Sin paz social no hay posibilidades de un rendimiento académico óptimo y sin una urgente fuente de ingresos no se logrará salvar el agujero económico que mantiene contra las cuerdas a la educación y la sanidad en la provincia tras los recortes del Consell.
Expertos sociólogos y economistas coinciden en subrayar que los próximos cinco meses serán claves y que el escenario futuro dependerá de la contestación ciudadana, de su concienciación sobre el Estado del Bienestar que, de otra forma, puede "adelgazar", como apunta el sociólogo de la Universidad de Alicante, Raúl Ruiz. Alfredo Masó, economista, añade que haría falta una especie de "contrato social" para concienciar a la población de que hay que aumentar los ingresos "por cualquier vía" para salir airosos del embate.
Tras dos semanas en las que el nivel de la presión social por la defensa de los servicios públicos ha ido creciendo hasta culminar con dos macro-manifestaciones del sector de la enseñanza primero, al que se sumaron este jueves el resto de los sectores públicos en Justicia y Sanidad, la prospectiva sociológica apunta hacia la posibilidad de que las protestas "se mantengan en el tiempo". De hecho, ni siquiera cumpliéndose las expectativas del Consell de hacer efectiva la inyección económica del Gobierno Central, el panorama podrá mejorar porque el decreto de recortes ha incendiado los ánimos. El sector educativo está indignado y sumamente molesto por la incidencia de la quiebra financiera de la Generalitat en aulas que ya no pueden encender la calefacción y que, a duras penas, logran esquivar medidas tan extremas como el corte del suministro eléctrico del que no pudo librarse, aunque fuera puntualmente, el Instituto Jorge Juan de Alicante durante unas horas. "Nos adeudan un cuatrimestre entero, una media de 20.000 euros por instituto, y los recibos impagados rondan entre los 10.000 y 15.000 euros", precisan directores de los centros de Secundaria. La cuenta no da lugar a dudas: aunque han recibido la cuantía de otro cuatrimestre solo les cubre las deudas contraídas con los proveedores y el ciclo de la escasez ha vuelto a empezar.
Siguen sin abonarse 8 millones de euros para el comedor de los colegios, otros tantos para Secundaria y centros concertados en gastos básicos de agua y luz de los últimos meses, el transporte escolar, el bono-libro a libreros y las AMPA, así como la totalidad de las becas de Secundaria y el bono-infantil a las guarderías.
Esta "sociedad de riesgo" en la que nos movemos genera "estrés e intranquilidad", como subraya Raúl Ruiz. Y la tranquilidad opuesta es la que demanda el sector docente, necesaria a medio y largo plazo para recuperar el incentivo vocacional que practican en su día a día laboral, como apunta la profesora Laura Oliva, experta en temas psicopedagógicos.
La frustración colectiva de los docentes les ha llevado a recuperar las asambleas en los centros y la totalidad de los sindicatos se han unido, de forma que "con medidas como el recorte salarial de los complementos de formación, sin contar con los propios profesores, será imposible resolver la situación", advierte Manuel Serrano desde el sindicato STEPV.
En pie de guerra
El panorama en Sanidad no es más halagüeño. El personal sanitario se ha puesto en pie de guerra después de que el Consell hiciera públicas las primeras medidas de ahorro. Recortes que se ceban especialmente en el nivel adquisitivo los trabajadores de la sanidad pública. "Es como si se quisieran cargar el sistema", señala un pediatra de un centro de salud de Alicante. Para este profesional "es todo un despropósito que quienes han despilfarrado el dinero no paguen por lo que han hecho y, en cambio, nos castiguen a los médicos, que batallamos a diario por sacar esto adelante".
Pero también los pacientes han empezado a sufrir los primeros recortes con los que Sanidad prevé ahorrar más de 400 millones de euros. A partir de ahora se pagará por el duplicado de tarjetas sanitarias; desaparecerá el plan de choque para las operaciones de cataratas y se cobrará a los pacientes extranjeros. Apunta, al comienzo de una larga lista de medidas tras hacerse público un documento de la Conselleria de Sanidad con 300 decisiones adoptadas para ahorrar, algunas tan polémicas como el cierre de centros de salud o el recorte de ambulancias y pruebas preoperatorias. El conseller de Sanidad, Luis Rosado, asegura que de momento no se aplicarán.
Para salir de esta, la receta no es nada sencilla. Para el economista Alfredo Masó, una de las primeras cosas que hay que hacer es "que los gobernantes introduzcan medidas propias de reducción de sueldos, de organismos, de gastos". Después es necesario un plan de recaudación de recursos "a través de tasas, aumento de impuestos...".
Para ello "habría que hacer una especie de contrato social", para que la población entendiera "que estas medidas son excepcionales para salir del agujero". En este sentido, Masó cree que los próximos 6 meses serán decisivos. "No podemos ponernos a pensar en cambiar el modelo productivo, hacen falta medidas de urgencia y después ya pensaremos en el futuro. La Comunidad necesita "buscar la forma de financiar obras como un estímulo para ir saliendo de la crisis". Los educadores coinciden en la necesidad del "incentivo económico" a empresas para despegar, pero sostienen que lo que ha costado conseguir más de treinta años no puede perderse por una política "errática". Reclaman, de entrada, la retirada del decreto porque, como también opina el sociólogo Raúl Ruiz, "se está cuestionando lo público".
