El Gobierno valenciano subirá los impuestos para recaudar 238 millones de euros más, con medidas como el llamado céntimo sanitario, y contendrá el gasto sanitario en 440 millones de euros con la revisión de los precios de conciertos o la aplicación de economías de escala en servicios centralizados.
Así lo recoge el decreto-ley aprobado hoy por el Gobierno valenciano para reducir el déficit público, que contempla medidas para un ahorro de 1.057 millones de euros, entre ellas la reducción de las 46 empresas públicas a 6 "holdings" o sectores de actividad, lo que permitirá ahorrar 120 millones de euros.
Las medidas, que han sido explicadas en rueda de prensa por el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, y los titulares de Economía, Enrique Verdeguer, y de Hacienda, José Manuel Vela, han sido calificadas de "excepcionales" ante la coyuntura "excepcional", que buscan más "sacrificios parciales que despidos masivos" y garantizan la calidad de los servicios sociales.
La Generalitat no contempla "ningún tipo de copago" ni reducción del personal sanitario, así como tampoco el cierre de ningún centro de salud ni hospital, y ha dado marcha atrás en la decisión anunciada ayer de reducir la jornada laboral para el personal interino y laboral temporal en el sector sanitario y el educativo.
Renegociar a la baja los contratos vinculados a los grandes acontecimientos deportivos, culturales y de ocio, reducir a la mitad el parque móvil de las Consellerias, acabar con las subvenciones a patronal y sindicatos y sustituirlas por incentivos, y vincular los sueldos de los altos cargos de la Generalitat al déficit de 2012 son otras de las medidas del decreto-ley.
Císcar ha reivindicado que con esta iniciativa la Generalitat garantiza su autonomía en la toma de decisiones que afectan a la reducción del déficit en la Comunitat y confía en poder normalizar el pago a los proveedores.
Para contener el gasto en el ámbito sanitario en 440 millones de euros -sin reducir ninguna prestación sanitaria- se quiere acabar con el "turismo sanitario", por lo que se cobrará directamente a los extranjeros que no tengan seguro privado o documenten su cobertura, lo que supondrá 10 millones de euros adicionales.
Los departamentos de salud asumirán las operaciones de cataratas y se aplicarán economías de escala en servicios como cocina o lavandería de hospitales, que se centralizarán.
Además, para ahorrar 7,5 millones de euros, se implantará un menú básico para los pacientes hospitalizados, ya que hasta ahora se ofrecían varios primeros y segundos; en el futuro se estudiará que el paciente pague la diferencia si opta por una alternativa a la dieta establecida.
También se fijan tasas por renovar la tarjeta sanitaria en caso de pérdida y a los centros privados que soliciten una acreditación; se renegociarán a la baja los concierto sanitarios como en resonancias y transportes, y se fijará un nuevo convenio con las farmacias para el pronto pago de los primeros 150.000 euros facturados, mientras que el resto diferido se negociará.
En materia de tributos, se quieren lograr ingresos de 146 millones con dos nuevos tramos en la escala autonómica del IRPF para las rentas más elevadas, con la eliminación de la deducción autonómica por vivienda habitual y con el establecimiento de un límite de 24.000 euros de renta neta para acceder a las deducciones autonómicas.
Además, se incrementa el céntimo sanitario -pero sin afectar al sector del transporte ni a los agricultores-, que pasa por ejemplo en el gasóleo A de 1'2 céntimos por litro a 3'6; el impuesto de actos jurídicos documentados pasa de 1% al 1'2%, y se fijan tributos medioambientales, aunque se sigue bonificando el impuesto de Patrimonio.
El conseller de Hacienda, Jose Manuel Vela, ha admitido que la Generalitat no era partidaria de subir impuestos, pero ha tenido que hacerlo por "solidaridad" institucional y territorial, ya que el Estado y otras autonomías lo han hecho.
También se reducirá a la mitad el coste de las delegaciones fuera de España del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), que se agruparán en las embajadas españolas; se limitarán las horas extras; habrá un "férreo" control del absentismo laboral -sin descartar implantar la huella digital o el torno- y se subastarán las herencias recibidas por la Generalitat.
