20 de abril de 2012
20.04.2012

El Instituto de la Vivienda gasta 71.000 euros para que le asesoren sobre los despidos

Adjudica por 28.000 euros la defensa del ERE al despacho de Broseta, que dirige el hermano del secretario autonómico del sector público

20.04.2012 | 02:00
Bruno Broseta, secretario autonómico.

El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) ha gastado al menos 71.000 euros en consultoras externas para que le asesoren sobre cómo salvar sus cuentas mediante despidos. La última contratación, por valor de 28.000 euros, se ha realizado con el despacho de abogados Broseta por el asesoramiento sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 252 trabajadores de la actual plantilla del organismo público. Se da la circunstancia de que el IVVSA ha recurrido a esta firma cuando todavía no tiene sobre la mesa el plan de viabilidad que encargó a finales de 2011 a la consultora Prices Waterhouse por 43.000 euros. A esta última firma se le encargó un diagnóstico sobre el modelo de negocio. El objetivo era estudiar la viabilidad del organismo y plantear posibles salidas a la crisis. Sin embargo, con el encargo recién realizado, el IVVSA decidió de antemano contratar otra consultora para que le llevara el ERE.
El plan de despidos fue adjudicado a la conocida firma de abogados en tiempo récord, según consta en el expediente al que ha tenido acceso este diario. Broseta Abogados está dirigido por Manuel Broseta, a la sazón hermano del actual número dos de la Conselleria de Economía. En concreto, Bruno Broseta es secretario autonómico del sector empresarial, un cargo desde donde está pilotando el proceso de adelgazamiento de las empresas públicas.
En el IVVSA, el ERE es una realidad desde hace aproximadamente un mes. La entidad contrató con la firma Broseta Abogados "la asistencia jurídica externa" para la "preparación de un expediente de regulación de empleo" mediante un procedimiento negociado sin publicidad que se solventó de forma exprés.
De hecho, la gerente del IVVSA, Inmaculada García Pardo, solicitó a la Abogacía de la Generalitat el informe previo a la contratación el pasado 14 de marzo y tan sólo 24 horas después, con el informe jurídico favorable ya en la mano, proponía la contratación del influyente bufete de abogados. En su petición a la Abogacía de la Generalitat para obtener el informe preceptivo, García Pardo avisa de que la selección del contratista se iba realizar mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, "solicitando ofertas al menos tres empresas capacitadas. "El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa atendiendo únicamente al factor precio", añade en su escrito del 14 de marzo. El presupuesto máximo de licitación era de 47.000 euros, sin contar con el IVA.

Carecer de medios personales
El pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asesoramiento jurídico para la preparación, negociación y ejecución "de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad del instituto" recoge una breve memoria justificativa en la que el IVVSA indica que los servicios a contratar no pueden ser atendidos con los medios personales y materiales que el Instituto dispone actualmente. El pliego tiene fecha de 31 de enero de 2012, aunque no es hasta el citado 14 de marzo cuando desde el IVVSA se solicitó autorización jurídica para iniciar el procedimiento por negociado sin publicidad. El pliego toca muy de pasada las razones por las que es necesaria la "implantación de medidas laborales".

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