El consejo de administración del puerto de Alicante ha dado luz verde a la concesión de la licencia para la construcción de una planta de recogida y tratamiento de residuos en las instalaciones portuarias, que ahora queda supeditada a la perceptiva "autorización ambiental integrada" de la Conselleria.
Esta autorización tiene un plazo estimado de respuesta de diez meses y, si pasado ese tiempo, la Consellería de Medio Ambiente decide rechazarla, se procederá "al rescate" de la concesión, según ha explicado hoy el presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, en declaraciones a los periodistas.
De esta manera, el consejo de administración ha rechazado "formalmente" las "más de 900 alegaciones" presentadas el pasado día 2 por los vecinos integrados en la Plataforma de Defensa del Puerto, al considerar que se trata de una actividad contaminante cerca del casco urbano.
"Hemos recogido el espíritu y una parte importante de las demandas que los vecinos nos han trasladado", ha asegurado Ripoll.
En esta línea, ha dicho que también se ha solicitado que la empresa adjudicataria instale unas "barreras ambientales" que hagan que los depósitos "de más de nueve metros de alto, no se vean".
"Esa presión vecinal nos viene muy bien para que seamos muy exigentes con los asuntos medioambientales", ha manifestado Ripoll.
Esta planta de recogida de residuos, que ocupará una parcela de 2.400 metros en la zona sur del puerto (poniente), tiene una calificación de nivel 4 de molestias y un "grado inferior" de insalubre y peligrosa.
La planta se encargará de recoger los residuos, principalmente combustible, que los buques expulsan en el mar y posteriormente separará el agua marina de los citados gasóleos, que a su vez serán reutilizados en algunas calefacciones de viviendas de Alicante.
Ripoll ha augurado un plazo de "más de un año" para la construcción y puesta en marcha de esta planta, siempre y cuando la Consellería conceda la autorización, y ha anunciado que creará alrededor de "20 puestos de trabajo".
Por otro lado, el presidente del puerto se ha referido a la descarga de graneles, que también fue objeto de protesta por parte de las asociaciones vecinales de los barrios cercanos al muelle 13 del puerto.
A este respecto, ha dicho que fue "un hecho puntual" que se produjo el pasado 5 de septiembre por motivos de "congestión" y que provocó que un buque, "no habitual", descargara carbonato sódico en una zona cercana a las viviendas.
"Ya hemos atendido a la petición del SEPRONA y le hemos exigido al buque que la próxima descarga se realice en el muelle 17, que es el que tiene las correspondientes barreras" medioambientales, que han costado "más de un millón de euros", ha manifestado Ripoll.
En medio ambiente "intentamos cumplir por encima incluso de lo que exige la propia ley", ha subrayado.
