16 de enero de 2012
16.01.2012
COMUNITAT Educación

El gasto del Consell en barracones roza los 100 millones en 10 años

La Sindicatura de Cuentas constata que la Generalitat destinó 18,3 millones de euros en 2010 al alquiler y montaje de las aulas prefabricadas

16.01.2012 | 01:00
Tres alumnos pasan junto a las aulas prefabricadas del colegio Manjón Cervantes de Alicante.

Miles de alumnos de colegios e institutos de la Comunidad parecen condenados a terminar sus estudios entre barracones. La asfixia financiera que sufre la Generalitat y la tendencia alcista en el gasto anual en aulas prefabricadas así lo hacen prever. Ciegsa, la empresa pública que construye los centros educativos públicos en la Comunidad, ha invertido ni más ni menos que 96,9 millones de euros en este tipo de instalaciones desde que se fundó, allá por el año 2000. Desde entonces, el Ejecutivo valenciano, gobernado todo este tiempo por el PP, ha ido incrementando de manera progresiva el gasto destinado a barracones. Hasta 2010 -último año computado-, que se tocó techo. Las arcas autonómicas destinaron 18,3 millones de euros para la instalación y el alquiler de módulos prefabricados. Se trata de la cifra más elevada de la última década y pone en evidencia la precariedad que sufren día a día los colegios e institutos afectados. Muchos de ellos, por cierto, de la provincia de Alicante.

Los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas, publicados a finales de cada ejercicio, revelan que Ciegsa ha invertido en barracones 96,9 millones desde principios del siglo XXI. Se ha pasado de los 2,6 millones del primer año hasta el récord de los 18,3 millones de 2010. Los guarismos de 2011 aún no son públicos, aunque fuentes educativas sostienen que serán similares a los de 2010. Quizá algo inferiores.

Sea como fuere, todas esas cantidades han contribuido a agigantar la deuda de Ciegsa. Según la Sindicatura, al cierre de 2010 la empresa debía a las entidades financieras 2.231 millones de euros. Pese a que ese año la crisis ya apretaba con fuerza y las administraciones públicas se estaban viendo obligadas a contener sus inversiones, la Generalitat, aún gobernada por Francisco Camps y con Alejandro Font de Mora en la cartera de Educación, creyó conveniente que la firma se endeudara todavía más. El pasivo creció en 186 millones adicionales. Casi nada.

Todas estas cifras han contribuido a que, una vez más, la firma pública que construye colegios e institutos cerrara 2010 con el dudoso honor de ser la empresa del Consell que más dinero debía a bancos y cajas: 2.231 millones. Ni Radio Televisión Valenciana, ahogada por las deudas, se le acerca tan siquiera. Su agujero de 1.297 millones queda a años luz. Eso sí, su asfixia tiene nombre y apellido: Generalitat Valenciana. El Consell le adeuda nada menos que 2.327 millones de euros que tendrá que abonar mediante ampliaciones de capital hasta 2015.

Pero ahora, con Camps fuera del Consell y más pendiente de sus asuntos judiciales, el Ejecutivo ha optado por dar un golpe de timón. José Císcar, ya exconseller de Educación y hoy vicepresidente, aseguró en octubre del pasado año que la Generalitat tenía como "prioridad" la eliminación de las aulas prefabricadas. Dos meses más tarde, la Conselleria adjudicó obras por importe de 27,3 millones de euros en siete centros docentes que permitirán la eliminación de 95 barracones, un 10% del total de las que pueblan la Comunidad, según Educación.

Ese empujón tiene visos de quedarse en nada. Al menos, eso cree la oposición. La Comunidad arrastra una deuda global superior a los 22.600 millones -la más alta de España en relación al PIB-, el Ejecutivo se ha visto forzado a pergeñar dos planes de ajuste en apenas seis meses para ahorrar algo más de 1.600 millones, los impagos a los proveedores están a la orden del día, los retrasos con los farmacéuticos son una realidad, la enseñanza concertada sigue sin cobrar, el Gobierno central ha tenido que salir al rescate y adelantar fondos para hacer frente a un vencimiento de 123 millones con el Deutche Bank... El panorama es desolador. De ahí que todo apunte a que se acabaron las licitaciones. Los concursos públicos serán mínimos y se irán convocando a cuentagotas. De hecho, a día de hoy la Conselleria de Educación no tiene abierto ni un solo proceso, según los datos que ofrece la Conselleria de Hacienda.

Indignación socialista
A todo ello se suma además la incertidumbre de qué ocurrirá con Ciegsa, inmersa de lleno en el plan de reorganización del sector público empresarial. La diputada socialista en las Cortes Pilar Sarrión, responsable de los temas educativos, aseguró ayer que su grupo va a preguntar en la Cámara qué ocurrirá con Ciegsa y con su "enorme deuda". "Voy a solicitar los expedientes de adjudicación de los últimos meses y los que puedan salir en los próximos días, si es que sale alguno. Queremos saber qué va a pasar con la empresa y con sus proyectos", apostilló.
La dirigente también valoró el "enorme" gasto de la Generalitat en aulas prefabricadas. "Me parece una auténtica barbaridad que se hayan gastado casi 100 millones de euros en 10 años. Es una aberración. Supone un atentado contra el sistema educativo público", sentenció, a la vez que acusó al Ejecutivo de apostar por la enseñanza concertada.

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