La misma mayoría absoluta que lo absolvió en las urnas lo reanimó desde el jurado. Francisco Camps Ortiz resucitó ayer para la vida civil -la herencia política en el PP y la Generalitat ya se la repartieron- gracias al voto de cinco miembros del tribunal popular que ni consideraron probado que la trama Gürtel le regalara trajes y demás prendas por 14.021 euros, ni tampoco entendieron que el expresidente ejercía "ningún tipo de influencia en materia de contrataciones".
"No hay ningún documento mercantil que acredite que Camps no pagara esos trajes", sostuvo el jurado en relación al primer punto. Ni las periciales practicadas no "confirman al 100%" las relación directa entre las prendas de Milano y Foreverer Young y los acusados, apuntó en otro momento el portavoz del tribunal. Las declaraciones de Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, o del transportista de las prendas, no permiten sostener, según el jurado, que los trajes tenían al expresidente como destinatario.
Respecto a las adjudicaciones de contratos -8 millones en concesiones a Orange Market y otras empresas de la trama desde diez conselleries y Canal 9- los integrantes del jurado cimentaron su conclusión de "no probado" en las declaraciones de los funcionarios y exaltos cargos de la Generalitat que testificaron durante la vista. Similar criterio mantuvieron respecto al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, sentado a la derecha del expresidente durante el juicio.
El veredicto favorable a Camps y Costa tumba la sentencia del Tribunal Supremo, de mayo de 2010, en la que se levantó, por cinco votos a cero, el archivo de la causa que había sido decretado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. En ese caso por dos votos a uno. El expresidente del alto tribunal valenciano y "amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa, contó, para enterrar provisionalmente el caso, con el apoyo de José Francisco Ceres. El magistrado Juan Montero emitió un voto particular en el que venía a avalar las tesis del instructor de la causa, Jose Flors, y se desmarcaba de la decisión de archivar. En esencia, De la Rúa y Ceres entendían que no hubo contraprestación a los presuntos regalos, al margen de si Orange Market, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico, del grupo Correa, regalaron trajes a los políticos valencianos.
Sin embargo, en el fallo que levantó el carpetazo a la causa, el Supremo sostuvo que la interpretación de De la Rúa se cargaba de hecho el tipo penal del cohecho impropio pasivo regulado en el artículo 426. Lo asimilaba, en la práctica, según ese fallo, al cohecho propio, al clásico (artículo 425), aquel que condena a la autoridad o funcionario por aceptar o solicitar un regalo a cambio de una actuación concreta.
Mientras que el jurado ha tardado tres días en alumbrar el veredicto, los cinco magistrados de la Sala del Supremo apenas necesitaron tres horas para dar la razón a Flors y propinar un duro varapalo a De la Rúa y a Ceres, a los que acusaron de citar mal la jurisprudencia e interpretarla al revés. Para la existencia del cohecho impropio pasivo basta, según la interpretación del Supremo, con que la autoridad o funcionario admita dádiva o regalo "que le fueren ofrecidos en consideración a su función o cargo", entendida como poder de influencia, capacidad, no ejercicio de la misma.
Una relación "comercial"
Para el Alto Tribunal, no era necesaria esa "relación causal" entre los regalos y los contratos a firmas Gürtel que exigían De la Rúa y Ceres. Bastaba con que se le hiciera un regalo a Camps, el exvicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret por ser quienes eran. De hecho, el único que salió bien parado de esa sentencia fue Ricardo Costa. El Alto Tribunal admitía que en las deliberaciones habían surgido "dudas razonables" sobre en calidad de qué le hicieron supuestamente regalos. Si como diputado de las Corts -por tanto sí sería como cargo público, subrayó el fiscal-o como número dos del PPCV.
En su veredicto, los miembros del jurado que han absuelto a Francisco Camps y a Ricardo Costa circunscriben la relación entre Francisco Correa, Pablo Crespo -número dos de la red de presunta corrupción- y Álvaro Pérez "El Bigotes" con Camps y Costa a "meramente comercial". No se concreta si en el marco del PPCV. Tampoco era necesario, en la medida en que no ven probados los regalos.
El 25 de enero de 2012, en torno a las 19,45 horas, Francisco Camps celebró haber dejado redactada y sin firma la sentencia de conformidad, la aceptación de la culpa. Se felicitó por haberle ordenado al conductor de su coche oficial de presidente dar media vuelta y huir del Palacio de Justicia. Se ahorró unos miles de euros y militar en el Registro Central de Penados y Rebeldes.
La absolución amplía el currículum del mediático abogado de Camps
El magistrado Juan Montero, Juan Climent (presidente del tribunal del jurado) y el letrado Javier Boix, que ha llevado la defensa de Camps, son viejos conocidos. Los tres coincidieron en el caso Blasco. Una película de 1991 con los mismos actores. En aquel juicio, Boix no tenía el caché de ahora -percibirá más de 100.000 euros por representar al expresidente-, pero su defendido, entonces conseller con Lerma, salió vivo gracias a que las grabaciones fueron anuladas. Boix ha estado ligado a políticos en apuros. A menudo del PP. Con el exconseller Luis Fernando Cartagena tuvo menos suerte. Lo condenaron a cuatro años de cárcel por apropiarse de dinero de las monjitas de Orihuela. Boix tiene cartel de gran penalista, pero algunos juristas lo consideran más bien experto procesalista. En la defensa del extesorero del PP Rosendo Naseiro, quien dio nombre al escándalo de presunta financiación ilegal del PP, consiguió que el Supremo anulara como pruebas las célebres cintas en las que Zaplana pedía "una comisioncita". El próximo reto de Boix es de envergadura: lograr que Carlos Fabra corra la misma suerte que Francisco Camps. f. a.
