El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha admitido la solicitud de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de incorporar al contencioso abierto sobre por el Plan Rabasa todas las escuchas vinculadas a este macroproyecto urbanístico que aparecen en el procedimiento penal que indaga presuntas irregularidades en el Plan General de Alicante (PGOU). El tribunal ha aceptado, en plena investigación sobre supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante, que las escuchas sobre Rabasa que aparecen en la causa que instruye el juez Manrique Tejada sean aportadas al procedimiento en el que se busca dilucidar si el plan Rabasa, promovido por Enrique Ortiz, puede tramitarse al margen del PGOU.
La PIC solicitó que las escuchas sobre el macroproyecto urbanístico de Ortiz fueran incorporadas al Contencioso. Según la respuesta del TSJ a la Plataforma, se admite como prueba documental toda la información referida al Plan Rabasa contenida en las diligencias abiertas por un presunto amaño en el PGOU y, en concreto, la transcripción de las cintas en su parte referida al macroplan urbanístico.
Las partes que recurrieron ante el TSJ la aprobación del Plan Rabasa por haberse tramitado al margen del PGOU -pese a que incluye más de 13.000 viviendas- ven en las escuchas derivadas de Brugal una prueba de la irregularidad del proyecto. El plan Rabasa fue suspendido cautelarmente por el TSJ, pero el tribunal volvió a darle luz verde, sin habber entrado aún en el fondo del asunto, al entender que se habían subsanado problemas como la falta de recursos hídricos.
Izquierda Unida (IU) corroboró ayer que esta formación ya ha remitido a la sala del TSJ que tiene que resolver este contencioso todos los folios relativos al plan Rabasa que obran en el juzgado de Instucción número 5 de Alicante en el marco del procedimiento penal abierto por el presunto amaño del PGOU y en el que está imputado, entre otros, el empresario Ortiz e implicados el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora de la ciudad, Sonia Castedo.
Según fuentes judiciales, IU ha enviado a la sala de lo Contencioso del TSJ en torno a un centenar de folios que transcriben los pinchazos del Brugal relativos a Rabasa y que están en la misma causa del PGOU. Con esta remisión de conversaciones telefónicas IU pretende reforzar su impugnación contra el plan de Ortiz. La formación basa el recurso en la existencia de un ánimo de lucro por parte del empresario en relación a este plan y no en una intención de satisfacer el interés público con un plan urbanístico, polémico donde los haya, que fue tramitado por el Ayuntamiento al margen del Plan General de la ciudad.
La situación es compleja, ya que la rama de Brugal que indaga el PGOU no incluye una investigación expresa sobre Rabasa precisamente porque no forma parte del plan general. En el marco del Brugal un juez de Orihuela pidió que el plan Rabasa se investigara en los juzgados de Alicante, a donde se remitió la pieza y se archivó.
Urbanismo recurre la anulación de los cambios de personal
El Ayuntamiento de Alicante ha recurrido ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la reorganización de personal realizada por la alcaldesa, Sonia Castedo, a finales de 2008 en Urbanismo, coincidiendo con los trámites iniciales del Plan General de Ordenación Urbana que ahora se investiga. La concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, afirmó que han recurrido el fallo que, según incidió, "se refiere a un defecto de forma y no de fondo, por lo que es subsanable". Como ya informó este diario, la sentencia anula la Relación de Puestos de Trabajo porque no se negoció, pero no tiene efectos retroactivos. S. ESCRIBANO
