Los cerca de 220 centros que forman el tejido educativo público de la Formación Profesional (FP) en la Comunidad Valenciana están barajando la posibilidad de pedir una cuota extraordinaria a sus alumnos para poder seguir funcionando en 2012.

Aunque los claustros son conscientes de que requerir dinero por una enseñanza pública es ilegal, los impagos de Educación -que debe a los institutos más de 60 millones de euros, procedentes de las partidas de dos de los tres cuatrimestres del ejercicio del año pasado- han conducido al sector a una situación límite.

De momento, la petición a los alumnos es una opción no fructificada -los claustros la meditan, pero nadie la ha aprobado-, que podría llegar a corto plazo si la Generalitat no abona alguno de los plazos pendientes. Los centros recibieron el último pago a principios de curso -en el mes de septiembre- y el dinero pertenecía al primer cuatrimestre del 2011, llegando con cinco meses de retraso. Ahora deberían abonar la segunda partida, pero la Generalitat no ha notificado nada.

Lo que sí ha ocurrido en muchos casos es que han sido los propios profesores los que han tenido que adelantar dinero por su cuenta para poder coordinar las clases prácticas. Con los centros con el agua al cuello, los sindicatos son los encargados de recopilar la mayoría de quejas. Guillermo Martí -secretario general de FETE-UGT- confirmó ayer que el posible cobro ha sido tratado en el 100% de los centros, aunque su carácter "irregular" ha frenado cualquier movimiento serio por el momento. Eso sí, reconoció tener constancia de prácticas con influencias de "economía sumergida". "Hay centros que enseñan peluquería donde los alumnos aprenden cortando el pelo a conocidos, talleres de automoción en los que se realiza la puesta a punto de coches de profesores... lo que cobran luego se reinvierte en la compra de materiales fungibles", añadió.