Sabedor, como el brillante profesional que es, de que no disponía de muchas cartas (léase facturas o tikets de compras) para jugar esta partida, el abogado defensor del exjefe del Consell, el penalista Javier Boix, ha centrado su estrategia en este largo proceso en dos piedras angulares: el desprestigio de los principales testigos de cargo de las acusaciones (poniendo especial ahínco en las contradicciones del sastre José Tomás, en las incorrecciones de los peritos de Hacienda o en las rectificaciones de Isabel Jordán, la exempleada de Correa cuyo testimonio restó una buena parte de la artillería con que contaban las acusaciones) y en la insistencia, amparada por la ley, en que, ante la menor duda sobre si habían quedado probados los hechos que se imputaban, se debía optar por la absolución.

Con la reiteración de estas dos ideas y una puesta en escena ad hoc para un jurado popular, este catedrático de Derecho Penal que comenzó su andadura en Alicante, que con su actuación en el caso Naseiro hizo que se modificara la legislación sobre las intervenciones telefónicas y que puede presumir de una carrera profesional jalonada de éxitos (entre absoluciones y nulidades) ha conseguido el 5 a 4 necesario para que su cliente sea declarado no culpable.

Cierto es que para lograrlo, Boix ha tenido que batallar duro con el representante de la acusación popular ejercida en nombre del PSPV, el también catedrático Virgilio Latorre, otro letrado que, aunque con un estilo diferente, ha sabido también ponerle a sus argumentos la garra y la pasión de la que han adolecido las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción que, quizá, no han sabido transmitir al jurado el preciso conocimiento que tenían de los hechos por los que acusaban a los desde anoche no culpables.