"El copago ni está ni se le espera"

No planteé el pago de ninguna tasa sino abrir un debate a nivel nacional sobre la financiación de la Justicia. El copago ni está ni se le espera. Lo que me molesta es la hipocresía.

¿Hipocresía?

Si, porque el Gobierno de Aznar estableció unas tasas para bancos y grandes empresas pero el único que ha fijado las que afectan a los ciudadanos fue el ministro Caamaño en 2009 con el depósito para recurrir, que obliga a pagar si se pierde. Nosotros no vamos por ahí porque si logramos la financiación en los términos que reclamamos es mucho lo que se podría avanzar.

¿Cómo?

Hemos planteado que el Estado transfiera las tasas y la gestión de las cuentas de las consignaciones judiciales. Si me hago cargo de la Justicia en un 80% y el Estado en un 20%, reclamo ese 80%. Son más de 25 millones al año, lo que resolvería la Justicia gratuita. En 2010 se recaudaron 18 millones a través de las tasas de las grandes empresas y 360 por depósitos y consignaciones. No es que reclame ese dinero sino los intereses de la gestión de administración de esas cuentas. A un interés de un 2% son siete millones. Sólo con eso no hay que replantearse nada más.

Aún así, ¿vería lícito cobrar a quienes hagan un uso indebido de la administración de Justicia?

Cuando un juez concluye que se ha actuado con mala fe se condena en costas, pero son las del abogado, el procurador, los peritos y cuatro cosas más. ¿Y la administración de Justicia, qué? Porque hay procedimientos que valen mil euros pero también los hay de 60.000. Y hay gente que recurre, aunque sepa de antemano que no hay nada que hacer, porque saben que con eso ganan tiempo. Eso no es admisible.

¿Le parecerán mal entonces los recursos que está planteando el exjefe del Consell en el asunto de los trajes para retrasar la vista oral?

Niego la mayor. Si está o no dilatando el procedimiento lo tendrán que decir los tribunales. Tiene derecho a utilizar los recursos que tenga a su disposición y dejemos que sea un juez quien diga si lo está haciendo bien o mal, no prejuzguemos.

Sin prejuzgar, ¿no cree usted que Camps está presentando los recursos para ganar tiempo?

Parto de la base de que nunca se actúa con esta finalidad. No voy a entrar en este caso ni en ningún asunto concreto pero no es serio que digan que se está actuando de una determinada manera cuando antes o después todo se sabrá porque los asuntos acaban con una resolución. Y, en este caso, todavía no he visto ninguna donde se diga que se ha actuado con finalidades que no sean el propio ejercicio del derecho de defensa. Sólo he escuchado manifestaciones de políticos, pero eso es prejuzgar. Es un ciudadano que está ejerciendo su derecho y debemos respetarlo. Y con más razón ahora que no tiene ninguna responsabilidad política.

Volvamos al copago. ¿Se sintió desautorizado por el presidente de la Generalitat cuando negó que se hubiera barajado esa posibilidad y tuvo usted que salir a matizar su propuesta?

No me sentí desautorizado porque mi planteamiento fue mal interpretado.

¿Cómo piensa pagar a los proveedores?

Con dificultades, pero trabajando, siendo austeros y controlando mucho el presupuesto.

La deuda con Iberdrola es considerable. Y con Correos, con Telefónica...

A Iberdrola ya le estamos pagando, hemos hecho un plan de pagos, hace un mes le abonamos 500.000 euros y también hemos hecho otro plan con Correos y con Telefónica. Todo esto en los últimos tres meses. Y estamos haciendo un control muy importante del gasto en electricidad: los contratos de mantenimiento obligan a la empresa concesionaria a rebajar el consumo un 10%. No sé si lo hará cambiando bombillas o controlando el aire acondicionado, pero es un compromiso firmado. Puede parecer una tontería pero son 400.000 euros de ahorro al año. O las videoconferencias, para las que hicimos un esfuerzo enorme, deben suponer un ahorro en taxis porque, de no ser así, algo está fallando.

¿Hay dinero para material?

Se sigue con economía de guerra pero todavía no se ha cerrado ningún juzgado por falta de papel. Aunque parezca miserable es bueno que cualquier funcionario, juez o fiscal sepa que cada folio que se tira es mucho dinero. Hablamos de 1.500.000 euros en papel de oficio al año. Y estamos viendo otros sistemas de ahorro, como que los abogados vengan con su pendrive en vez de hacer miles de fotocopias. Si tras una prueba piloto funciona, lo pondremos en marcha.

¿Le da tiempo a pensar que otra cosa que no sea cómo pagar?

