La entrega de un nuevo capítulo de la investigación de la pieza separada de Brugal sobre las presuntas irregularidades en la redacción del PGOU de Alicante ha sacado a la luz otro informe policial con nuevos indicios sobre las supuestas artimañas para hacer un Plan General a la carta, y en las que habría participado el bufete Salvetti Abogados, propiedad del hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y del exedil socialista Javier Gutiérrez. El informe ha revelado además cómo el exalcalde y actual diputado Luis Díaz Alperi adquirió al constructor Antonio Solana una sociedad propietaria de dos barcos, uno de ellos valorado en 610.000 euros, y pagó solo 1.502 euros por la mitad de la firma. Con esa misma empresa firmó un contrato con una de las sociedades de Gutiérrez para asesorarle en inversiones inmobiliarias y la Policía ya ha sugerido al juzgado la necesidad de profundizar la actividad de esta sociedad de Alperi, ante la sospecha de que el exalcalde pudo liderar una trama para controlar el urbanismo en Alicante.
Estrategia de defensa
No ha sido el único informe que han tenido que digerir los implicados esta semana porque también han trascendido datos que apuntan a una presumible estrategia de ataque para defenderse. El diputado del PSPV y exalcalde de Alicante, Ángel Luna, y el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, aparecen en sendos informes descubiertos por los investigadores del caso Brugal en los ordenadores intervenidos en el registro a Salvetti.
La creación de dichos documentos es posterior a octubre del pasado año, cuando comenzaron a filtrarse detalles del sumario del caso Brugal, entre ellos las supuestas dádivas de Enrique Ortiz a la alcaldesa, Sonia Castedo, y al exalcalde Luis Díaz Alperi.
Mientras que los archivos sobre Briones incluyen información sobre supuestas anomalías urbanísticas en la vivienda que el fiscal anticorrupción posee, el denominado "Informe Bob Esponja" se refiere, según afirma en un escrito el abogado defensor de Castedo y Gutiérrez, a los "intereses urbanísticos" de Luna en Alicante y fuera de la provincia y su relación laboral con las empresas de Ortiz, Hansa Urbana y el despacho de Abogados Pérez Segura tras su paso por el Ayuntamiento.
En un informe de más de 300 folios donde la Policía analiza la documentación intervenida en el bufete Salvetti, se acusa a Javier Gutiérrez y a José Luis Castedo de utilizar dos empresas para presentar y resolver ellos mismos alegaciones al PGOU valiéndose el exedil socialista de la condición de asesor externo del equipo redactor. Además de crear Salvetti junto con Castedo, el exedil socialista era el único socio de la empresa G&M, con la que firmó un contrato de asesoramiento jurídico con la sociedad Laboratorio de Proyectos, la empresa del equipo redactor del nuevo planeamiento urbanístico de Alicante. El informe policial sostiene que el 90% de los ingresos del bufete Salvetti -más de un millón de euros en dos años- correspondían a la tramitación de alegaciones que se estimaron total o parcialmente y por ello consideran que el despacho se creó presumiblemente con esa única finalidad. Tanto Javier Gutiérrez como José Luis Castedo se han defendido de las acusaciones asegurando que no tenían capacidad para resolver alegaciones y que únicamente ingresaron 20.000 euros por 14 reclamaciones al PGOU.
Reacciones de la oposición
La oposición ha salido en bloque pidiendo explicaciones y dimisiones de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, que fue sorprendida en las Cortes enviando sms sobre los nuevos informes de Brugal. El diputado socialista Francesc Signes denunció ayer que el PPCV siga con su estrategia "clientelista" al nombrar a la hija de Alperi como directora territorial de Urbanismo de la provincia de Alicante. "Lo único que conocemos de ella son las imputaciones de su padre" apuntó. Por su parte, la diputada de Esquerra Unida Esther López pidió "la dimisión inmediata" de Castedo y explicaciones a Fabra.
