Ni recibió presiones para contratar a una empresa del hijo de Alperi ni su cese se trató de una represalia por no haberlo hecho. El exconcejal Pablo Suárez negó ayer ante el juez todos los aspectos de la investigación del caso Brugal que le afectan personalmente. Suárez fue edil de Servicios y Mantenimiento, aunque en 2009 se ocupaba de Seguridad Ciudadana como concejal no electo.
El sumario revela que Otto Díaz Alperi, hijo del exalcalde de Alicante, y el empresario Enrique Ortiz pretendían que desde su concejalía se les adjudicara un negocio de marquesinas publicitarias. Ante la negativa de Suárez, Alperi llegó a amenazar con pedir a la alcaldesa, Sonia Castedo, que le retirara las competencias. Finalmente, el Ayuntamiento adjudicó a otra empresa el contrato de forma provisional el 27 de abril de 2009. La destitución de Suárez se produjo dos días después.
Suárez sólo admitió haber mantenido una reunión con Otto Díaz en el que le planteó la posibilidad de instalar estas marquesinas en aparcamientos de la ciudad. "Pregunté a los técnicos y me dijeron que no era posible y así se lo comuniqué después", aseguró, sin que luego recibiera algún tipo de presión, según declaró ante el juez.
El exconcejal desvinculó su cese de la citada adjudicación. "Simplemente, la alcaldesa, cuando asumió su cargo, dejó de contar conmigo, para formar su propio equipo. Yo no entraba en sus planes", dijo.
Suárez acudía en calidad de testigo y su declaración fue la más breve de las tres celebradas ayer, apenas media hora. En un momento del interrogatorio, uno de los letrados le preguntó si era amigo personal de Luis Díaz Alperi y de Sonia Castedo. Sin embargo, la pregunta fue desestimada por el juez al considerarla improcedente porque ninguno de ellos, ambos aforados, está imputado todavía formalmente en este caso.