Ahora es lo que toca, que esto funcione. Con los presupuestos que tenemos nos da para mantener el sistema, pero queremos más aportación para dar un salto cualitativo.

¿El pago de las nóminas está garantizado?

Sí, sin ningún problema. En esta Comunidad el 83% del presupuesto va para temas sociales.

No se olvide de los grandes eventos.

No voy a negar que es necesario estudiar el impacto económico de esos grandes eventos para mantener aquellos que son rentables y suprimir los que no lo sean. Pero no nos creamos que es en grandes eventos en lo que la Generalitat se gasta el dinero. De ese 83% que decía una buena parte es mía y aquí no se está tirando el dinero, no hay eventos ni grandes ni pequeños. Así estamos trabajando todos los compañeros del Consell y hay que ser positivos.

¿Cómo se le dice a los abogados que sean positivos cuando se les adeudan millones por la justicia gratuita?

Entiendo que nos critiquen porque cuando una persona trabaja tiene que cobrar.

¿Y cómo y cuándo piensa pagarles?

Me he comprometido a buscar una solución que, por supuesto, no pasa por la privatización.

¿Por dónde pasa?

No me parece bien hablar de ello cuando estamos en conversaciones pero adelanto que hay buena sintonía.

En tanto se alcanza la solución, ¿van a cobrar lo que se les debe?

Claro que van a cobrar, estamos reestructurando líneas de crédito y lo que teníamos que pagar el 30 de junio lo vamos a abonar ahora y lo de septiembre pues... como hemos pagado siempre: con dificultades y mal, pero lo haremos.

¿Se van a recuperar los juzgados a los que se renunció por falta de medios?

Era un gasto no razonable en ese momento y mantengo que, más que juzgados, lo que necesitamos son jueces de adscripción territorial. Ahora bien, como el ministerio no cede, no voy a tener otra salida que crear los juzgados para tener los jueces. En Alicante, antes de fin de año, vamos a abrir Denia y en el siguiente semestre, dos en Torrevieja y uno Novelda. Eso son tres millones de euros y unos 48 funcionarios. Y ahora, que diga el ministerio dónde están las 250 plazas de jueces para 2011. No han salido.

¿Y los juzgados de Salud Mental?

En estos momentos no puede ser.

¿Da por olvidada la implantación de la nueva oficina judicial?

No se ha olvidado pero hay dos experiencias piloto en Burgos y en Murcia y está habiendo muchos problemas. Aquí no nos sobra dinero para experimentos. La nueva oficina judicial es necesaria, pero conlleva un gasto, si no es otra chapuza.

¿Como la Ciudad de la Justicia de Alicante?

En la Ciudad de Justicia de Alicante se está trabajando todos los días pero no voy a dar fechas. Ahora bien, si para cuando acabe la legislatura no está en marcha, para mí sería un fracaso absoluto en mi gestión. Con eso no quiero decir que no esté complicado. El problema dar con la fórmula de colaboración público-privada para hacerla y que el déficit no compute en la administración sino en la empresa adjudicataria.

¿Está de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía de Alicante de excluir delitos de los juicios con jurado para abaratar costes?

Para algunos asuntos el jurado supone un coste desmedido y coincido en que deberían limitarse.

¿Y con el cambio planteado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da al fiscal la dirección de la investigación judicial?

Depende de qué fiscal sea. Si es como ahora, pues a lo mejor no estoy de acuerdo. Lo que hay que lograr es que la instrucción la lleve un profesional imparcial, ya sea juez o fiscal. Por eso, primero habría que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar a los fiscales de independencia en relación con sus superiores y darle también más independencia al fiscal general del Estado del Gobierno. Así su labor sería creíble.

¿Sigue pensando que la Fiscalía tiene dos varas de medir?

Ehhhhh... Yo creo que hay que mirar hacia adelante y no volver a debates del pasado.

¿Ha cambiado de opinión?

Es que no tengo ganas de provocar conflictos. Ahora estoy aquí y lo que me toca es resolverlos y ser positivo.

¿Se fía entonces de la Fiscalía?

La Fiscalía es un ente abstracto.

¿Se fía de la Fiscalía del TSJ?

No se trata de fiarse. Los temas se demuestran con actuaciones y hay asuntos con los que estás más de acuerdo que con otros, pero no voy a entrar en temas concretos.

¿El malestar provocado por sus declaraciones en las que acusaba de parcialidad a la Fiscalía está olvidado?

Por mi parte está olvidado y mi relación con mis compañeros es muy buena. De hecho, tanto el fiscal superior del TSJ como el fiscal jefe de Alicante estuvieron en mi toma de posesión. Y tampoco me parece serio que con la que está cayendo perdamos en tiempo en conflictos internos.

