27 de enero de 2012
27.01.2012
Juicio por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal

El juez inicia el embargo de bienes a Carlos Fabra para cubrir la fianza

El presidente del PP de Castellón tiene tres días para decir cuáles cubrirán su fianza de 4,2 millones

27.01.2012 | 16:11

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha dado tres días de plazo al ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, para que señale los bienes que le serán embargados para cubrir la fianza de 4,2 millones de euros que debe depositar por el juicio contra él por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la misma medida se aplica a la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives, imputados también en la causa, y cuyas fianzas suman un total de 3,3 millones de euros.

En el decreto, el titular del juzgado de Nules desestima la petición de Carlos Fabra y Amparo Fernández solicitando una aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo (vencía el 25 de enero) para responder a ella.

Según la resolución judicial, una vez transcurrido el plazo "sin que lo hayan verificado -el depósito de la fianza-, de conformidad con lo dispuesto en el referido auto procede el embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia".

El juez insta a los acusados a que en el plazo de tres días -a contar desde el sellado de la notificación por el procurador- "manifiesten la relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la fianza concretada en el auto de apertura de juicio oral".

Según han informado a EFE fuentes del TSJCV, el juzgado procede al embargo "provisional" de los bienes de los cuatro imputados "en previsión de que, si del juicio resulta una responsabilidad civil, ésta se puede cubrir".

Por otro lado, el juez ha decidido tomar en consideración la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de revocar el auto que sacaba de la causa provisionalmente al ex senador Miguel Prim e inculparle en el caso Naranjax por un presunto delito de tráfico de influencias.

Según el escrito, Prim, "en su condición de senador por Castellón, presionó a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios, entre ellos los de las empresas de Vicente Vilar y Montserrat Vives".

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