La Federación Provincial de Comunidades de Regantes reclamó ayer al Consell que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aprobación por el Gobierno de la modificación de la Ley de Aguas, que cede a Andalucía, Aragón y Cataluña competencias para regular sus ríos. Los agricultores alicantinos advierten de que el paso adelante dado por el Ejecutivo certifica, definitivamente, cualquier posibilidad de recuperar el trasvase del Ebro, y supone una seria amenaza para el futuro del envío de caudales del Tajo e, incluso, del Júcar.
Dos ríos que, según denunció ayer Ángel Urbina, portavoz de los regantes, "quedarán en manos del Gobierno de Castilla-La Mancha, que lleva años tratando de reducir los aportes del Tajo. Lo normal es que De Cospedal exija ya las mismas competencias reguladas ahora por ley y si no lo ha hecho todavía será por las elecciones".
La polémica se reabre por el hecho de que el Ejecutivo ha legalizado lo que el TC tumbó en mayo, cuando negó que estas autonomías tuvieran competencias sobre el agua -informes sobre caudales, por ejemplo- al rechazar que lo hubieran metido en los estatutos. El artículo 159 de la Constitución deja claro que las competencias sobre el agua corresponden al Estado y, por ende, a las confederaciones hidrográficas, que ahora se encuentran contra la pared. "Y es vergonzoso que el PSOE votara a favor y el PP se abstuviera", aseveró Urbina.