A usted le nombró Camps y ahora el presidente es Fabra, ¿la sintonía es la misma?

El presidente es una persona accesible, cercana...y yo además tengo la suerte, como conseller de Justicia y Bienestar Social, de que tiene una enorme sensibilidad por los temas sociales. Trabajo muy a gusto y me siento muy apoyado.

Tras el 20-N el presidente Fabra podría hacer una remodelación. ¿Le gustaría estar el nuevo ejecutivo? ¿Cómo se vende?

Yo no me vendo. He llegado al despacho y no he hecho ningún cambio porque sé que estoy de paso. Pero trabajo do pensando en cuatro años no en dos meses porque, de lo contrario, estaría pensando en mí no en el bien público.

Usted ha mantenido que un político no debe dimitir por un delito cuya pena nunca se lo impondría. ¿Hizo mal Camps al marcharse?

No voy a entrar en temas concretos ni del pasado.

Bueno, pues uno del presente. ¿En qué medida puede afectar a Camps la condena, tras declararse culpables, de dos los imputados en el asunto de los trajes?

Es un tema judicial en el que como conseller Justicia no me puedo pronunciar.

Ya que usted estaba presente, ¿qué empujó a Camps, en el último momento, a dimitir?

No sé, supongo que valoró la situación personal, la familiar, la política, el que llevaban dos años machacándole, el no querer ser un problema para el partido... y todavía se critica una decisión que ya me gustaría a mí que adoptasen muchos más políticos en este país.

¿Hizo bien marchándose?

El tiempo lo dirá, creo que hay que acabar con ese tema ya.

¿Vería bien que, en caso de condena, siguiera en el Consejo Jurídico Consultivo?

Yo digo lo que diga la ley y si dice que puede hacerlo, pues podrá seguir si él quiere.

Está también la ética.

No se... lo que Camps ha hecho es lo que se llevaba pidiendo dos años para que se normalizaran las instituciones y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. No quiero contribuir a seguir con ese tema.

La presunta financiación ilegal del PP sigue ahí, en el TSJ.

Es una realidad que ahora se habla más de proyectos que de corrupción y eso los ciudadanos lo perciben. Además, que los tribunales hagan lo que tengan que hacer pero que dejen trabajar con calma porque lo que de verdad importa a la gente son los problemas del día a día. Sólo la oposición sigue con el mismo debate de la corrupción.

¿A qué los atribuye?

A que a lo mejor no hay otro tema para ellos. Pero los ciudadanos ya han valorado hace poco lo que piensan y lo van a volver a valorar dentro de dos meses, ellos sabrán... Yo no estoy aquí para esas cosas. Admito que me pidan cuentas de la gestión y de las 35 propuestas que he llevado a las Cortes, pero para batallitas no estoy.

¿Qué medidas va a tomar su departamento para agilizar el atasco de la ley de Dependencia?

Me he comprometido al desarrollo de la ley. Se está trabajando y es mucho lo que se ha hecho. El año pasado hemos aumentado las prestaciones de 33.000 a 55.000, un 55%.

¿Pero hay dinero para abonarlas?

No sé qué responder.

Diga la verdad.

La verdad es que la financiación que establece la ley es del 50% y no se está cumpliendo por parte del Estado. La verdad es que de un presupuesto de 440 millones la Generalitat ha puesto 330. Esto supone que si el Gobierno hubiese pagado lo que debía desde que se aprobó la ley tendríamos ahora más de 400 millones, el presupuesto de un año. No quiero plantearlo como una crítica de comunidades del PP contra el Gobierno porque en Cataluña ya se ha hablado de replantear el sistema, que no es nuestro caso.

Aquí se ha hablado de moratoria.

En política sociales no vamos a bajar y no estamos yendo sólo a los 400 euros, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en residencias y centros de día, unas prestaciones que son caras. Y eso también hay que valorarlo.

¿Qué le dice a la gente que lleva esperando una respuesta desde 2007?

Los dependientes más graves y los severos en gran parte ya están valorados aunque es cierto que hay algún retraso, pero hemos empezado a pagar retroactivamente Si no queremos recortar gastos con la situaciones en la que estamos, el problema que se crea es financiero.

¿Significa eso que hay riesgo de poder pagar las prestaciones?

Se está pagando a meses vencidos, lo que no puedo decir es el día concreto. No puedo asumir ese compromiso porque a veces hay dificultades transitorias de liquidez, pero para nosotros la Dependencia, dentro de la política de pagos, es algo básico, prioritario.

¿Se puede dar un servicio de calidad cuando no hay dinero?

Abrir residencias y centros de día es atención de calidad, además de que somos la Comunidad que más empleos está creando por esta vía: más de 40.000 puestos fijos.