Los tres exdirectivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) imputados en el marco de la investigación judicial sobre los pagos al Instituto Nóos aún no entienden por qué ellos están en esa situación y el presidente de la entidad, Iñaki Urdangarín, ni siquiera ha sido citado a declarar. Tampoco se comprende en Cacsa por qué están imputados los firmantes de los contratos por parte de la empresa autonómica y por parte de Nóos (el socio de Urdangarín), y no el tercer actor, el gerente de Turismo Valencia, José Salinas, considerado únicamente testigo en el caso, cuando el documento base, luego renovado, lleva las tres firmas.
El fiscal anticorrupción de Mallorca, Pedro Horrach, comunicó el jueves la situación de imputados a los ex directores generales de Cacsa José Manuel Aguilar y Jorge Vela y a la ex directora de Operaciones, Elisa Maldonado, después de tomarles declaración. "Están sorprendidos. No saben qué han hecho para verse en medio de este caso", indicaba ayer a INFORMACIÓN una persona de la confianza de uno de ellos.
A pesar de que la investigación por los supuestos delitos de fraude, estafa y apropiación indebida por parte de los responsables del Instituto Nóos está bajo secreto de sumario, ha trascendido que el fiscal balear desplazado a Valencia y los agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía que le acompañan perseguían en sus interrogatorios a los altos cargos de Cacsa averiguar si alguien les había indicado que tenían que contratar con la entidad del Duque de Palma por tratarse del marido de la Infanta Cristina y por qué no convocaron un concurso público para celebrar los encuentros denominados Valencia Summit, tres citas que se desarrollaron entre 2004 y 2006 por iniciativa de Nóos para explorar la rentabilidad para las ciudades de celebrar eventos deportivos de gran magnitud.
Nadie "de arriba"
En su declaración del jueves en la sala habilitada para el fiscal Horrach en la Ciudad de la Justicia de Valencia, José Manuel Aguilar confirmó que bajo su mandato en Cacsa se había firmado el primero de los contratos de Valencia Summit, en 2004. Según fuentes conocedoras del interrogatorio, el fiscal le preguntó si "alguien de arriba" le había indicado que contratara con la entidad de Urdangarín. El ex director general respondió que no le había llamado nadie para sugerirle el contrato por tratarse del yerno del Rey; que como director general tenía autonomía para firmar el documento sin pasarlo por el consejo de administración; y que objetivamente la propuesta le pareció interesante dentro de la oferta de congresos que podía albergar Cacsa.
Ni Aguilar ni los otros dos exdirectivos de Cacsa imputados trataron nunca sobre contratos o trámites con Urdangarín, a quien no vieron hasta la celebración de las Valencia Summit. Su socio Diego Torres, el único imputado del caso además de los tres de Cacsa, era quien trataba los detalles, según expusieron estos ante el fiscal.
José Manuel Aguilar, que abandonó Cacsa en 2005 y se incorporó al sector privado, dijo también al fiscal que la decisión de dividir los gastos entre la empresa de la Generalitat y Turismo Valencia le llegó ya tomada, se supone que desde el escalón político de ambas instituciones, y que en cuanto a su parte se limitó a asegurarse de canalizar los pagos a través de las empresas colaboradoras de Cacsa en asuntos como vuelos, hoteles, etc, a fin de ahorrar el máximo posible y controlar dichos pagos, todos ellos atendidos contra facturas y con Valencia Summit como objeto del gasto.
Ante la insistencia de fiscal y policías sobre por qué no se convocó un concurso público para organizar Valencia Summit, Aguilar respondió que el congreso era un producto cerrado, como pueden ser la Campus Party o la MTV Winter, sometido a derechos registrados, y la ley permite la adjudicación directa en determinados casos.
Jorge Vela, hermano del conseller de Hacienda de la Generalitat, José Manuel Vela, sustituyó a Aguilar al frente de Cacsa en 2005 y permaneció en el cargo hasta 2009. En su declaración del jueves, previa a que el fiscal le comunicara que estaba imputado, expuso que cuando llegó a la Ciudad de las Artes el contrato base estaba firmado, por lo que sólo se redactó una addenda revisando algunas cuestiones. Tampoco él señaló a nadie "de arriba" como inductor de la renovación del contrato con Nóos.
A la tercera imputada, Elisa Maldonado, la llamada del fiscal le sorprendió en Valencia, de baja de su puesto de gerente del Museo Picasso de Málaga, al que se marchó a trabajar después de ser directora de operaciones de Cacsa. Según fuentes conocedoras del interrogatorio, Maldonado explicó que, como en todos los casos, los contratos estuvieron precedidos de informes de gestión, y añadió que no fue su departamento, sino el de Asesoría Jurídica, el que redactó los textos de los congresos Summit.
Más de 4,5 millones en tres años
Según la investigación que dirige el juez de instrucción número 3 de Palma, en una pieza separada del caso Palma Arena y que atañe a la institución que presidía el yerno del Rey, Nóos percibió por la celebración de las tres ediciones de Valencia Summit 4.139.000 euros entre el canon fijo que cobraba el instituto promotor -1,04 millones por cita- y los gastos de viajes, alojamiento y organización derivados de los congresos propiamente dichos. Estos gastos fueron repartidos por igual entre Cacsa, empresa pública de la Generalitat, y Turismo Valencia, fundación impulsada por el ayuntamiento de la capital. Además, el Consell transfirió a Nóos 382.000 euros en 2006 para que preparara la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos de 2010, un proyecto frustrado.
El sello de la Asesoría Jurídica avalaba la legalidad del contrato
Todo el personal de los departamento de Actos y Eventos y Marketing y Publicidad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, más de una veintena de trabajadores, pasó el viernes por la sala habilitada para que el fiscal y los policías de la Unidad de Delitos Económicos llegados desde Mallorca les interrogaran sobre los contratos con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín. Según fuentes conocedoras del proceso, los investigadores trataban de confirmar si las cuestiones por las que se pagaron cantidades millonarias existieron en realidad, si el congreso se hizo, cuanta gente asistió, si vino Urdangarín, etc.
Entre las personas interrogadas también estuvo Mari Ángeles Mallent, responsable del departamento de Asesoría Jurídica de Cacsa cuando se firmaron los contratos y señalada como la autora material de los mismos, aunque ya no trabaja para la firma autonómica. El sello de su departamento figura en los documentos como un aval de legalidad que exigían tanto Aguilar como Vela antes de firmar contratos. m. m. v.valencia
