El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado que su grupo registrará este miércoles en la Corts una proposición no de ley para que se debata en el parlamento valenciano la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Alicante. En este sentido, ha argumentado que los jueces "se encargan de asuntos penales pero la tramitación y aprobación del PGOU es una decisión política que le corresponde al Gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, solo tiene un responsable político, que es Alberto Frabra".
Alarte, que se ha expresado de esta manera tras la Junta de Portavoces, ha exigido a Fabra que adopte "decisiones inmediatas" en cuanto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y le ha pedido que "suspenda su tramitación".
Así, ha señalado que esta herramienta urbanística debe estar sometida a los principios de imparcialidad, objetividad y al servicio del interés general. Sin embargo, en estos momentos, "hay más que serias dudas sobre que estos principios se hayan respetado por parte del Ayuntamiento de Alicante y, más concretamente, por parte de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y del exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos", ha recordado.
Por otro lado, ha criticado la designación de Elisa Díaz --hija de Luis Díaz Alperi-- como responsable de la dirección territorial de Urbanismo y se ha preguntado si será ella la encargada de redactar el informe de aprobación del PGOU de Alicante por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante. "Piensa Fabra, con un dictamen de la hija de Díaz Alperi, aprobar el PGOU", cuando es la "hija del presunto amañador" del planeamiento, ha remarcado.
En este sentido, el pleno de las Corts Valencianes de esta semana incluirá una interpelación al Consell sobre este nombramiento, a cargo de Compromís.
Por su parte, el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, a preguntas de los medios sobre la petición del PSPV de suspender el PGOU de Alicante, ha comentado que "es una competencia que excede a los grupos parlamentarios" y se ha mostrado "convencido de que las instituciones que tienen que intervenir en esta cuestión, adoptarán las medidas que consideran correctas y que estén en el marco de sus competencias y de la ley".
