La bola de facturas en los cajones que el Consell ha decidido aflorar para saldar su deuda con proveedores gracias al plan de pagos puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda podría acabar aplastando a la Generalitat. La Comunidad Valenciana tiene encima la espada de Damocles de ser intervenida por el Estado si no consigue cumplir el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB regional en 2012, aproximadamente 1.500 millones. Una cifra que exige un astronómico recorte ya que cerró 2011 con 3.800 millones más de gastos que de ingresos. Nada menos que 1.850 millones de los 4.069 millones de deuda a los proveedores, según el listado enviado a Madrid, corresponde a gastos sanitarios no imputados a ningún presupuesto.

El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financieron (CPFF) del 6 de marzo que dio luz verde a los créditos ICO para que las comunidades pagaran sus deudas recoge que el gasto oculto de las facturas en los cajones "deberá aplicarse al presupuesto vigente para 2012". Esto conllevaría el descalabro de las cuentas vigentes y la imposibililidad material de lograr el objetivo de déficit, ya que al enorme ajuste habría que sumar los 1.800 millones. Fuentes del Consell consultadas por este diario, aseguraron ayer que tienen el compromiso de Madrid de que las facturas en los cajones no computarán a efectos de déficit en 2012. De este modo, la Generalitat tendría algo de margen para no acabar siendo intervenida. El ministerio está negociando con Hacienda cómo registrar el gasto oculto sin que las cuentas de la Generalitat de Alberto Fabra, que cuenta con el apoyo político de Rajoy, salten por los aires. Una de las posibilidades que se barajan es periodificar el computo de los 1.800 millones incorporando anualmente al presupuesto hasta 2023 (los créditos ICO tienen un plazo de diez años de devolución) la parte concreta de esta deuda que se abone en cada ejercicio. De hecho, esta vía ya la estaba utilizando el Consell sobre una parte muy importante de las facturas en los cajones de años anteriores.

En concreto, al cierre de 2010, 1.393 millones el gasto oculto sanitario estaba periodificado hasta 2017. Fuentes de la Conselleria de Hacienda incluso barajaban la posibilidad de que las facturas de los cajones enviadas al ministerio ahora se imputen no sólo a ejercicios futuros, sino a anteriores, ya cerrados, cuando se originó la obligación.

Lo cierto es que la propia Generalitat ha cambiado el documento informativo que en su momento colgó en su web para informar a los proveedores sobre el procedimiento de pago habilitado por el Gobierno central. El Consell difundió en marzo un documento en el que en uno de sus apartados, al detallar los requisitos que debían reunir las obligaciones pendientes de pago a los proveedores para ser incluidas en este plan, reproducía literalmente el acuerdo del CPFF. Así, señalaba que las obligaciones debían ser "vencidas, líquidas y exigibles. Si las obligaciones pendientes de pago, estuvieran pendientes de aplicar a presupuesto, deberán aplicarse al presupuesto vigente en 2012". La alusión a las facturas en los cajones contenida en la última frase ha desaparecido en el documento que está colgado ahora en la web. Sólamente se recoge la primera frase: las obligaciones deben "ser vencidas, líquidas y exigibles".

De concretarse este pacto, el conflicto está servido. Aquellas comunidades que tuvieran facturas en los cajones, pero que no han querido aflorarlas para no disparar el déficit estarían en una situación de desventaja. No tendrían el respaldo del ICO para saldar su deuda en cómodos plazos, pero tendrían que asumirla obligatoriamente. La nueva ley de estabalidad presupuestaria prohíbe taxativamente a los gestores públicos la generación de facturas en los cajones. El propio presidente Alberto Fabra expresó el pasado miércoles su convencimiento de que la valenciana es la autonomía con más deuda a proveedores porque hay algunas que no han comunicado todas las facturas pendientes.

La amenaza de que la Comunidad Valenciana sea intervenida por el Gobierno ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones -para este año contará con unos 10.000 millones de ingresos cuando el año pasado tuvo unos gastos no financieros de 14.000 millones- sobrevuela estos días ante la presión de los mercados. Algunas voces sostienen que Rajoy está sopensado intervenir una autonomía -preferiblemente del PP- como gesto ejemplarizante de cara a los mercados. Incluso que ha habido conversaciones entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y Fabra. Fuentes de Presidencia negaron rotundamente que el ministerio haya sondeado al jefe del Consell al respecto y ayer descartaron que se esté planeando el rescate. Precisan que, como el resto de autonomías, serán examinadas en otoño cuando haya datos sólidos sobre si están o no ajustándose al déficit previsto.

El conseller de Economía, Máximo Buch, fue tajante: "No hace falta que nadie nos venga a intervenir, ya vamos a hacer nosotros el trabajo", dijo a los periodistas. El titular de Economía garantizó que la Generalitat cumplirá con su objetivo de déficit, fijado en el 1,5 % del PIB autonómico, ya que está tomando "las medidas adecuadas" para ello desde el inicio de 2012.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una conversación informal con periodistas rechazó que su Ejecutivo tenga intención de intervenir a ninguna comunidad autónoma.

Inyección de emergencia

No obstante, algunas fuentes tampoco excluían ayer la posibilidad de que hubiera una intervención en el caso de que el Consell no pudiera de facto afrontar sus obligaciones. De ser así, el Ejecutivo de Fabra trataría de presentar la medida como resultado de la mala financiación de la Comunidad Valenciana que atribuye al Gobierno socialista y la inyección económica de emergencia como un apoyo del Gobierno atendiendo a estas circunstancias. Al ser una aportación extraorindaria no daría pie a que otras comunidades reclamaran el respaldo financiero.