El Consell evitó ayer defender con firmeza a Sonia Castedo. La portavoz del Ejecutivo, Lola Johnson, no quiso arropar explícitamente a la alcaldesa de Alicante y se limitó a pedir que se respete la presunción de inocencia. "¿Usted pondría la mano en el fuego por Castedo?", se le preguntó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Su respuesta no dejó lugar a la duda: "La valoración que hace el Consell es que queremos que se siga investigando el asunto. Somos los primeros interesados en que continúe (el proceso), pero reclamaremos que se haga con las mayores garantías".
Johnson se postuló en estos términos para valorar las investigaciones que realizó el hermano de la primera edil, José Luis Castedo, al fiscal anticorrupción de Alicante con el fin de buscar irregularidades, tal y como publicó ayer este diario. "Sólo puedo decir que el Consell está a disposición de la Justicia y qué mejor prueba de ello que queremos que se siga investigando", reiteró. Ese fue su discurso cada vez que se le preguntó por la implicación de Castedo y del exalcalde Luis Díaz Alperi en el sumario del escándalo Brugal. Concretamente, en la ramificación que apunta a un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
La portavoz del Ejecutivo insistió en la necesidad de que se respete "la presunción de inocencia" y, a la vez, defendió el nombramiento de la hija de Alperi como nueva directora territorial de Urbanismo. "La Generalitat estima la profesionalidad de las personas que se nombran para el cargo y responde, como en todos los casos, a la idoneidad profesional de la persona para el cargo", justificó. En el expediente de contratación de Elisa Díaz se justifica su designación porque "reúne sobradamente los requisitos".
El que también valoró la situación de Castedo fue el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Aunque eso sí, de manera sucinta. " No está imputada", se limitó a apuntar sobre el futuro de la alcaldesa. González Pons no quiso analizar los informes policiales de Brugal en los que aparece la primera edil, alegando que "son informaciones que de momento sólo conocemos por los medios de comunicación".
La que tampoco profundizó en exceso en el asunto fue la propia Castedo. La alcaldesa sí atendió las preguntas de los medios durante la inauguración del curso académico en la Universidad, pero también fue breve en sus respuestas. "No ha habido ni un solo grupo municipal socialista que no haya pedido mi dimisión", subrayó al ser cuestionada sobre la reivindicación de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Elena Martín, para que abandone ya la Alcaldía.
Críticas de la oposición
La también número tres del PSPV apuntó que la Justicia "sigue su curso y hay que se respetuosos", pero defendió que las "responsabilidades políticas se tienen que asumir y cuando uno no da explicaciones a la ciudadanía, lo que tiene que hacer, por dignidad, es irse". Martín también reclamó que "se paralice el PGOU y se suspenda en la Conselleria de Urbanismo, que se devuelva a la ciudad y que vuelva a tramitarse con luz y taquígrafos".
El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, también pidió la dimisión de Castedo, Alperi y de su hija Elisa. Además, avanzó que en el pleno del próximo miércoles se debatirá una moción de su grupo en la que se pide la constitución de una comisión municipal de investigación.
Ya en ámbito autonómico, la diputada de Compromís Mònica Oltra también exigió la paralización del Plan General. "No ha sido un plan elaborado en función de los intereses de los vecinos, que ven como en estos planes especuladores y avariciosos no se tutela el interés general", dijo.
La PIC ve "insólito" que se investigue a Briones
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) consideró ayer "insólito" que el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones -quien ha dirigido las pesquisas del caso Brugal- haya sido investigado por dos abogados que, según un informe policial, pudieron cometer ilegalidades en el PGOU. "Es insólito que el investigador sea investigado por los implicados", subrayaron desde la PIC, en referencia al hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. "Nos llena de estupor y de inseguridad estas prácticas de dudosa legalidad, cuando no cercanas a métodos de chantaje, extorsión o propios de tramas mafiosas", agregaron desde la plataforma, al tiempo que exigieron explicaciones públicas a la alcaldesa. E. PRESS
