20 de noviembre de 2011
20.11.2011

El bufete anuncia medidas judiciales por las "acusaciones falsas" de la Policía

Gutiérrez dice que los investigadores desconocen cómo se tramita un plan porque un asesor externo no contesta alegaciones

20.09.2011 | 02:00

El abogado Javier Gutiérrez volvió ayer a defender la legalidad del trabajo realizado en Salvetti con las alegaciones al PGOU de Alicante y anunció a este diario que está estudiando emprender en breve plazo "medidas judiciales en el ámbito criminal por las falsas acusaciones que se realizan en el informe policial" dado a conocer ayer a las partes personadas en las diligencias abiertas en el juzgado de Instrucción número 5.
Gutiérrez, en nombre de la sociedad a la que también pertenece José Luis Castedo, muestra su malestar por el nuevo informe policial y considera que "es fácilmente desmontable". En su opinión, el contenido del informe es "fruto de la ignorancia" e indica que un asesor externo nunca contesta a una alegación como plantea la Policía en los más de 300 folios entregados en el juzgado, sino que el despacho lo remite al equipo redactor del PGOU y éste lo lleva a una comisión. Frente a las afirmaciones de la Policía de que las alegaciones de Salvetti fueron estimadas total o parcialmente, Gutiérrez manifiesta que el 40 por ciento fueron desestimadas. El abogado asegura igualmente que ninguna de las alegaciones fue estimada en su totalidad.
En cuanto al acuerdo suscrito con una sociedad administrada por el exalcalde de Alicante, Gutiérrez señala que se trataba de un convenio para la venta de unos bienes inmuebles y asegura desconocer la compra de dos yates y las transmisiones de acciones realizadas por el exprimer edil.
El abogado indica que el informe "no nos preocupa jurídicamente porque es fácilmente desmontable" y asevera que han detectado en él "errores de bulto importantes". En primer lugar, señala "la interpretación que hace la Policía Judicial de que buena parte del trabajo que desarrolla el bufete, cuando no todo, se vincula al Plan Genera de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, dejando entrever e interpretando que los trabajos que realizamos y facturamos a muchos de nuestros clientes se corresponden en realidad con el planeamiento urbanístico de la capital".
Por contra, Gutiérrez expone varios ejemplos de trabajos que se llevan a cabo desde el despacho y que tienen que ver con otros municipios. "Estamos llevando el Programa de Actuación Integrada 'El Replà' de Parcent, en la Marina Alta, que ahora mismo está pendiente de un procedimiento de responsabilidad patrimonial presentado contra el ayuntamiento de ese municipio", explica al tiempo que apunta que "también estamos trabajando en el PAI 'El Arquet' de Finestrat, en la Marina Baixa". Además, "este despacho suscribe dos contenciosos-administrativos contra el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, en la Vega Baja, en relación al sector SUS-A" y también "lleva frente a la Generalitat un expediente para conseguir la licencia medioambiental que permita iniciar Puertoamor, que nada tiene que ver con el PGOU dado que los promotores tienen a su favor varias sentencias del Tribunal Supremo que amparan el proyecto y los trabajos".
En definitiva, el abogado sostiene que "erróneamente y no sabemos bien con qué intención, la Policía Judicial vincula prácticamente todos los trabajos de Salvetti con el PGOU de Alicante, como si se tratara de nuestro único y exclusivo trabajo, cuando en realidad nuestra cartera de clientes es amplia y en su gran mayoría nada tienen que ver con Alicante ni su término municipal". Al respecto, Gutiérrez insiste en que dispone de "suficiente prueba documental" sobre la realización de "todos estos trabajos que relaciono".
El abogado asevera estar "sorprendido" por el hecho de que "determinadas igualas anuales de pago mensual por asesoramiento legal se suman en el informe policial para intentar justificar el pago de alegaciones al planeamiento urbanístico que nunca se han producido". Además, asegura que "nos imputan el cobro de cantidades que nunca hemos recibido". Por último, indica que "como abogados nos extraña muchísimo que estemos ante un informe plagado de conjeturas e interpretaciones subjetivas cuando la policía, por ley, debe basar su trabajo en hechos objetivos".

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