L a ejecutiva provincial del PP acordó ayer elevar a Madrid una propuesta de candidatura local para la ciudad de Alicante, una competencia que corresponde a la dirección que encabeza Joaquín Ripoll, formada por zaplanistas y sin contar con el candidato Luis Díaz Alperi. Era la respuesta de los zaplanistas a la operación de Camps para erradicar a los partidarios del ex ministro del próximo grupo parlamentario en las Cortes. El propio Ripoll no sólo admitió que Génova, que tiene la última palabra en las candidaturas de las capitales de provincia, puede acabar modificando la lista remitida ayer a Madrid sino también que «sé que algunas de las personas que figuran en ella no le van a gustar al alcalde».

La propuesta, pese a la polémica y durante la reunión de la ejecutiva más multitudinaria de los últimos años, sólo contó con la oposición formal del portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Crevillent, el campista César Augusto Asencio, que, a puerta cerrada, ya advirtió de que la candidatura será modificada en Madrid. «Creo que Alperi no estará conforme con el contenido», dijo Ripoll para a continuación, sin embargo, justificar la drástica decisión. «He invertido muchas horas en negociar con Camps, con Acebes y alguna conversación con Rajoy, para configurar candidaturas de consenso pero, al final, hemos tenido que hacer uso de los estatutos», subrayó el líder provincial del PP.

«Me hubiera gustado llevar una lista de consenso para que no se dé la circunstancia de saber de antemano que algunas de las personas que integran la candidatura no van a gustar a Díaz Alperi», aseveró antes de apuntar que «si esa lista que se pueda modificar genera mayores consensos, bienvenida sea». No hubo propuesta, pese a que los zaplanistas habían amenazado con ello, para la candidatura a las Cortes. Ripoll dejó entrever que había trasladado a Camps la necesidad de que se tuviera en cuenta la «pluralidad» del PP en Alicante aunque sin acuerdos. Por otra parte, la dirección provincial, también con la crítica de Asencio, aprobó remitir una queja formal a Madrid tras copar los zaplanistas la designación de apoderados en las juntas electorales, una figura que controla la presentación de las candidaturas y después la elección de diputados provinciales.