La falta de vigilancia y el incumplimiento por parte del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent de las medidas de seguridad en el traslado de presos han sido las claves en las que se ha basado la titular del juzgado de lo Penal 4 de Alicante para condenar al centro psiquiátrico a indemnizar a una enfermera que fue agredida por un preso calificado como peligroso.

La juez ha fallado en una sentencia notificada a las partes hace tres días, que aún no es firme, que Instituciones Penitenciarias deberá abonar a la trabajadora en concepto de responsabilidad civil subsidiaria la suma de 28.179 euros por los días de trabajo y guardias que perdió por estar de baja, así como por el estrés postraumático derivado de los hechos, ya que considera que fue la falta de vigilancia ejercida ese día sobre el interno lo que provocó que éste pudiera acceder a una zona restringida donde agredió a la mujer. Fue la acusación particular, ejercida por el letrado Bernardo del Rosal, quien reclamó durante la fase de investigación de este caso que constara en las diligencias que detrás de la agresión había una presunta irresponsabilidad del centro, que no contó ese día con las medidas de vigilancia adecuadas para el traslado de presos tipo Cies-1, calificación que se da a los internos más peligrosos.

Escondido en la escalera

Según los hechos probados, la trabajadora se encontraba en el despacho de la enfermería aquella tarde de enero de 2008, una área donde el acceso está acotado y a la que no pueden llegar los presos que no vayan custodiados. El interno, "tras haber estado en consulta médica y sin que se adoptaran medidas de seguridad respecto del mismo", según consta en el fallo, se dirigió al despacho en el que estaba la ATS y le pidió un valium, que le fue denegado. En ese momento el preso salió y se escondió en la escalera, y cuando más tarde la mujer abandonó la enfermería éste se le abalanzó y la tiró al suelo, la cogió del cuello con ambas manos, le tapó la boca durante varios minutos y le pidió "toda la Metadona que tuviera en la farmacia". La enfermera transigió y mientras se dirigía a la zona de supervisión apareció un educador, que consiguió que el interno la soltara. El funcionario retuvo al acusado. Como consecuencia de los hechos, la trabajadora sufrió lesiones en la región cervical y rodilla, así como otras secuelas, entre ellas, estrés postraumático. En cuanto al preso, la juez le ha condenado a once meses de prisión por por un delito de atentado y a cinco meses por otro de lesiones. Al acreditarse en el acusado un trastorno mental la magistrada impone a su vez un seguimiento en centro psiquiátrico penitenciario por un máximo de 16 meses.

Para dictar el fallo, la juez se ha basado no solo en el testimonio de la víctima, sino también en los funcionarios que testificaron el día del juicio, quienes reconocieron que los presos no pueden acceder al área en la que ella estaba. Especialmente relevante resultó en la vista oral la declaración el ex director del psiquiátrico.

Alerta máxima en la Audiencia por un juicio con presidiarios

La Audiencia Provincial ha acordado por motivos de seguridad que se celebre a puerta cerrada el juicio por un homicidio ocurrido en la prisión Fontcalent hace dos años. Un jurado popular enjuiciará desde hoy a dos reclusos que mataron a otro a golpes y con una cuchilla en el módulo destinado a presos peligrosos. Los magistrados ya pidieron a la Comisaría una presencia extraordinaria de policías para evitar incidentes durante el juicio. Sin embargo, se ha dado una vuelta de tuerca más al acordar que la vista sea a puerta cerrada y sin público. El día más conflictivo será el lunes donde está la declaración de otros presos, testigos de los hechos. Además, uno de los acusados mató a otro recluso hace poco más de un mes en la prisión de Cádiz a la que había sido destinado tras este crimen por el que ahora se le juzga. Fuentes judiciales señalaron que este acusado se ha mostrado desafiante durante todos los interrogatorios y temen que pueda aprovechar la vista para organizar algún altercado. Los dos acusados se enfrentan a penas que suman 29 años de prisión por los delitos de homicidio y atentado. J. A. M.