecuada.

¿El conseller de Justicia les acusó a usted y a la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, de hacer castillos en el aire por reivindicar la Ciudad de la Justicia de Alicante en estos tiempos. ¿Los hacen?

No se puede renunciar a un proyecto tan importante aunque no sea el momento. Exigirla ahora sería no estar en la realidad pero, como concepto, me gustaría que se dijera que, en cuanto pasen unos años y salgamos de la crisis, el proyecto será prioritario.

Usted ha sido secretario autonómico y conseller de Justicia. ¿No se siente algo responsable de que Alicante siga aún sin estas instalaciones?

Una de mis frustraciones fue no poner en marcha la Ciudad de la Justicia de la Alicante cuando sí lo hice con la de Elche.

La situación económica de entonces no era la de ahora.

Por eso fue posible Elche mientras en Alicante teníamos un problema de permuta, que el Ayuntamiento cediera la parcela de Benalúa y que se valorara el edificio de la Audiencia. Se hizo lo que se pudo. Pero lo preocupante ahora es el estado de la Audiencia y el de los juzgados de Benalúa.

¿Sería partidario de devolver las competencias en Justicia al Estado central?

Soy un profundo defensor del Estado de las autonomías, que han invertido mucho en Justicia. ¿Por qué nos planteamos devolver Justicia y no Sanidad o Educación, que están suponiendo auténticos agujeros negros en las cuentas autonómicas? Porque estamos con la idea de que la Justicia es algo de segunda cuando sin ella hasta el tejido económico se resiente.

En Justicia en realidad existen tres ámbitos de actuación: el central, el autonómico y el Poder Judicial.

Pues aclaremos cuáles son las competencias de cada uno pero el estado autonómico lo que busca es acercar los servicios al ciudadano.

Con la nueva Ley de Planta, que suprime partidos judiciales, parece que va a ocurrir justo lo contrario.

Lo que se pretende es una estructura más flexible no haciendo desaparecer partidos judiciales sino agrupando. Que los asuntos no sean de los juzgados sino de los jueces y establecer servicios comunes que puedan atender grandes núcleos de población.

Alicante y San Vicente se oponen.

Vamos a escuchar a todos. Llevaremos el planteamiento de la nueva ley a todas las salas de gobierno y a todas las juntas de jueces.

¿No se corre el riesgo con el establecimiento de tasas de estar abonando el terreno de la corrupción en la Justicia, como ya ocurrió y por ello se acabaron eliminando?

El sistema actual de tasas es mucho más perfecto que el que existía y no creo que haya riesgo, pero antes de tasas o de copago deberíamos plantearnos adelgazar un sistema tan burocratizado como el que tenemos con excesivos órganos judiciales y con una estructura poco acertada que hace que se incremente el gasto. España es el país de Europa que más órganos judiciales y menos jueces tiene, luego hay que pensar una estructura que permita habilitar jueces sin tener que poner en marcha juzgados. Cada vez que se abre uno supone un gasto continuado de medio millón de euros.